La magistrada pamplonesa Esther Erice reclama más perspectiva de género en los juzgados navarros para prevenir la violencia vicaria

La magistrada pamplonesa Esther Erice Martínez, recién nombrada vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y presidenta del Observatorio contra la violencia doméstica y de género de España, participó este jueves en Civican en las jornadas sobre Violencias Invisibles, con una ponencia sobre La violencia vicaria en el ámbito judicial.

Erice deslizó en su conferencia la idea de que una mayor perspectiva de género en los juzgados, no solo en los que se encargan del enjuiciamiento de un agresor machista, sino también en los que instruyen el delito o en los que se encargan de resolver las medidas civiles y económicas de un matrimonio que se está divorciando, puede resultar la mejor prevención posible para anticiparse a una situación de violencia vicaria, donde el agresor busca a través de hijos/as hacer daño a la madre.

“Se trata de una violencia consciente, no cabe que se meta de manera imprudente, en la que hay un ánimo previo de causar dolor extremo a su pareja o expareja. En las separaciones y divorcios se dan situaciones de gran riesgo de violencia, son factores que tienen una influencia clara por lo que tiene que haber una tutela y que se proteja a esos menores. El sistema debe estar interconectado, por eso los juzgados civiles deben conocer si ha habido alguna situación de violencia de género en esa parejas. De esta manera pueden adoptar medidas, como la suspensión de la patria potestad o del régimen de visitas, por lo que eso supone un avance, pero se debe pedir por parte de las propias madres. Y entonces se decidirá según el interés superior del menor”. A raíz de esta última afirmación, Erice cuestionó sobre la importancia de ese concepto y las dificultades de su interpretación “¿Cuál es ese interés superior?”, se preguntó. “Aquí hay que tener cuidado, que la inercia tradicional o las ideas preconcebidas no nos traicionen. Un padre no siempre es bueno, será bueno si ejerce bien su rol de padre, si no supone un riesgo. Igual que una madre será buena en el mismo caso”.

La magistrada ejemplificó las deficiencias del sistema con el caso de Ángela González Carreño, una madre víctima de violencia vicaria en el año 2003, cuando su exmarido asesinó a la hija de ambos, de 7 años, y él se suicidó. La menor fue asesinada por su padre en una de las visitas sin supervisión concedidas al agresor. El Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) condenó al sistema penal español al pago de una indemnización. ¿Por qué no condenó al juez que llevaba las medidas civiles de aquel caso? “Porque el juzgado no tenía los mecanismos suficientes para ver la gravedad del caso. Se trataba de un juzgado mixto, que llevaba tanto asuntos civiles y penales, sin un equipo de valoración de riesgo adscrito al juzgado y que estaba infradotado de medios. Una cosa es que la ley prevea una serie de recursos para los juzgados y otra cosa son los servicios reales que existen. Los márgenes de riesgo son evidentes”.

La violencia económica

El relevo a la ponencia de Erice lo tomó la abogada Maribel Martínez, coordinadora durante años del Servicio de Atención a la Mujer del Colegio de Abogados de Pamplona y que ahora atiende el centro integral de violencia sexual. con una exposición sobre la violencia económica. “Es otra forma de maltrato invisibilizada en los juzgados y en la sociedad. Es otra forma de violencia de género, aunque no venga escrita en la ley. Se basa en el control del acceso al dinero lo que le obliga a depender financieramente de su agresor y dificulta su ruptura. Es un factor de riesgo para mantenerse en el círculo de la violencia. Son delitos que por sí solos no existen, por eso necesitamos perspectiva de género para que sean punibles. Aumenta el riesgo de revictimización.