Los sindicatos con representación en la Mesa General de Función Pública, LAB, AFAPNA, CCOO, ELA y UGT, han convocado una huelga para toda la Administración Pública el miércoles 9 de abril ante la falta de avance en las negociaciones de las condiciones laborales en beneficio de 30.000 empleados y empleadas.
Las cinco centrales, que se unen por primera vez para un paro, han exigido una “negociación real en la mesa legítimamente establecida para ello”. Han desplegado diez puntos en los que quieren fijar ese diálogo: el primero de ellos, un nuevo estatuto para empleados y empleadas del sector público.
Convocatoria
Han anunciado esta movilización en una rueda de prensa celebrada en la mañana de este lunes en la sala multiusos del estadio Larrabide, en Pamplona. Isabel Artieda (LAB), Yolanda Erro (AFAPNA), Unai Álava (CCOO), Izai Bujanda (ELA) y Jesús Elizalde (UGT) han comparecido para visibilizar "la dejadez del Gobierno en su responsabilidad de negociar con la representación sindical, en concreto ante el bloqueo del nuevo estatuto del personal público".
Isabel Artieda, en castellano, y Unai Álava, en euskera, han expuesto las reivindicaciones de la parte social. Han recordado que entre febrero y octubre del año pasado hubo reuniones sobre el estatuto, y que desde entonces han intentado juntarse con Función Pública para avanzar, pero sin respuesta.
Ante la postura adoptada por la Dirección General de Función Pública y por la consejería del ramo, encabezada por Amparo López, los sindicatos han decidido fijar un día de paro en todas las entes de la Administración dependientes del Gobierno. Además, han señalado que todavía deben evaluar si puede ser extensiva la huelga a los ayuntamientos, ya que aquí se tendría que hacer una convocatoria por separado en cada uno de ellos.
El decálogo
Los cinco sindicatos solicitan a la Administración negociar un nuevo estatuto; una carrera profesional para todo el personal con criterios objetivos, que incentive y retribuya la formación y dedicación, que revierte en una mejora de los servicios, y que corrija las desigualdades en los distintos ámbitos; estabilidad en el empleo y reducción de la temporalidad por debajo del 8%.
Además, exigen acabar con la política de privatizaciones en el sector público y revertir lo privatizado; frenar la creación de la entidad público empresarial de Osasunbidea en el anteproyecto de ley foral de salud y eliminar los agravios entre los profesionales del sector; incrementar la plantilla para un adecuado dimensionamiento conforme a la realidad; mejoras para la conciliación de la vida familiar y laboral; y mejoras del personal laboral a través de la actualización del convenio.
Sus dos últimas peticiones hacen referencia al salario: implementar medidas para avanzar en la recuperación del poder adquisitivo y aumentos según el IPC de Navarra.
Un mes para preparar
Durante estas cuatro semanas, las cinco centrales van a organizar actos para el mismo día de la huelga, consistentes en una movilización por la mañana con diferentes columnas que coincidan en la avenida Carlos III enfrente del Palacio de Navarra; y por la tarde, una manifestación en defensa de sus derechos laborales y por unos servicios públicos de calidad. Antes de ese día, los representantes sindicales de la Mesa General escenificarán el registro de la huelga y también llevarán a cabo una concentración para calentar motores.
Hace dos años
Una convocatoria semejante se produjo el 15 de febrero de 2023, aunque aquella vez a diferencia de esta se unieron todos los sindicatos de la Mesa General, excepto AFAPNA, y con el apoyo de Steilas. Hace dos años, defendieron los servicios públicos, con unas condiciones laborales dignas; exigían al Gobierno que negociara en las mesas sectoriales y en la Mesa General y rechazaban que solo hablara con el Sindicato Médico. 24 meses después, las propuestas de entonces siguen vigentes.
Contra la negociación en Hacienda
En esta ocasión, LAB, AFAPNA, CCOO, ELA y UGT han incidido en la legitimidad de la Mesa General para negociar en nombre de la plantilla.
La defensa férrea de este ámbito se ha hecho tras las negociaciones que el departamento de José Luis Arasti está manteniendo con la Asociación de Inspectores de Hacienda de Navarra -que iniciaron una huelga indefinida en febrero, y que luego fue suspendida después de retomar el diálogo con el departamento-.
"No estamos de acuerdo que se realicen negociaciones en despachos, sin ningún tipo de control, y que dejen de lado a la Mesa General y a las sectoriales, todas ellas elegidas por el personal público", han concluido.
