La violencia de género económica comprende los actos de control y seguimiento de la conducta de una persona en lo que se refiere al uso del dinero y la constante amenaza de la denegación de recursos económicos, que, por lo general, se manifiesta a través de la restricción del acceso a los recursos financieros, a la educación o al mercado de trabajo, o por medio del incumplimiento de las responsabilidades económicas, como, por ejemplo, la pensión alimenticia. Se trata del tercer tipo de violencia más frecuente —tan solo por detrás de la física y psicológica— que afecta al 11,5% de las mujeres mayores de 16 años, y que se evidencia, sobre todo, a través del impago deliberado de la pensión de manutención de los hijos tras un proceso de separación o divorcio, de manera que "la mujer, que usualmente tiene la custodia, se siente ahogada económicamente. Y eso es una forma de ejercer violencia sin que haya necesidad de que exista contacto físico", apuntó esta mañana Ixaxi Pérez, jurista especializada que presentó esta mañana en el Parlamento de Navarra el informe Análisis sobre la realidad del impago deliberado de la pensión de alimentos junto con representantes de la Coordinadora de Organizaciones de Mujeres y/o Feministas por la Igualdad de Navarra (COMFIN).
La nulidad matrimonial, la separación y el divorcio no eximen a los padres y madres de su obligación de alimentos. Por eso, en lo que respecta a su contribución, que se determina en Convenio Regulador o es el juez o jueza quien lo determina en sentencia, se concreta en el pago de una pensión en favor de hijos e hijas que administra el cónyuge que tiene la guarda y custodia. Por lo general, son las mujeres quienes se encargan de estos cuidados y, "como se trata de un estereotipo o rol de género", no se reconoce esta labor "y se deja fuera la necesidad esencial de los alimentos y el aporte de la capacidad económica de la parte cuidadora, de la madre", indicó Pérez. En ese sentido, en Navarra, el 94,95% de las familias monoparentales están encabezadas por mujeres y, tras los divorcios y separaciones, el 61% de las pensiones alimenticias están atribuidas al padre y el 34% a ambos progenitores por igual.
La jurista señaló que, de acuerdo con los datos ofrecidos por el INE, se ha producido una reducción en el número de hombres condenados por un delito de abandono de familia (frente a los 5.713 inculpados en 2013, en el año 2023 la cifra se redujo a 3.507 casos. Con todo, el 91,07% de los hombres siguen cometiendo este delito). Sin embargo, esto se relaciona con el incremento de manutenciones en las que colaboran padre y madre. De hecho, con todo, los datos de ECOVIO revelan que, en los casos en los que no ha habido violencia de género, en un 41% de las situaciones, las mujeres no perciben la manutención de hijas e hijos o se produce un retraso. Y, "cuando hay violencia de género, en el 70% de las ocasiones no se produce esta prestación", aseguró. A pesar de esto, las mujeres no acuden al sistema judicial para pedir protección (el 48% de las mujeres que no han sufrido violencia de género acuden a la justicia y, en el caso de que haya habido manifestación de violencia de género, el 70%). "El estudio del Ministerio de Igualdad demostraba que no se denuncia porque no sienten que exista una respuesta institucional que atienda a su situación ni una reparación material del daño causado o delito sufrido. Estamos hablando de una problemática estructural y social. Las administraciones y el Estado tienen que reconocer que existe la violencia de género económica", mencionó.
FOGAPA como herramienta de protección
Desde COMFIN se consideró que una posible propuesta de mejora desde una perspectiva de género es potenciar el acceso al Fondo de Garantía de Anticipos para el Impago de Pensiones (FOGAPA), que, a pesar de que se trate de una competencia estatal, puede ser también una herramienta de protección frente a la violencia económica para los niños y niñas en Navarra. "Es un fondo que se creó en 2004, pero no se contemplaba para proteger a las mujeres de la violencia económica y que, por tanto, fuera el Estado quien garantizara el pago de alimentos reconocidos como impagados". A través de un análisis realizado por Pérez, se percató de que a FOGAPA solo pueden acceder los sujetos menores de 18 años y mayores de edad con una discapacidad mayor del 65%. "¿Dónde quedan los mayores que siguen siendo dependientes? No están, por lo que consideramos que, como mínimo, tendrían que contemplarse los 25 años, como en las pensiones de orfandad", dijo.
Por otro lado, también alertó de que la actual Renta Garantizada en Navarra (de mayor cuantía al IPREM) es "incompatible con cualquier otra ayuda de la misma naturaleza; de hecho, solo 235 niños navarros han podido acceder a estos fondos. Creemos que a la Comunidad Foral le urge una línea de ayudas o unas prestaciones o un complemento al impago de prestaciones económicas para que las mujeres puedan obtener este complemento", sostuvo. Asimismo, se preguntó sobre la posibilidad de establecer un aval al cumplimiento de los acuerdos de pensión de manutención, como lo tienen las hipotecas antes de firmarlas. También intervino la presidenta de COMFIN, Yolanda Rodríguez, quien valoró la reciente inclusión de la violencia económica como violencia de género en el Pacto de Estado contra la Violencia Machista firmado hace un mes, aunque ahora deberá regularse de alguna manera esta consideración.
