Denuncian que la UPNA “discrimina” al profesorado asociado y sustituto

Quince días antes se firmó el II. Convenio Colectivo del personal docente e investigador laboral de la UPNA, suscrito por APDIC, CCOO, UGT y CSIF. ELA y LAB decidieron no firmarlo. Este convenio, lejos de dignificar las condiciones laborales del profesorado asociado y sustituto, “posterga las mejoras retributivas y mantiene las discriminaciones”. Mientras que la propuesta inicial del comité contemplaba un incremento del 50% del salario y el reconocimiento de tiempo de trabajo para la preparación de clases y corrección de exámenes, el acuerdo “propone un complemento económico que no llega al 10% y que se aplicará de forma escalonada hasta 2028”.

En términos concretos: un asociado que imparte 4 horas de clase semanales recibe hoy un salario bruto anual de 7.144,9 €. Con el nuevo convenio, esta cifra ascenderá a 7.822,95 € en 2028. Esto supone un 20% de la retribución de un profesor permanente laboral, pese a que la carga docente puede ser equiparable. Y es que aunque el profesorado asociado y sustituto “sostiene casi el 60% de la docencia en la UPNA”, su contribución “sigue sin ser reconocida en términos de equidad, ni de compensación real por las tareas que realiza”.

Vulnera la idea de igual trabajo, igual salario

Esta situación "vulnera" el principio fundamental de cualquier sistema justo: “igual trabajo, igual salario”. Si dos docentes imparten la misma carga lectiva, el hecho de que uno tenga un empleo fuera de la universidad y el otro no, no justifica una diferencia tan abismal en sus condiciones laborales.

A ello se suma la comparativa con otras universidades del entorno. Actualmente, un profesor asociado de 4 horas semanales percibe los siguientes salarios brutos anuales: 7.144,90 € en la UPNA, 7.811,52 € en la Universidad del País Vasco (UPV/EHU), 8.354,64 € en la Universidad de La Rioja o 7.732,62 € en la Universidad de Zaragoza. Por tanto, aun con las subidas proyectadas para 2028, la UPNA "no alcanzará en muchos casos los niveles actuales de estas universidades." Y todo ello en un contexto económico regional marcado por el elevado coste de vida que reduce aún más el atractivo de las condiciones ofrecidas.

El convenio "tampoco contempla el reconocimiento de igualdad en favor del profesorado asociado y sustituto proveniente del sector público", a los que se sigue sin reconocer el derecho a pagas extraordinarias, ni a la antigüedad. Esto supone que, de entrada, "un profesor asociado o sustituto que es empleado público cobre un 14,28% menos que el que no". De hecho, esta "discriminación salarial se ha consolidado, al establecer tablas salariales específicas sin estos conceptos retributivos para este colectivo", en lugar de crear un complemento retributivo que las paliara y que la Universidad podía haber contemplado en virtud de la LOSU. Tampoco se atiende la situación del profesorado de ciencias de la salud, cuya contratación sigue anclada en un convenio con el Departamento de Salud, perpetuando una temporalidad estructural sin garantías de mejora.

Más allá del colectivo asociado y sustituto, otras figuras clave como los profesores ayudantes doctores (AD) y el personal investigador en formación continúan encadenando contratos temporales, becas o condiciones inestables, sin perspectivas de carrera académica a medio plazo. Todas estas figuras componen el esqueleto silencioso sobre el que se sostiene gran parte de la universidad pública.

Esta asociación urge “un plan estratégico dotado de financiación suficiente y un compromiso político firme, que supere el parcheo salarial y apueste por una universidad sostenible, innovadora y con capacidad de atraer y retener talento”. Un plan que contemple la “dignificación profesional y laboral” de los responsables del 60% de la docencia.