Qué ocurrió realmente en Villamanín (Lectura jurídica de los hechos y... ¿hay solución?)

Lo que comenzó como una celebración histórica en Villamanín, un pequeño municipio leonés de apenas un centenar de habitantes en invierno, ha acabado convertido en uno de los conflictos vecinales y jurídicos más llamativos y mediáticos de los últimos años. La Lotería de Navidad dejó millones en el pueblo, pero también una herida abierta que amenaza con dividir a la comunidad y arrastrar a los tribunales a un grupo de jóvenes voluntarios que solo pretendían financiar las fiestas locales.

El origen: una tradición basada en la confianza

Como en tantos pueblos de España, la Comisión de Fiestas de Villamanín compró décimos de Lotería de Navidad para venderlos en participaciones. El objetivo era recaudar fondos para las celebraciones patronales. Las papeletas se vendieron desde agosto, a cinco euros cada una, en un entorno marcado por la confianza y la cercanía.

El problema no fue la compra del número ni su fraccionamiento, sino lo que vino después: un error grave en el control y conteo de las participaciones emitidas. Cuando el número resultó premiado con el Gordo, la alegría inicial dio paso rápidamente a la sospecha. “Muchos aseguran que el día 22, al tiempo en el que descorchaban las botellas de champán, ya se sabía que las cuentas no cuadraban”, recoge el Diario de León.

La primera alarma: premios que no se pueden cobrar

Días después del sorteo, algunos vecinos acudieron a bancos y administraciones de lotería para gestionar el cobro de sus premios —80.000 euros por papeleta— y se encontraron con una realidad desconocida para muchos: las participaciones no son boletos oficiales. No se cobran en administraciones, sino a través del depositario, en este caso la Comisión de Fiestas.

Fue entonces cuando comenzaron los rumores: se habían vendido más participaciones de las que estaban respaldadas por décimos reales. El alcalde, Álvaro Barreales, pidió a la Comisión que convocara una reunión urgente con los premiados. El objetivo oficial era verificar papeletas e informar del cobro, pero lo que allí se reveló fue una auténtica bomba informativa.

La reunión: nervios, lágrimas y un pueblo en shock

La cita tuvo lugar en el Hogar del Pensionista. A las puertas, vecinos agolpados, cámaras de televisión y periodistas de medios nacionales. Nadie quería hablar. Dentro, la reunión comenzó a puerta cerrada, con un solo representante por familia premiada y la obligación de mostrar una fotografía de la participación.

Un abogado, conectado por videoconferencia en representación de la Comisión, fue directo desde el primer momento: “Aquí no vais a cobrar nadie si no llegáis a un acuerdo”.

La frase cayó como un jarro de agua fría. Durante más de tres horas, el ambiente fue irrespirable. Entradas y salidas constantes, discusiones, ataques de ansiedad, desmayos y llantos. “No vamos a llegar a un acuerdo nunca”, repetían algunos asistentes.

El error reconocido: negligencia, no fraude

Finalmente, los miembros de la Comisión —once jóvenes de entre 16 y 25 años y dos personas adultas— reconocieron el error: no se habían consignado unas 50 participaciones, lo que generaba un agujero de cerca de cuatro millones de euros.

Insistieron en que no hubo fraude, trampa ni mala fe, sino una mala gestión. Incluso se explicó que uno de los talonarios ya vendidos apareció en una mochila y no había sido contabilizado correctamente.

Los expertos jurídicos consultados distintos medios de comunicación coinciden: no hay indicios de estafa. Para que exista delito penal es necesario dolo y ánimo de lucro, algo que no encaja con los hechos conocidos. La venta de las 50 papeletas habría generado apenas 250 euros, una cantidad irrisoria frente al perjuicio causado.

La propuesta de solución… y sus grietas

Ante el desastre, la Comisión ofreció una salida drástica: renunciar a sus propios premios, cinco décimos valorados en dos millones de euros, y pedir al resto de premiados una quita del 10% para cubrir el déficit. A cambio, solicitaban que nadie iniciara acciones judiciales.

La propuesta generó división inmediata. “Yo no tengo por qué pagar los errores de otros, además, ¿y si no están diciendo la verdad?”, decía un vecino a la salida.

Otros, sin embargo, apelaban a la empatía y al sentido común. “Pobres chavales, si podían ser los hijos de cualquiera de nosotros… ¿qué más tienen que hacer, sacarse las tripas?”, lamentaba otro vecino visiblemente afectado.

El límite legal: sin unanimidad no hay acuerdo

La reunión terminó con una votación a mano alzada que dio lugar a un principio de acuerdo, pero sin unanimidad ni documento firmado. Los abogados lo tienen claro: una votación así no tiene valor jurídico vinculante.

Cualquier solución basada en quitas exige que todos los premiados acepten voluntariamente. Y no existe obligación legal de renunciar a parte del premio. Basta con que una sola persona demande para que el acuerdo quede en papel mojado. Y el rumor no tardó en extenderse por el pueblo: ya hay vecinos que estudian acciones legales.

El escenario judicial: años de pleitos y riesgo de no cobrar

Los expertos advierten de las consecuencias. Si el caso llega a los tribunales, los miembros de la Comisión podrían ser condenados civilmente a cubrir el déficit por negligencia. Pero también podrían declararse insolventes, lo que dejaría a muchos premiados sin cobrar.

El proceso sería largo, con posibles medidas cautelares que incluso podrían suspender el pago de los premios durante años. Un escenario que nadie desea, pero que parece probable.

Jóvenes desbordados y un pueblo dividido

Tras la reunión, los miembros de la Comisión estaban exhaustos. Redactaron una nota pidiendo perdón y apelando a la unión del pueblo. A cámara apagada, confesaban el impacto personal de lo ocurrido. “Nos unimos por amor a nuestro pueblo y ahora hemos pasado de tener la mayor suerte del mundo a vivir una pesadilla”, decía uno de ellos.

Epílogo: más allá del dinero

Villamanín se ha convertido en símbolo de un problema mayor: la fragilidad de la confianza cuando entra en juego una fortuna inesperada. El dinero que debía traer alegría ha dejado enfrentamientos, sospechas y miedo. Como reconocen muchos vecinos, el verdadero riesgo no es solo económico, sino social: que el pueblo quede dividido para siempre por un premio que nadie supo gestionar.

El desenlace sigue abierto. Entre el acuerdo imposible y el juicio interminable, Villamanín espera una solución que, más allá del Derecho, requerirá algo que ningún juez puede imponer: voluntad colectiva para cerrar la herida.