Investigar la trata: perseguir un delito sin huellas visibles

“No hay cadenas de hierro, pero sí cadenas psicológicas”. Con esa idea, el inspector Juan Daroca, del GOE 2 de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Navarra, sintetizó esta mañana durante las1ª Jornadas de Metodología Policial y Psicología Jurídica en detección e investigación de la trata y la explotación sexual, organizado por Forensi+D y en colaboración con la Policía Nacional, el principal reto en la lucha contra la trata de seres humanos: demostrar judicialmente un delito que rara vez deja rastro físico. Según el Convenio contra el Crimen Organizado Transnacional, la trata consiste en la “captación, transporte, traslado o recepción de personas mediante violencia, intimidación, abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad con fines de explotación”, ya sea sexual, laboral, de esclavitud o extracción de órganos. Un fenómeno transnacional que, en España, se manifiesta sobre todo como país de destino, con víctimas procedentes de Latinoamérica, África o Asia.

Según apuntó Daroca, la actuación policial se articula en tres vías “compatibles y complementarias”, que son la investigación reactiva, preventiva y obstructiva. La investigación reactiva se activa cuando ya hay una víctima identificada, muchas veces a través de ONG o servicios públicos, como ayuntamientos. “Lo primero es garantizar su bienestar y sacarla del entorno”, explicó Daroca, antes incluso de iniciar el procedimiento penal.

El enfoque preventivo busca anticiparse. Incluye inteligencia humana —información de ciudadanos o clientes—, ciberpatrullaje en páginas de anuncios y, sobre todo, investigación económica: “Desproveer a la organización de sus recursos sin necesidad de condena penal”. El análisis de transacciones, incluso en criptomonedas, se ha convertido en una vía clave. Por su parte, la vía obstructiva se basa en inspecciones en pisos y locales junto a la Inspección de Trabajo. “No erradica el problema, pero reduce su rentabilidad”, señaló.

El reto probatorio

Uno de los principales riesgos es fragmentar el delito. “Son conductas que ya son delito por separado, pero si no acreditamos todo el proceso, no llegamos a la trata”, advirtió. Para ello, la Policía trabaja con indicadores: control del dinero, movilidad constante, vigilancia, imposibilidad de rechazar clientes o aislamiento social. “No hay lesiones físicas porque las organizaciones criminales ya saben cómo tiene que actuar porque eso sería otro delito añadido, pero la presión es de otro tipo, menos tangible”.

Declarar sin exponerse

La declaración de la víctima es clave, pero también frágil. Muchas están sometidas a amenazas indirectas o coacciones culturales, como el vudú. “Para ellas, las consecuencias de desobedecer son reales, aunque no podamos probarlas fácilmente”.

Por eso se recurre a la prueba preconstituida, que permite incorporar su testimonio al juicio sin que tenga que volver a declarar, y a la figura del testigo protegido. Asimismo, las víctimas cuentan con un periodo de restablecimiento de al menos 90 días, durante el cual no pueden ser expulsadas y reciben asistencia jurídica, intérprete y acompañamiento. También pueden acogerse a protección internacional o retorno asistido. Incluso si deciden no continuar, el proceso sigue adelante. “El Ministerio Fiscal puede actuar aunque la víctima se retire”, explicó Daroca. Porque, como concluyó, la trata no se sostiene en la violencia visible, sino en el control total de la voluntad.