Navarra deja de hablar de "agresores" en las aulas: el nuevo decreto apuesta por reconducir conductas, no castigar personas

El Gobierno de Navarra ha presentado este miércoles el nuevo Decreto Foral de Convivencia en los centros docentes de la comunidad, elaborado por el Departamento de Educación, una norma que llega respaldada por un estudio propio sobre bullying y ciberbullying en la Comunidad Foral, en la que utilizaron una muestra de 15.544 estudiantes navarros desde Educación Primaria hasta Bachillerato y FP. Los resultados de este análisis mostraron que casi la mitad del alumnado encuestado —un 48,4%— declaró haber sufrido acoso en el último año y más de un tercio —en concreto, el 35,2%— afirmaron haber recibido ciberacoso. Asimismo, más del 31% de los menores reconocieron que, en algún momento, habían sido agresores. Como consecuencia de esto, se entendió que había que revisar el marco regulatorio vigente desde 2010 y proponer una nueva mirada hacia la manera en la que se tratan estos problemas en las aulas. De esta manera, se traza una diferencia entre los conceptos de violencia y acoso, marcada por si ambos alumnos se encuentran o no en una situación de simetría social. Asimismo, este nuevo decreto también destaca la convivencia positiva —es decir, un enfoque relacional que busca crear vínculos saludables, empáticos y libres de violencia en cualquier entorno— y una modificación a la hora de entender que ambas personas son víctimas, ya que, tal y como expresó Olatz Ormaetxea, doctora en Psicología, psicoterapeuta de familia y profesora de la UNED, "la persona que está amargada, amarga. Deposita su malestar sobre el otro. Si alguien hace daño a niveles tan tremendos, bien no puede estar".

Por otro lado, otra de las medidas más visibles de este decreto, y que ya se había presentado con anterioridad, es el traslado definitivo del agresor fuera del centro donde se ha producido el acoso escolar. Itziar Irazabal, jefa de la sección de Igualdad y Convivencia delDepartamento de Educación, explicó que se trata de una herramienta de último recurso, aplicable únicamente tras activar y concluir el protocolo de acoso, orientada a garantizar que la víctima pueda seguir acudiendo a su centro escolar con plena seguridad: "Hay que garantizar que la víctima tenga un entorno seguro", señaló para enfatizar que se trata de una medida protectora y no punitiva. El decreto reorganiza además las conductas que alteran la convivencia en tres categorías, frente a las dos anteriores. A las conductas contrarias y las gravemente perjudiciales se suma ahora una primera categoría de conductas inadecuadas, de carácter más leve, concebida para permitir una respuesta inmediata sin necesidad de procedimiento administrativo. El objetivo es atajar el conflicto en el momento en que se detecta, antes de que escale.

El acoso escolar puede derivar en depresión, autolesiones o trastornos de la conducta alimentaria

En especial, porque diversos estudios han demostrado que las consecuencias de este acoso puede derivar en problemas académicos, sociales o desalud mental, como "fracaso escolar, vergüenza, culpa, ira, frustración, soledad y problemas psicopatológicos, como trastornos del sueño, depresión, autolesiones, TCA o problemas con el alcohol y las drogas, entre otros", expresó Maite Garaigordobil, catedrática de evaluación y diagnóstico psicológico de la UPV. Por eso, apuntó que hay que realizar un esfuerzo cooperativo entre centros escolares, población, familia, gobiernos y empresas. Y, en el caso de los centros, aplicar programas de intervención, programas antibullying y un protocolo antibullying.

Otra novedad sustancial afecta a los protocolos de actuación: todos deberán cerrarse con una conclusión explícita —si se está ante un conflicto o ante un caso de acoso— y un plan de intervención. Hasta ahora, según reconoció la propia Irazabal, los protocolos tenían dificultades para cerrarse formalmente. El ciberacoso tendrá una ruta diferenciada, con pruebas y procedimientos propios. El decreto identifica además los tipos de violencia con mayor presencia en las aulas —contra las mujeres, racial o xenófoba, homófoba y por motivos de discapacidad— y establece para cada una una ruta de actuación específica. Garaigordobil aportó los datos del estudio que sirvió de diagnóstico: el acoso verbal es el más frecuente, con un 42,6% de incidencia; las chicas son víctimas en mayor proporción tanto en bullying presencial como en ciberbullying, y la cibervictimización tiende a aumentar con la edad, con picos notables en FP.

En definitiva, el texto parte de la premisa de que no existen personas agresoras, sino conductas agresoras susceptibles de ser reconducidas. El decreto abandona el enfoque punitivo que caracterizaba al anterior —entonces llamado decreto de derechos y deberes— y adopta el de convivencia positiva como eje, con dos pilares: la prevención activa y la reparación. Ormaetxea insistió en ampliar el foco más allá del binomio víctima-agresor para incluir al resto del grupo, "que quizás no están tan impactados emocionalmente y puede ser más fácil trabajar con ellos", y en entender el sufrimiento del agresor como parte del problema: "Para que alguien haga daño a esos niveles tan tremendos, bien no puede estar."