La Policía Foral ha abierto diligencias en lo que llevamos de semana a treinta personas por la presunta comisión de distintos delitos, según ha informado el cuerpo autonómico. Todas las actuaciones han sido comunicadas a los juzgados correspondientes mediante los oportunos atestados policiales.
En el ámbito de la seguridad ciudadana, destaca especialmente la incidencia de los delitos vinculados a la violencia contra la mujer. En total, quince personas fueron detenidas en otras tantas localidades de Navarra por hechos relacionados con malos tratos, amenazas, lesiones o quebrantamientos de medidas de alejamiento.
Por delitos contra las personas, la Policía Foral practicó la detención de dos individuos, mientras que otras cinco personas fueron arrestadas por requisitorias judiciales en vigor, al constarles órdenes de búsqueda, detención o personación emitidas por distintos órganos judiciales.
En cuanto a los delitos contra el patrimonio, tres personas fueron detenidas o investigadas, y una más fue arrestada por un delito de tráfico de drogas.
Cuatro investigados por delitos contra la seguridad vial
La actividad policial se completó con actuaciones en materia de seguridad vial, con la apertura de diligencias a cuatro conductores por diferentes infracciones penales.
En Iza/Itza, durante un control programado, los agentes dieron el alto a un vehículo cuyo conductor había perdido la vigencia del permiso de conducir por pérdida total de puntos, sin haber realizado el curso de recuperación. Por ello se le imputó un delito contra la seguridad vial. Además, el conductor arrojó un resultado positivo indiciario en consumo de estupefacientes.
Por otro lado, en Estella/Lizarra y en Murillo el Fruto fueron investigadas dos personas por conducir sin haber obtenido nunca autorización administrativa, mientras que en Echarri/Etxarri se investigó a otro conductor por conducir con el permiso sin vigencia debido a la pérdida de puntos.
Todas las diligencias han sido puestas en conocimiento de la autoridad judicial competente, que será la encargada de determinar las responsabilidades penales correspondientes.
