Desde el pasado mes de marzo, la circulación internacional de camiones y autobuses por carreteras europeas está sujeta a una nueva obligación técnica. Tras el fin de la moratoria acordada entre la Comisión Europea y los Estados miembros, ha entrado en plena vigencia la norma del Paquete de Movilidad, aprobado en 2020, que exige a todos los vehículos de transporte internacional —tanto nuevos como usados— llevar instalado el tacógrafo inteligente de segunda generación.
Esta medida, diseñada para mejorar el control sobre los tiempos de conducción y descanso y combatir el fraude, afecta de forma directa a más de un millón de vehículos en toda Europa, de los cuales más de 100.000 son españoles. A partir del 1 de marzo de 2025, ningún vehículo que no haya actualizado su sistema podrá realizar transporte internacional, salvo los matriculados a partir de 2019, que disponen de plazo hasta el próximo 21 de agosto para realizar el retrofit.
Sanciones severas y sin nuevas prórrogas
La entrada en vigor de esta medida se produce tras la finalización, el pasado 28 de febrero, de la prórroga temporal que permitió a los operadores adaptar sus flotas sin sanciones. Según confirmó en febrero el Ministerio de Planificación Regional y Descentralización ante el Senado, no se contemplan nuevas moratorias, por lo que los agentes de control en carretera de los países miembros ya están verificando su cumplimiento.
Las consecuencias de no cumplir con esta obligación son especialmente graves en países clave del tránsito internacional. En Francia, principal vía de paso para los camiones españoles, las sanciones pueden alcanzar los 30.000 euros, con posibilidad de inmovilización del vehículo e incluso penas de prisión de hasta un año para el conductor.
Otros países también han establecido multas elevadas: en Portugal, la sanción asciende hasta 6.000 euros, al igual que en Alemania. En Italia, se contemplan 3.600 euros de multa, y en Países Bajos, hasta 4.400 euros.
Una medida para modernizar y controlar
El nuevo tacógrafo inteligente de segunda generación permite una lectura remota de los datos de conducción y localización, y su implementación forma parte de la estrategia europea para asegurar una competencia leal y mejorar las condiciones laborales en el sector del transporte por carretera. La exigencia de su instalación se enmarca dentro de un proceso más amplio de modernización y digitalización del transporte pesado en la Unión Europea.
Las organizaciones empresariales del sector han solicitado medidas de acompañamiento y ayudas para facilitar la adaptación de las flotas más antiguas, especialmente en el caso de autónomos y pymes, que podrían verse gravemente afectadas por el coste de la actualización tecnológica.
