El día que Esparza engañó a los regantes del Canal

Un cambio respecto al proyecto inicial avalado por el entonces consejero de Desarrollo Rural, Javier Esparza. El mismo que ahora desde la oposición reclama para la Ribera el agua que en su día adjudicó a la Zona Media, lo que amenaza con abrir un conflicto entre regantes a los que durante estos años se les han realizado promesas incompatibles.

Aquel día de julio es una fecha clave para entender el debate en torno a la construcción de la segunda fase del Canal. Porque la ampliación se hizo sin aumentar la dotación para riego: 340 hectómetros cúbicos a repartir entre las distintas fases. De forma que la ampliación de la primera fase llevaba aparejada un lógico aumento de consumo de agua.

No se dijo nada entonces, ni se aclaró cómo se iba a solventar el problema cuando hubiera que compartir el agua de Itoiz con la segunda fase del Canal. Se especuló con la posibilidad de ampliar la dotación inicial en 17 H3, y se insinuó una posible rebaja de la cantidad de agua por hectárea. Soluciones inconcretas para sortear un problema que quedaba para el futuro en un intento de contentar a todos los regantes. Patada para adelante y ya veremos.

Pero las matemáticas son tozudas, y el agua de Itoiz es la que es. En 2013 Navarra y el Estado acordaron rehacer “los cálculos económico-financieros”, lo que en la práctica supuso la paralización de la obra. Dos años después, en 2015, el Ministerio reconocía que la ampliación de la primera fase suponía menos agua para la segunda, para la que quedaban 117H3 a repartir además con algunas hectáreas de la ampliación. Todo, manteniendo los 6.400 metros cúbicos por hectárea asignados a los regantes de la primera fase, y que se prevé dotar también a los de la segunda. Y así, no da para regar las 21.522 hectáreas que se habían prometido a la Ribera.

Las consecuencias del engaño Unos regantes u otros, o todos ellos a la vez, habían sido engañados por unos responsables institucionales que les prometieron algo que no podían cumplir sin cambiar las condiciones previamente fijadas. Es el enrevesado dilema al que se enfrenta ahora Canasa, la empresa pública que Navarra y el Estado comparten para gestionar una infraestructura de la que UPN y PP han hecho bandera, y que ahora se ha encontrado con el problema de que la dimensión prometida no es viable sin una revisión del agua ya concedida a los regantes. O menos hectáreas en la segunda fase o menos metros cúbicos por hectárea. No hay más.

“No vamos a permitir que se intente enfrentar a unos navarros con otros”, alertan el Ejecutivo foral, que insiste en su voluntad de llevar a la Ribera todo el agua disponible cuanto antes y al menor precio posible. Y hacerlo en base a una demanda real, actual y futura, que a la vista de los datos queda lejos del megaproyecto que hace varias décadas idearon quienes hoy están en la oposición, y que todavía dicen que es posible, sin concretar cómo, regar más de 40.000 hectáreas en el sur de la Comunidad Foral.

Un análisis técnico de la situación no debería encontrar mayores problemas si no fuera porque en medio se vuelven a cruzar la política y los intereses partidistas. La decisión de ampliar la primera fase se hizo como respuesta a una demanda social en las cuencas de los ríos Arga y Ega, pero sobre todo por la necesidad de hacer viable una infraestructura que está siendo deficitaria. Hacen falta regantes que paguen por el agua para asumir el alto coste que implica su traslado desde Itoiz, y en ese sentido la ampliación era una consecuencia lógica.

Una decisión que sin embargo obvian ahora quienes durante años han presentado el Canal como solución para todos los problemas de regadío en la Ribera al tiempo que le reducían la concesión agua. Y que ahora agitan la bandera de agravio respecto a la capital, vendiendo una idea del sur de Navarra como zona olvidada y abandonada por un Gobierno al que acusan de no defender sus intereses. “Nunca la Ribera ha estado tan lejos de Pamplona”, decía el propio Esparza hace unos días en el Parlamento.

El Gobierno de Navarra y Ministerio de Agricultura deben definir a lo largo de este mes qué tipo de infraestructura hay que construir para llevar agua de calidad a la Ribera. Cuántas hectáreas son realmente necesarias y cuánta agua necesita cada una. Un acuerdo que servirá para poner en marcha la segunda fase del Canal de Navarra tras años de retraso, y para el que ambas partes se han comprometido a actuar desde el “consenso” con el objetivo de “completar el proyecto de forma que se atienda a las demandas presentes y futuras de la Ribera, tanto en lo relativo a regadío como a abastecimiento de poblaciones”.

“Llevaremos todo el agua disponible”, ha garantizado la presidente del Gobierno, Uxue Barkos, ante las críticas de UPN y PP, que acusan al Ejecutivo foral de recortar el proyecto como gesto de agravio a la Ribera. “Hay que ser solidarios”, reclamaba el pasado lunes Javier Esparza en el Parlamento, apuntando por primera vez a la posibilidad de reducir la dotación de agua que tienen reconocida ya los regantes de la Zona Media para poder llevar más agua a la Ribera.

Una solución con muchos riesgos que difícilmente aceptarán quienes en 2012 recibieron con agrado las promesas del entonces consejero de ampliar el Canal. Y que tampoco soluciona el problema en la Ribera, donde por motivos climatológicos más necesidad hay de agua por hectárea. Pero que reclaman quienes durante años han recibido la promesa de que había agua suficiente para regar miles y miles de hectáreas. “Me parece muy bien que se riegue en la primera fase y en la ampliación, pero nuestra concesión es nuestra y se la quieren quitar a la Ribera para dársela a otros”, apuntaba recientemente en una reunión organizada por UPN y PP en Tudela el representante de los regantes de Ablitas, Ángel Vidal.

Una intervención que fue recibida con asentimiento por los representantes de UPN y PP presentes en el acto. Los mismos que acordaron la ampliación de la primera fase del Canal condicionando la segunda, y que ahora tienen en la infraestructura una herramienta de agitación contra el Gobierno de Navarra en una zona donde el Ejecutivo apenas tiene altavoces que defiendan su visión. El debate político se ha impuesto así al argumento técnico. A fin de cuentas, para algunos sectores políticos resulta más rentable la confusión que un acuerdo Navarra-Estado que pueda desactivar el principal argumento electoral en la zona y, por extensión, en buena parte de Navarra. Aunque ello implique retrasar la construcción del Canal o enfrentar a los regantes de distintos puntos de la Comunidad Foral.