l FBI hizo públicas el martes pasado las investigaciones preliminares en torno a los hechos que tuvieron lugar el pasado 6 de enero en el Capitolio. Cerca de 200 casos abiertos y casi 100 personas acusadas de diversos delitos, desde perturbación del orden público, allanamiento, saqueo y asalto, hasta homicidio. "Y esto no es sino la punta de iceberg" anunció Michael R. Sherwin fiscal federal interino para el distrito de Columbia, quien aseguró que se encausará a "cientos de los responsables". Pero no mencionó al presidente entre éstos.

Tras seis días de absoluto silencio, Trump acudió el martes a Texas para visitar con porte faraónico las obras de construcción del muro y, cuando le preguntaron si tenía "alguna responsabilidad" en los hechos ocurridos en el Capitolio, respondió sin sorprender a nadie asegurando con arrogancia que "lo que yo dije era totalmente apropiado".

La Cámara votó la resolución 38 sobre la aplicación de la 25ª Enmienda patrocinada por el demócrata Jamie Raskin. La medida solicitaba a Pence que "convocase y movilizase" al gabinete de gobierno para que declarase al presidente "incapaz de ejecutar las funciones de gobierno y de ejercer inmediatamente sus poderes". La resolución fue aprobada con 223 de los 435 votos de la Cámara: Los votos de todos los representantes demócratas; tan sólo un republicano votó en favor y cinco se abstuvieron. En el debate que siguió a la votación, el republicano Robert Portman expresó que la aplicación de la enmienda sería un "grotesco abuso" de la constitución, y que no era sino una maniobra política divisiva ya que el vicepresidente ya había anunciado que no actuaría. La representante republicana de Georgia Marjorie Greene fue más lejos al afirmar que Trump requirió a sus seguidores que se "comportasen pacíficamente" y que han sido precisamente algunos representantes demócratas los que han provocado y excitado la violencia durante 4 años, apoyando las manifestaciones de Black Lives Matter.

El articulado de la moción de censura contra el presidente acusa a éste de "incitación a la insurrección". La moción expresa que deliberadamente hizo declaraciones que alentaron a sus seguidores a emprender acciones vandálicas contra el legislativo, lo cual ocurrió de forma inmediata, no más de una hora después de su discurso y como consecuencia directa de éste. La moción expresa que la conducta del presidente el 6 de enero de 2021 no fue un acto aislado, sino ha sido consistente con sus esfuerzos por subvertir y obstruir la certificación de los resultados de las elecciones presidenciales de 2020. Y añade que el presidente ha puesto en peligro la seguridad del país y de sus instituciones, ha amenazado la integridad del sistema democrático, ha interferido en la transición pacífica del poder y que, "con tal conducta, ha demostrado que seguirá siendo una amenaza para la seguridad nacional, la democracia y la constitución si se le permite permanecer en el cargo, y ha actuado de una manera tremendamente incompatible con el sistema democrático de gobierno y el estado de derecho".

Trump será el primer presidente de EEUU en ser acusado dos veces por la Cámara de Representantes. Posteriormente, en una segunda votación, se procedería a su inhabilitación de por vida para el ejercicio de cargos públicos. Pero la medida requiere que 17 representantes republicanos apoyen la medida en el Senado y el voto en torno a la resolución 38 es un presagio de la política republicana en torno a este tema.

Los representantes republicanos han seguido la senda de Josh Hawley, Ted Cruz y Mo Brooks, tildando la resolución 38 de "caza de brujas inconstitucional" y aludiendo a la unidad porque, han afirmado algunos recurriendo a un patrioterismo vacuo, "al final, todos somos americanos". Olvidan que la unidad comienza con la aceptación de la propia responsabilidad: Trump es un monstruoso producto de la convención republicana. Al margen de las objeciones, el martes no hubo ni una sola propuesta alternativa, y la mayoría de los diputados republicanos abogaron por dejar a Trump que abandone la Casa Blanca y olvidar el asunto "para centrarse en las cuestiones que más acucian a la población del país", la unidad nacional y la lucha contra la pandemia. Un subterfugio al que estamos tristemente acostumbrados en otras muchas partes del mundo.

El Partido Republicano tiene dos alternativas, o proteger la presidencia de su candidato practicando una maniobra partisana que en última instancia lo convierte en cómplice y partícipe de los desmanes de la banda de Trump o, desvinculándose de este último y apoyar enérgicamente una política de castigo que debía haber estado promovida desde este partido. Lamentablemente, hemos asistido a unas sesiones parlamentarias en las que ha predominado aplastantemente la primera opción. Todo esto no es sino una continuación de lo que ocurrió el viernes en la reunión de invierno de la convención nacional del Partido Republicano en Florida, donde Ronna McDaniel y Tommy Hicks ganaron fácilmente una reelección que habilita a dos seguidores de Trump a la cabeza del Partido Republicano por dos años.

Por lo que respecta al Senado, Lindsey Graham, una veleta política sin principios que el día 6 de enero se pronunció tan teatralmente contra la política de Trump y sus seguidores, voló seis días más tarde con el presidente en el Air Force One. Claramente, la mayoría de los delegados republicanos apuestan por detener la agenda de Biden y otros apuestan por seguir siendo el partido de Trump. Creo que ambas opciones son mutuamente excluyentes porque no es posible hacer política con cierto éxito y jugar a partido pisoteando la decencia más elemental. A la larga, el Partido Republicano pagará por sus excesos y su coalición con los Trump y, por extensión, lo hará también el Partido Demócrata y la política de la república, porque una oposición decente es uno de los pilares de un sistema de derecho funcional.

Tan sólo unos pocos miembros del Partido Republicano se han mostrado decididamente contrarios a Trump. El expresidente de la Cámara de Representantes, John Boehner, ha asegurado a sus colegas en el Congreso que "es hora de que Trump considere renunciar. Ha violado su juramento de proteger y defender la constitución". Boehner también ha criticado a los diputados republicanos en el Congreso que amplificaron el "ruido" de Trump sobre fraude electoral, lo cual ha tildado de "actitud vergonzosa". La representante republicana Nancy Mace de Carolina del Sur ha ido más lejos y ha declarado que apoyaría una censura de los 147 miembros republicanos de la Cámara de Representantes que votaron por anular la victoria electoral de Biden.

Las declaraciones de unos pocos representantes republicanos matizan tímidamente la línea del partido. Liz Cheney de Wyoming, que ejerce de presidente de la conferencia republicana de la Cámara de Representantes, el tercer puesto más alto detentado por dicho partido, se ha mostrado partidaria de votar en favor de la moción de censura y, tal como ha anunciado el New York Times, Mitch McConnell ha abierto las puertas a la posibilidad de aprobar dicha moción en el Senado porque es aplicable y, fundamentalmente, porque -ha dicho- sería la mejor manera de desempolvar el Partido Republicano. Esto sí sería algo totalmente apropiado.