Pamplona. La Permanente de la Junta de Entidades Fundadoras de Caja Navarra, integrada por Miguel Sanz, Yolanda Barcina, Álvaro Miranda y Enrique Maya, duplicaba el cobro de dietas celebrando dos reuniones consecutivas en una misma mañana. Estos encuentros generalmente se convocaban con una hora de diferencia, aunque en dos ocasiones se llegaron a producir con apenas media hora de margen.
Según consta en la documentación que Caja Navarra ha enviado a la jueza titular del Juzgado de Instrucción nº 3, Mari Paz Benito, el polémico órgano se reunió entre el 31 de agosto de 2010 y el 26 de septiembre de 2011, 16 veces en ocho días diferentes y generalmente con un mes de diferencia.
Por cada reunión, Sanz percibía 2.680 euros brutos (1.876 euros netos) en calidad de presidente del órgano, mientras que Barcina y Miranda ingresaban 1.717 euros (1.201,9 netos). A ellos se suma tras las elecciones el nuevo alcalde de Pamplona, Enrique Maya en agosto de 2011. Estas cantidades se duplicaban con la doble sesión, por lo que durante el año escaso de vida de la Permanente Sanz cobró 42.880 euros; Barcina, 27.472; y Maya, último en llegar, 6.868 euros. Estas cifras no incluyen las dietas de la Junta de Fundadores, de la que todos ellos también eran miembros, y que se reunía con una periodicidad similar.
Un órgano opaco La Junta de Entidades Fundadoras surge de la reforma estatutaria aprobada en junio de 2010, que deja fuera de los órganos de gobierno de Caja Navarra a cargos políticos miembros del Parlamento, del Gobierno de Navarra y del Ayuntamiento de Pamplona. No obstante, y con el argumento de mantener la Caja ligada a sus entidades fundadoras, se crea un órgano consultivo no vinculante en el que participan representantes de estas tres instituciones. Paralelamente, y sin anunciarlo públicamente, Caja Navarra crea la Permanente de la Junta de Fundadores, sin sustento estatutario y desconocida incluso para los miembros de la propia Junta.
En ella participan el presidente del Gobierno, el alcalde de Pamplona y el consejero de Economía. Cargos que en ese momento ocupan Sanz, Barcina y Miranda. Tras las elecciones se suma Maya y continúa Sanz, que como expresidente de Caja Navarra se garantiza un puesto fijo en la Permanente hasta los 75 años. Su fundación se oficializa el 23 de julio de 2010 en una sesión extraordinaria de la comisión de personal y retribuciones, integrada entre otros por Ricardo Martín Fluxá y José Antonio Asiáin. En la misma se acuerda habilitar un régimen de dietas para la Junta de Fundadores equivalente al de los órganos de Gobierno de Can como modo de "resarcimiento". Serán 2.680 euros para el presidente del órgano y 1.717 para los vocales. El acuerdo se aplica también a la Permanente, que en la documentación interna de Can se define como "sesiones de reporte". No existen recibos de las remuneraciones, ya que el pago se realizaba mediante abono en cuenta.
La primera reunión tiene lugar el 31 de agosto de 2010 a las 10 horas, y tiene su segundo encuentro apenas una hora después. La misma fórmula se repite los meses siguientes, y en todos los casos hay dos reuniones consecutivas. Los dos últimos encuentros, el 30 de agosto de 2011 y el 26 de septiembre de 2011 se producen con solo media hora de diferencia: a las 10 horas la primera, y a las 10.30 la segunda. Con esta fórmula de doble cita se duplica la remuneración. Sanz percibe así 5.360 brutos en una misma sentada. Y Barcina, Miranda y Maya, 3.434 euros.
Es DIARIO DE NOTICIAS quien destapa el órgano opaco el 9 de octubre, apenas 13 días después de la última reunión. Inicialmente, los miembros de la Permanente alegan que la remuneración de Caja Navarra es un complemento a su salario como cargo público. El malestar social sin embargo va creciendo con los días. Las propias explicaciones, unidas al montante total de dietas percibidas solo en Caja Navarra (Sanz habría cobrado más de 600.000 euros entre 1991 y 2011; y Barcina al menos 250.000 entre 2004 y 2011), acaban haciendo insostenible la situación. El 14 de octubre la presidenta anuncia su renuncia a cobrar dietas. Solo un mes después, el Gobierno aprueba una subida salarial para compensar su pérdida adquisitiva, que en el caso de la presidenta será de 23.178 euros anuales.
