Pamplona. Cuando en 2004 el Gobierno de Navarra reformó los estatutos de Caja Navarra se encontró con un problema colateral. El cambio estatutario, impulsado teóricamente para hacer los órganos rectores de Can "mas profesionalizados e independientes" reduciendo la presencia política, dejaba fuera de la entidad a la gran mayoría de los consejeros. De los miembros del Ejecutivo, solo continuarían el presidente Miguel Sanz, presidente a su vez de Caja Navarra, y el consejero de Economía, (Francisco Iribarren hasta 2007 y Álvaro Miranda después). El resto quedaba fuera de la entidad, con lo que perdían una importante fuente de ingresos.
El Gobierno de UPN diseñó entonces un sistema de retribuciones a través de las 28 sociedades públicas existentes aquel año. Algunos miembros del Gobierno ya participaban en los distintos consejos de administración, donde percibían dietas por asistencia y responsabilidad. Tradicionalmente esta ya era algo superior en el caso de los consejeros, que como tales presidían la mayor parte de las sociedades, por lo que más allá de acudir al consejo de administración actuaban como representantes legales.
Sin embargo, tras su salida de los órganos de dirección de Caja Navarra, se aumentó su remuneración, instaurando un sobresueldo fijo para los distintos consejeros, que participando en una o varias sociedades públicas recibirían un complemento anual de 18.000 euros. No obstante, el Gobierno foral no hizo público el cambio, por lo que a ojos de los ciudadanos el sueldo real de los altos cargos seguía siendo el recogido en los presupuestos, más un complemento adicional de las empresas públicas sin cuantificar.
Opacidad en las retribuciones De hecho, los ingresos reales de los miembros del Gobierno nunca han sido transparentes. Aunque no se ha ocultado la existencia del complemento por la presencia en las sociedades, nunca se han difundido las cantidades reales percibidas. Los informes de gestión que anualmente elaboraban las empresas públicas únicamente hacían referencia al montante total percibido en concepto de dietas por el conjunto del consejo de administración, entre 40.000 y 50.000 euros en la mayoría de los casos, hasta alcanzar un total de un millón a repartir entre los más de 200 participantes de los consejos de administración, la mayoría altos cargos del Gobierno y miembros de UPN.
La mayor parte era siempre para el presidente de la empresa, generalmente consejero del Gobierno, que legalmente solo podía recibir remuneración de un máximo de dos empresas. En la práctica sin embargo, la retribución se hacía siempre desde una única sociedad.
El Gobierno foral solo ha hecho públicas las retribuciones percibidas por sus miembros de las sociedades públicas en 2011. En la información remitida al Parlamento -en la que solo se hace mención a las empresas resultantes de la fusión, por lo que no se detalla lo recibido por todos los consejeros- se admiten retribuciones cercanas a los 18.000 euros para los consejeros Laura Alba (20.036 euros) Amelia Salanueva (17.021 euros), Juan Ramón Corpas (15.147 euros) y Maribel García Malo (16.917 euros), que con el cambio de gobierno no llegaron a cumplir el ejercicio completo.
Todos ellos percibieron esa cuantía como presidentes de sus respectivas empresas, menos García Malo, que como consejera de Asuntos Sociales no presidía ninguna sociedad. Su presencia en Vinsa era como vocal, una responsabilidad por la que percibió los 16.917 euros, cuatro veces más que la remuneración del resto del consejo, que con las mismas atribuciones recibieron 3.454 euros. Ese año el consejo de administración tan solo celebró dos reuniones.
Nuevo complemento Este sistema se mantuvo vigente hasta octubre de 2011, cuando tras el escándalo social que supuso el conocimiento de la comisión Permanente de Caja Navarra, el Gobierno foral optó por suprimir el cobro de dietas de todos sus miembros. En su lugar a partir de 2012 se aprobó el denominado "complemento de responsabilidad", que sustituye al cobro de dietas y que es de 9.759,29 euros para los directores generales, 11.389,98 euros para los consejeros, 16.135,81 euros para los vicepresidentes y 23.178,15 para la presidenta. Cantidades que figuran con cargo a los presupuestos, y que se añaden al sueldo oficial (69.534,46 euros la presidenta y 64.543,22 euros los consejeros).
En todos los casos supone un complemento inferior al que recibían sus predecesores de distintas empresas y públicas y la propia Caja, por lo que el Ejecutivo sostiene que en la práctica supone una rebaja salarial. Sin embargo, tras la última polémica por el cobro de doble y triple dieta en un mismo día en la Junta de Fundadores y en la Permanente, los miembros del Gobierno que cobraron de los órganos consultivos de Can (Yolanda Barcina y José Iribas) han optado por devolver las cantidades percibidas entre 2010 y 2011.
Los vocales de los consejos de administración que no forman parte del Gobierno siguen percibiendo dietas, y que el Ejecutivo públicamente cifra en un genérico "alrededor de 4.000 euros brutos" anuales.
