Pamplona - Después de que el Congreso de los diputados tumbara el pasado miércoles los Presupuestos Generales de Estado (PGE) para 2019, al Ejecutivo de Pedro Sánchez le quedaban dos opciones: asumir el revés y presentar unas nuevas Cuentas a la Cámara Baja o convocar elecciones. Tanto ERC como PDeCAT cumplieron su amenaza y votaron en contra de un Pedro Sánchez al que hace ocho meses las formaciones nacionalistas catalanas apoyaron a llegar a la Moncloa al votar afirmativamente la moción de censura contra Mariano Rajoy. En 1995, cuando Felipe González vio caer sus cuentas al perder el respaldo de los nacionalistas de CiU, el Ejecutivo socialista se decantó entonces por los comicios. Pedro Sánchez ha seguido el mismo camino y el pasado viernes, tras un Consejo de Ministros extraordinario, anunció el adelanto de las elecciones generales que tendrán lugar el 28 de abril, un mes antes de los comicios municipales, forales y europeos previstos para el 26 de mayo. Mientras tanto, seguirían prorrogados los Presupuestos de 2018, elaborados por el equipo de Rajoy y, aunque buena parte de las medidas incluidas en las cuentas de Sánchez ya han sido aprobadas por real decreto, todas aquellas iniciativas que no hayan completado su proceso de aprobación decaerían.

El problema es que en estos Presupuestos, que desde el PSOE y Unidos Podemos se presentaban como los “más sociales” de la democracia, se compensaba el gasto de las ayudas a pensionistas, funcionarios y parados con los ingresos procedentes de los impuestos, especialmente a las grandes empresas. Y todo ello con la vista puesta en cumplir el déficit público. La ministra de Economía, Nadia Calviño, auguró el pasado mes de diciembre un déficit público del 2’7 al cierre de 2018. Asimismo, adelantó que el objetivo para 2019 era un déficit del 1,3. Son muchos los que consideran que será imposible cumplir con este déficit a tenor de los gastos ya comprometidos ante unos ingresos que no van a llegar.

Decretos de enero El grueso del gasto ya está aprobado por decreto y no sufriría ningún recorte. En concreto, en el caso de la subida de las pensiones un 1,6% ya entró el pasado 1 de enero, siendo del 3% para las mínimas y las no contributivas, así como el aumento de la base reguladora de las prestaciones por viudedad del 56% al 60%. Todo ello suma un global de 2.750 millones de euros y, haya o no Presupuestos, es un gasto que ya se ha aprobado y ha comenzado a ejecutarse.

Asimismo, también ha entrado en vigor por decreto una subida salarial a los funcionarios del 2,25% -que finalmente será del 2,5% al crecer la economía un 2,5% en 2018 por una parte que tenían ligada a este indicador-. Esto tiene otro impacto de 3.700 millones.

Un tercer vértice es la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) a 900 euros al mes, lo que supone un incremento de 164 euros al mes. Según explicó el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, el número de personas beneficiadas por la subida asciende a cerca de 2.500.000 de trabajadores: 1,3 millones personas trabajadoras del régimen general sin sistemas especiales; entre 750.000 y 800.000 del sistema especial agrario y 400.000 personas del sistema especial de empleadas de hogar.

Si estas tres partidas -pensionistas, salario funcionarios y SMI- son los ejes clave del Presupuesto en materia social, hay otra serie de medidas que, con el rechazo a las cuentas, quedan pendientes. Son medidas que se pueden aprobar por decreto, aunque, eso sí, el Gobierno deberá consultar antes a la Abogacía del Estado para saber qué medidas puede sacar por decreto y cuáles no.

Así, han quedado fuera el aumento de las ayudas a familias para combatir la pobreza en 321 millones, la eliminación del copago a 6,8 millones de pensionistas y colectivos más vulnerables, la ampliación del permiso de paternidad de 5 a 8 semanas, que por ejemplo para los funcionarios se aprobaría previsiblemente por decreto si no salen las cuentas.

Otra de las medidas que han quedado en suspenso es la recuperación del subsidio para parados mayores de 52 años que hayan agotado su periodo de percepción de ayudas. Asimismo, queda fuera una dotación específica para la atención de menores extranjeros no acompañados (MENA).

Subidas de impuestos Pero realmente el grueso de medidas que contenían las cuentas a efectos presupuestarios son las subidas de impuestos. El rechazo de los Presupuestos supone bloquear la subida de impuestos (y la pequeña bajada) que incorporaban. Las empresas son las ganadoras de esta decisión, en especial las multinacionales, los bancos y las petroleras. Ellas eran las que sufrían el principal impacto de la subida tributaria que había planteado Hacienda. La principal medida recaudatoria procedía de la decisión de gravar una parte de los dividendos en el exterior. En concreto, Hacienda planteaba la reducción de la exención del 100% de los dividendos en el exterior al 95%. Ese 5% de diferencia suponía un incremento de la recaudación superior a 1.000 millones de euros. Tampoco entrará en vigor el tipo mínimo del 15% en el impuesto sobre sociedades parta grandes empresas, que en el caso de los bancos y las petroleras ascendía hasta el 18%.

Para los consumidores, el impuesto más importante de los que decae es el del diésel, con el que Hacienda pretendía recaudar 670 millones de euros. Ante del debate presupuestario, fuentes del Gobierno apuntaron que la idea es que, rechazadas las cuentas, la subida fuera en una futura ley de Cambio Climático y Transición Energética que se pretende aprobar el viernes 22 de febrero.

En el caso de los incrementos de IRPF y Sociedades también se podrían aprobar por decreto y de hecho el PP así lo hizo en 2012, si bien en el Ministerio de Hacienda no son partidarios de hacerlo, ya que no ven con buenos ojos sacar por la vía del decreto medidas que cambian considerablemente el paisaje tributario y supondrían incrementos abruptos de la recaudación. Por lo que respecta a las subidas de IRPF, en las cuentas venia recogido que sería de 2 puntos para rentas superiores a 130.000 euros anuales y de 4 puntos para bases superiores a 300.000 euros. Las subidas de IRPF y de Sociedades suponían 2.000 millones más de recaudación. Otros tributos rechazados son la tasa Google y Tobin (Impuesto a las transacciones financieras), figuras creadas por primera vez, con las que Hacienda prevé recaudar respectivamente 1.200 y 850 millones.

Pensiones

La subida de pensiones entró en vigor el pasado 1 de enero vía decreto. Subieron un 1,6%, siendo de un 3% para las mínimas y las no contributivas. Todo ello suma alrededor de 2.750 millones de euros.

Funcionarios

También vía decreto, se aprobó la subida de un 2,25% para los salarios de los funcionarios, que finalmente será del 2,5% al crecer la economía un 2,5% el pasado año 2018.

Salario mínimo

Se estableció un Salario Mínimo Interprofesional (SMI) de 900 euros, lo que suponía el incremento de 164 euros al mes. Según los datos del Ministerio de Trabajo, de esta subida se beneficiarían 2.500.000 de trabajadores, bien sean del régimen general o del especial agrario.

Impuesto empresas

Era la principal fuente de ingresos. El tipo mínimo establecido para las grandes empresas era de un 15%, que ascendía al 18% para los bancos y para las empresas petroleras.

Google y Tobin

Eran dos figuras retributivas creadas por primera vez con las que el Ministerio de Hacienda pensaba recaudar 1.200 millones euros en el caso de Google y 850 millones por lo que respecta a Tobin (Impuesto a transacciones financieras).

Tasa diésel

Era el impuesto más importante para los consumidores al afectar directamente a su bolsillo. Hacienda pretendía recaudar 670 millones de euros. El Gobierno pretende aprobarlo en la denominada Ley del Cambio Climático y Transición Energética.