pamplona - El PP ha pedido al Tribunal Supremo que se de por enterado de que la Audiencia Nacional va a valorar la imparcialidad de José Ricardo de Prada, uno de los jueces que juzgaron la primera etapa de la trama Gürtel (1999-2005) y a quien atribuyen las frases de la sentencia más contundentes contra el partido -que fue condenado como partícipe a título lucrativo-.

La formación pretende con ello anular el fallo por una supuesta vulneración del derecho a un juez imparcial. La sentencia, de mayo de 2018, contra la trama de corrupción desencadenó, un mes después, la moción de censura que acabó con el Gobierno de Mariano Rajoy. Esta valoración es consecuencia de una recusación que tanto el PP como el extesorero del partido Luis Bárcenas han presentado contra este magistrado en otra de las causas que tiene pendientes de juzgar, que es la denominada “papeles de Bárcenas” sobre la existencia de una caja ‘B’ en el partido.

Aun en periodo vacacional, el PP sigue plenamente activo en el frente judicial. Mientras la Fiscalía Anticorrupción pide al juez progresista Manuel García-Castellón que tome declaración como imputadas a las expresidentas madrileñas Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes por la supuesta financiación irregular del partido en el caso Púnica, la formación conservadora maniobra en el Tribunal Supremo en pleno agosto para tratar de anular una sentencia.

El pasado viernes, la representación letrada del PP presentó un escrito ante la Sala de lo Penal del Supremo informando de la admisión a trámite de sendas recusaciones contra de Prada, una de ellas por tener “interés directo o indirecto en el pleito o causa”. En su escrito recuerdan que el motivo de la recusación -que aún no ha sido resuelta, tan sólo admitida a trámite- es coincidente en su contenido con la que esta parte exponía en su recurso de casación contra la condena al partido por la primera etapa de Gürtel.

los argumentos del PP En dicho recurso, el PP solicitaba que se repitiera el juicio al entender que el tribunal juzgó a los 37 acusados, entre ellos el líder de la red corrupta, Francisco Correa, y el extesorero popular Luis Bárcenas, no tenía “apariencia de parcialidad” porque que uno de los jueces, José Ricardo de Prada, había “coadyuvado” para el cambio de Gobierno a favor del PSOE al propiciar la moción de censura de junio 2018.

La formación política también recordaba que este magistrado ha “sido elegido” por la ministra de Justicia, Dolores Delgado, “como uno de los cuatro miembros externos de la Comisión para Restablecer la Justicia Universal”.

Indicaban igualmente que antes de la redacción de la sentencia ya “se cuestionó la suficiente imparcialidad subjetiva” del juez De Prada por su “conocida amistad” con el ex juez Baltasar Garzón, primer instructor de la trama Gürtel, cuya actuación ha sido puesta en duda por varios de los acusados.

En su escrito ante el Supremo el PP recuerda el derecho fundamental del Partido Popular a un juez imparcial, y recuerda que la doctrina de este órgano, así como la del Tribunal Constitucional y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) habla de la “apariencia de parcialidad” que pueda proyectarse a la sociedad “porque lo que está en juego es la confianza que los tribunales deben inspirar a los ciudadanos en una sociedad democrática”.

Alude ahora igualmente el PP al informe presentado por el propio De Prada en el incidente de recusación, en el que éste no niega que los términos en que se redactó la sentencia de Gürtel si bien recuerda que fueron “la voluntad de un tribunal colegiado, sin que pueda atribuirse a ningún magistrado en concreto”.

También los abogados de Bárcenas, condenado a 33 años de prisión por los primeros años de la red corrupta, presentaron un incidente de recusación contra este juez porque en dicha resolución existen “prejuicios” referidos a la investigación abierta sobre los apuntes manuscritos del extesorero. Los letrados entienden que el fallo de la Audiencia Nacional expone “como contexto” que el PP utilizó dinero negro.

En concreto, el tribunal de Gürtel incluyó en su sentencia que la caja B era “una estructura financiera y contable paralela a la oficial al menos desde 1989, cuyas partidas se anotaban informalmente, en ocasiones en simples hojas manuscritas como las correspondientes al acusado Luis Bárcenas, en las que se hacían constar ingresos y gastos del partido o en otros casos cantidades entregadas a personas miembros relevantes del partido”.

otros intentos El pasado abril, el partido pidió a la Audiencia Nacional que apartara a De Prada de los tribunales que enjuiciarán otras dos grandes piezas de la macrocausa: el llamado caso Bárcenas -sobre la caja b del PP y su uso para pagar las obras de la sede nacional de la calle Génova 13 de Madrid- y la referida a los negocios de la red de Correa en Boadilla del Monte, un municipio al noroeste de la capital. Los incidentes de recusación fueron admitidos a trámite para su estudio a finales de junio y ahora corresponde a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional decidir si aparta a De Prada de ambos juicios. La Fiscalía Anticorrupción se opone. - D.N.

Moción. La sentencia que el PP pretende anular es la que propició la moción de censura en 2018 que acabó con la salida de Mariano Rajoy del Ejecutivo.

Autor. Entiende la defensa del PP que el juez recusado es autor de algunas de las frases del fallo más duras contra el PP.