- La sentencia del Tribunal Supremo sobre el caso Gürtelle supone a Mariano Rajoy una “reparación moral” tras la moción de censura que le desalojó del poder. El PP retuerce el fallo del alto tribunal, que confirmó que la formación conservadora se lucró de la trama corrupta encabezada por Francisco Correa y Luis Bárcenas, acogiéndose a que en la resolución se afea a la Audiencia Nacional (AN) que en su dictamen se excediera en mencionar la caja B de los populares, en tanto que forma parte de una causa judicial aparte donde se dirimen los papeles del extesorero. Sin embargo, que el Supremo no certifique que existió esa cuenta paralela sirve al PP y a su actual líder, Pablo Casado, para justificar que Pedro Sánchez llegó al Gobierno apoyándose en una “mentira”. Es más, su predecesor señaló ayer mismo que aquella moción de censura se construyó “sobre la base de una enorme manipulación de una sentencia que no es firme y además tiene un voto particular”.

El expresidente recuerda ahora el discurso que pronunció el 31 de mayo de 2018, donde relataba que la AN no condenaba “ni al Gobierno de España ni a su presidente ni a ninguno de sus miembros, no condena a ningún militante del PP”. A juicio de Rajoy, “no puede afirmarse la autoría del Partido Popular como autor de delitos de corrupción y prevaricación irregular al no solicitarse su condena en tal sentido”, pues fue juzgado a título lucrativo lo que “presupone que el beneficiario no solo no participó en el delito sino que desconoció su comisión”.

Olvida Rajoy que aquella moción se apoyó en que había una decena de altos cargos de su partidos condenados, y obvia que los jueces no desmienten la existencia de esa caja B. En primer término, el Supremo constata que estar condenado como partícipe a título lucrativo supone haberse beneficiado de los delitos de otro; en este caso, de los cometidos por la trama en los ayuntamientos de Pozuelo de Alarcón y Majadahonda, donde la Gürtelfinanció irregularmente actos electorales. La figura de partícipe a título lucrativo, dicen los magistrados, “no solo es compatible con la buena fe y por supuesto con la inocencia, sino que presupone esta última”. Por eso no hay delito penal para el beneficiado.

El Supremo prueba la relación entre miembros del PP y la trama de Correa, el “nexo” que amalgama los hechos probados, y explica que se creó “un auténtico y eficaz sistema de corrupción a través de mecanismos de manipulación de la contratación pública” (...) “a través de su estrecha y continua relación con influyentes militantes de dicho partido, con posibilidades de influir en los procedimientos de toma de decisión en la contratación pública”.

Otra cosa es la causa de la caja B, que marcha por otro camino judicial, el referido a los papeles de Bárcenas. La fecha de arranque es el 8 de febrero de 2021, cuando la AN deberá dilucidar la existencia de presuntos pagos de las obras de la reforma de la sede de Génova con dinero de una cuenta paralela, así como de sobresueldos en negro a destacados miembros del PP. Fiscalía y Abogacía creen que el partido es responsable civil subsidiario de los delitos fiscales atribuidos a los extesoreros Bárcenas y Álvaro Lapuerta. También se examinarán otros delitos después que el juez Pablo Ruz, primer instructor, no pudiera acreditar cohecho, posibilidad que contempló luego el magistrado José de la Mata.