La norma sobre el euskera en la Administración está "bastante avanzada"

Tres sentencias del TSJN, ha recordado el consejero de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior, Javier Remírez, en comisión parlamentaria, anularon en octubre de 2019 varios artículos del decreto relativos al uso del euskera en documentos escritos, rótulos y folletos, y a la valoración del euskera como mérito en la zona mixta, no vascófona y los denominados servicios centrales.

Remírez, quien ha comparecido en comisión a petición de EH Bildu, ha señalado que las sentencias afectaron a los procedimientos de ingreso por concurso-oposición que se encontraban en tramitación.

Así, se ordenó a los tribunales calificadores de los procedimientos afectados continuar con la tramitación de los mismos dejando sin efecto apartados y anexos que recogían la baremación del euskera en la zona mixta y no vascofona y aplicándose el resto de los criterios.

Esta situación solo afectó a dos convocatorias de ingreso en la función pública, una para el acceso a 14 plazas de empleo de inspector de la Policía Foral y otra para la provisión, mediante concurso-oposición, de dos puestos de trabajo de Técnico en Farmacia del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea.

Para las plazas de acceso por concurso-oposición que se han convocado después de ser firmes las sentencias, se ha aplicado la normativa vigente, que es el decreto foral de 2017 sin los artículos anulados.

De ellas, el Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea ha convocado 15 procedimientos con 451 plazas que se encuentran en distintas fases, a las que se han presentado 14.116 aspirantes, de los que 2.841 han aprobado.

En cuanto a facultativo especialista de área, desde que fueron firmes las sentencias se han convocado 39 procedimientos con 285 plazas de distintas especialidades que ahora mismo se encuentran en fase de inscripción de aspirantes.

Nada más conocer las sentencias, ha indicado el consejero, se constituyó un Grupo de Trabajo Interdepartamental, cuyos trabajos se vieron "lógicamente ralentizados por la irrupción de la pandemia pero que siguen adelante".

El consejero ha precisado que "el trabajo está bastante avanzado y esperamos poderlo tener finalizado próximamente de cara a presentar una propuesta que dote a la Administración de mejor sustento y mayor seguridad jurídica pero que, además, consiga el mayor grado de consenso político, sindical y, sobre todo, social".

"Porque solo tendremos éxito en este cometido si, partiendo de la importancia de preservar el euskera como lengua propia de nuestra comunidad, somos capaces de dar forma a una nueva norma que sea compartida y entendida por el conjunto de la sociedad navarra, independientemente de la zona lingüística en la que viva", ha manifestado.

La portavoz de EH Bildu, Bakartxo Ruiz, ha afirmado que, un año después de las sentencias, "no vamos hacia delante ni hacia atrás" y en este sentido ha aseverado que "es incomprensible que durante un año el Gobierno no haya encauzado esta situación".

Ruiz ha destacado que la decisión del Gobierno de Navarra de no presentar un recurso "constituyó un grave error jurídico y político", ya que "se dio por bueno lo que el tribunal dijo" y eso "fue una gran regresión".

Marta Álvarez, Navarra Suma, ha sostenido que tampoco están "contentos de que no haya un decreto foral" que sustituya el parcialmente anulado, ya que se crea inseguridad jurídica. El euskera, ha dicho, "tiene que ser valorado, pero de una forma adecuada".

Por el PSN, Inma Jurío ha pedido a los representantes de Navarra Suma que "no saquen tanto pecho", porque la normativa durante el Gobierno de UPN establecía "la misma regulación en la valoración del euskera como mérito".

La parlamentaria Blanca Isabel Regúlez, de Geroa Bai, ha considerado que "es necesaria una regulación completa de La ley del Euskera", ya que "nos daría realmente la seguridad jurídica necesaria para proteger como lengua minorizada y cooficial el euskera en nuestra comunidad frente a los usos y ataques partidistas a la misma".