La Comisión Europea recordó ayer al Gobierno español de Pedro Sánchez que cualquier reforma del Consejo General del Poder Judicial debe ser consultada con la oposición y organismos como la Comisión de Venecia, sin que en ningún caso la reforma comprometa la independencia del poder judicial.

En declaraciones a Europa Press, el portavoz de Justicia de la Comisión, Christian Wigand, señaló que Bruselas está al tanto de la última propuesta de la coalición de Gobierno para limitar el poder en funciones del CGPJ. “Es importante que, cuando un Estado miembro reforma su sistema judicial, se lleven a cabo las consultas necesarias con todos los actores relevantes, incluida la Comisión de Venecia”, subrayó. De esta forma, recalcó que el Estado debe seguir los estándares europeos para garantizar que la independencia judicial no se vea comprometida. “Seguiremos de cerca la situación y esperamos más información del Gobierno de España”, explicó Wigand.

Este mensaje del Ejecutivo europeo se suma al aviso expresado hace unas semanas cuando Pedro Sánchez planteó cambiar la forma de elección del órgano de gobierno de los jueces con solo mayoría absoluta para no necesitar el apoyo del PP para renovar el órgano, ante su insistencia en bloquear los nombramientos. Entonces Bruselas insistió que es importante abordar el bloqueo del CGPJ presidido por Carlos Lesmes, pero, a la vez, hay que asegurar que no se percibe vulnerable a la politización.

Mientras Bruselas mandaba su recordatorio al Gobierno español, la Mesa del Congreso admitía a trámite la reforma presentada por PSOE y Unidas Podemos para limitar las competencias del Consejo General del Poder Judicial cuando esté en funciones, que podría debatirse el próximo 15 de diciembre. A la espera de que la Junta de Portavoces defina el orden del día del próximo Pleno del Congreso, el último del año, se prevé que la reforma se debata ese día dentro del cupo parlamentario de los socialistas.

Esta reforma, registrada el pasado miércoles por PSOE y Unidas Podemos, pretende ser un elemento de presión para que el PP negocie la renovación del Consejo General del Poder Judicial, que ayer cumplió dos años de mandato caducado en los que siguió tomando decisiones, incluidos nombramientos. Los socialistas, sin embargo, mantienen congelada la otra reforma presentada junto a Unidas Podemos para modificar el sistema de elección.

El responsable de Justicia del PP, Enrique López, defendió ayer que más importante que renovar el CGPJ es asegurar la independencia de este órgano.