El Partido Demócrata en la Cámara de Representantes de EEUU inició ayer el proceso para un segundo juicio político al presidente saliente, Donald Trump, al presentar formalmente el cargo del que le acusan, el de “incitar una insurrección” por su responsabilidad en el asalto al Capitolio.
El proceso allana el camino para acusar oficialmente a Trump de ese cargo, en una votación en el pleno de la Cámara de Representantes que “podría llegar este miércoles”, dijo el congresista demócrata Dan Kildee, uno de los patrocinadores de la resolución, en declaraciones a la cadena CNN. Los plazos impiden destituir a Trump antes del 20 de enero que tomará posesión Joe Biden, pero sí permitirían inhabilitarle para ejercer cargos públicos y presentarse a la reelección en 2024.
La resolución, añadida a la agenda de la Cámara Baja durante una breve sesión en el pleno de ayer, cuenta ya con 210 patrocinadores, lo que prácticamente garantiza que Trump será formalmente acusado de ese cargo político una vez que el pleno vote sobre el tema.
Se necesita una mayoría simple de 218 votos para aprobar la acusación contra Trump -o incluso menos, si hay ausencias en el pleno-, y los demócratas controlan 222 escaños de la Cámara de Representantes.
La acusación formal en la Cámara Baja obligaría al Senado a iniciar un segundo juicio político contra Trump, tras el celebrado hace un año por sus presiones a Ucrania, pero la Cámara Alta no tiene previsto retomar su actividad hasta el 19 de enero, un día antes de que el presidente electo, Joe Biden, llegue al poder.
Los demócratas consideran aún así necesario someter a ese proceso a Trump por su responsabilidad en el asalto al Capitolio, y aunque no podrán destituirle, han incluido en la resolución otra consecuencia que sí le afectaría: su inhabilitación para ocupar futuros cargos políticos.
Antes de votar en el pleno sobre el juicio político (impeachment, en inglés), los demócratas quieren dar una última oportunidad al vicepresidente saliente, Mike Pence, para que intente destituir a Trump según el proceso establecido en la Enmienda 25 de la Constitución.
Esa enmienda dice que el vicepresidente puede reemplazar al presidente si declara por escrito, con el respaldo de una mayoría del gabinete, que el mandatario “es incapaz” de desempeñar el cargo; pero Pence se ha negado hasta ahora a activar esa vía y es muy improbable que lo haga.
Los demócratas intentaron aprobar por unanimidad una resolución que exige a Pence “usar inmediatamente sus poderes” bajo esa enmienda, pero un congresista republicano se opuso a ello. Por tanto, el pleno de la Cámara Baja planea someter este martes a votación esa enmienda, que da 24 horas a Pence para actuar si no quiere que haya un juicio político, y como no se espera ninguna acción por parte del vicepresidente, todo apunta a que votará para acusar a Trump mañana miércoles.
El texto de la resolución para un juicio político indica que, al alentar la insurrección de sus seguidores, Trump “puso en grave peligro la seguridad de los Estados Unidos y sus instituciones de Gobierno”.
“Amenazó la integridad del sistema democrático, interfirió en la transición pacífica de poder, y puso en peligro una rama de Gobierno. Por tanto, traicionó su confianza como presidente, con los daños manifiestos consiguientes al pueblo de los Estados Unidos”, añade.
El texto presentado sostiene que Trump repitió afirmaciones falsas sobre su supuesta victoria en las elecciones presidenciales del 3 de noviembre y arengó a sus seguidores en un discurso retransmitido el propio 6 de enero.
Igualmente menciona la llamada telefónica de Trump al secretario de Estado de Georgia para presionarle para que le “buscara” un millar de votos para dar la vuelta al resultado a las elecciones en dicho territorio.
Trump se convertirá con este proceso en el primer presidente de Estados Unidos en ser sometido a dos procesos de destitución después de que en febrero de 2020 fuera absuelto tras ser acusado de abuso del poder presidencial y obstrucción al Congreso por presionar a dirigentes de Ucrania para que investigaran a su rival político, Joe Biden, y a su hijo Hunter Biden por sus actividades empresariales.
El fiscal de Washington estudia imputar a Trump. El fiscal general de Washington DC, Karl Racine, está estudiando la presentación de cargos contra el presidente saliente de Estados Unidos, Donald Trump, por incitación a la violencia al apoyar a los manifestantes que asaltaron el 6 de enero el Capitolio. Racine explicó que la investigación está abierta, aunque considera necesaria la imputación “mientras haya un claro reconocimiento de incitación que pueda previsiblemente llevar a la violencia”. En concreto mencionó a Trump, a su abogado, Rudy Giuliani; a su hijo, Donald Trump Jr, y al miembro de la Cámara de Representantes Mo Brooks, por sus arengas a la multitud que posteriormente atacó el Capitolio, sede del poder legislativo estadounidense.
El FBI alerta de “protestas armadas”. El Buró Federal de Investigaciones (FBI) alertó en un boletín interno sobre la amenaza de “protestas armadas” en todo Estados Unidos desde el sábado, de un “levantamiento” a nivel nacional y de un nuevo intento de asalto al Capitolio desde el domingo y hasta la toma de posesión del demócrata Joe Biden como nuevo presidente.
Melania Trump condena el asalto al Capitolio. La primera dama, Melania Trump, rompió ayer su silencio para “condenar completamente” el asalto del 6 de enero en el Capitolio de Estados Unidos, incidiendo en que el país “debe sanar de una forma civilizada” y “la violencia nunca es aceptable”.
