Unidas Podemos ha registrado en el Congreso una proposición no de ley (PNL) pidiendo al Gobierno español que apoye la modificación de la Ley de Secretos Oficiales de 1968 con el fin de evitar que sigan como material clasificado documentos que pudieran poner de manifiesto “violaciones de derechos humanos” o actos delictivos “incompatibles con los valores democráticos”. Así lo traslada la formación morada mediante esta iniciativa, suscrita el 22 de marzo por el diputado y secretario general del grupo parlamentario Txema Guijarro, para su debate en la Comisión Constitucional de la Cámara Baja; y coincidiendo con el anuncio esta misma semana de Pedro Sánchez de que desde Moncloa se está trabajando en una Ley de Secretos Oficiales propia, algo que llevó al PNV a dudar de que se pueda concretar esta legislatura “si se parte de cero en esta cuestión” en vez de proceder a trabajar sobre la propuesta jeltzale para su reforma.
El líder del PSOE se limitó a mostrar su convencimiento de que el paso dado será bueno para “la calidad de nuestra democracia, en todo lo que representa la transparencia”, sin ahondar en las razones del rechazo a la proposición nacionalista, que planteaba levantar el secreto de los documentos clasificados en un plazo de 25 años y de diez en caso de materias reservadas. Las últimas revelaciones en torno al caso de Mikel Zabalza llevaron el pasado mes al PNV a poner sobre la mesa una moción que buscaba desclasificar toda la documentación relacionada con este asunto, que se remonta a 1985, solicitando a la Fiscalía General del Estado la reapertura de las diligencias para esclarecer su muerte. Una petición que Podemos, el otro socio del Ejecutivo, sí respaldó, pero no así los socialistas.
Ahora el texto de esta PNL de la fuerza morada detalla que la actual normativa data de 1968, aprobada durante la dictadura franquista, y que “mantenerla intacta” a día de hoy muestra una “anomalía democrática tanto por sus carencias y limitaciones, como por su discrecionalidad”. “Esto nos posiciona, como país, dentro de un marco más cercano al principio de arcana imperii que a los principios constitucionales de publicidad, transparencia y accesibilidad de un Estado Social y Democrático de Derecho”, ahonda en su exposición de motivos. Y argumenta que el “secretismo” con el que se opera en cuanto a materia clasificada “también tiene efectos negativos sobre la investigación para el esclarecimiento de hechos históricos”.
Tras recordar que en 1984 se emitió una orden ministerial de apertura parcial de ese material y se permitió la consulta con fines de investigación de documentos con antigüedad de más de 25 años del Archivo General de la administración, la iniciativa especifica que, sin embargo, en 2010 el Ejecutivo declaró secreto 14 temas que constituyen “toda la política exterior española”. Simultáneamente, se propuso desclasificar 10.000 documentos por parte del Ministerio de Defensa, lo que “nunca se llevó a cabo”. Todo ello motivó la protesta de unos 400 investigadores en 2011. Es más, en 2017 historiadores trasladaron una carta a todos los grupos parlamentarios en la que reclamaban la reforma de “una norma obsoleta y franquista, incompatible con los usos democráticos de la España actual”. La sospecha es que PSOE y PP intentan tapar sucesos de la Transición que serían susceptibles de ser desclasificados, como el golpe de Estado del 23-F o los años de la guerra sucia contra ETA.
Asimismo, Unidas Podemos critica que se haya roto la “unidad del archivo” enviando el material anterior a 1931 al Archivo Histórico General, al que sí se puede acceder, y que relatores de la Organización de Naciones Unidas (ONU) hayan cuestionado que no existe un criterio claro a la hora de decidir qué documentos pueden levantarse su categoría de secreto oficial. Pero sobre todo, con esta proposición no de ley lo que se reclama es que no se clasifique como secretos oficiales materias o documentos que “pongan de manifiesto violaciones de derechos humanos, perpetración de delitos de lesa humanidad, actos delictivos que resulten manifiestamente incompatibles con los valores democráticos y los derechos y libertades fundamentales, o que vulneren tratados internacionales”.
“Mantener intacta la ley de 1968 es una anomalía que nos aleja de ser un Estado democrático”
Diputado de U. Podemos en el Congreso
