"Es una alegría jurídica, pero también es una buena noticia desde el punto de vista ético". El Gobierno de Navarra ha recibido con "satisfacción y alegría" el fallo del Tribunal Constitucional con respecto a la Ley Foral de abusos policiales y víctimas de extrema derecha, que cuenta ya con todas las garantías jurídicas para ser desarrollada después de que el alto tribunal haya rechazado los recursos presentados en junio de 2019 por PP y Vox.

Contactada por este periódico, la consejera de Relaciones Ciudadanas, Ana Ollo, celebra que el Constitucional rechace la totalidad del recurso y avale así el contenido jurídico de la ley, "ampliamente demanda por la sociedad navarra, que no entiende que haya contextos victimológicos sin reconocer".

El fallo llega tras una legislatura, la anterior, en la que "el PP puso muchos obstáculos". Lo esencial, apunta la consejera, es que el tribunal considera que la ley "presenta un procedimiento acomodado en derechos fundamentales, tales como la vida, la libertad y la seguridad, que vinculan a todos los poderes públicos". Y, además, que la ley, de procedimiento administrativo, "no conlleva enjuiciamiento de hechos delictivos".

Este es un punto clave, porque el principal argumento de PP y Vox contra la ley era la existencia de una comisión de expertos encargada de determinar quién puede acceder a la categoría de víctima de abuso policial o de extrema derecha. Los partidos de derechas consideraban que esta comisión suplantaba la labor de la justicia, algo que rechaza de plano el Constitucional. De hecho, el propio Gobierno de Navarra ya defendió esta tesis cuando conoció del recurso de PP y Vox. "Ahora tenemos vía libre jurídica para reparar a estas víctimas", celebra Ollo.

Al margen de que todavía el Gobierno tiene que hacer una lectura más sosegada, la titular de Relaciones Ciudadanas considera que el Ejecutivo ya puede llevar a cabo todas las acciones previstas por la ley, también la puesta en marcha de la comisión.