El Parlamento de Navarra tiene encima de la mesa una propuesta para reformar la ley e introducir un código sancionador para multar a las instituciones que entorpezcan la labor de investigación de quejas ciudadanas que tiene encomendada el Defensor del Pueblo.
Los grupos de la Cámara han acogido este jueves la propuesta que lanzó Javier Enériz durante su visita al Parlamento para exponer el informe anual de 2020, un año en el que la pandemia motivó el aumento de las quejas ciudadanas en un 17,5% (alrededor de 3.000).
Lo que plantea el Defensor del Pueblo es que exista un mecanismo administrativo ágil al que pueda recurrir para sancionar con “multas coercitivas” a las instituciones (departamentos del Gobierno, ayuntamientos) que entorpezcan la investigación de las quejas, algo que es recurrente y va en detrimento de la ciudadanía.
El problema es que muchos departamentos y ayuntamientos han cogido el hábito de no responder, o hacerlo muy tarde, a los requerimientos del Defensor del Pueblo, que generalmente solicita documentación y datos a las administraciones para responder a las quejas formuladas por los ciudadanos. Algo que dificulta mucho cumplir con todas las peticiones, que van en aumento en los últimos años.
La razón de estos retrasos no cabe achacarla a la mala fe, sino más bien a cierta desidia por parte de las instituciones, para las que no tiene coste no responder o hacerlo tarde. Y eso que el propio Código Penal recoge, en su artículo 502.2, que “negarse o dilatar indebidamente el envío de informes al Defensor del Pueblo” constituye un delito de desobediencia. Lo que pasa es que rara vez se denuncian estos comportamientos ante el Ministerio Fiscal, por eso de que la vía penal debe ser el último recurso.
MULTAS DE MÍNIMO 1.500 €
Pero eso se va a acabar. El Defensor del Pueblo quiere un término medio: ni tener que acudir a la Justicia, ni quedarse de brazos cruzados ante la incompetencia de las instituciones. Para eso, propone en una reforma de ley que ya remitió al Parlamento en junio de 2020, y que el jueves recogieron los grupos, una serie de cambios encaminados a acabar con las dilaciones indebidas.
Los cambios son sencillos. Se trata de incorporar a la Ley Foral 4/2000 del Defensor del Pueblo el concepto jurídico de “multas coercitivas” que ya aplican los juzgados de lo contencioso. Para evitar retrasos, el juez puede determinar la imposición de una multa recurrente que va multiplicándose conforme pasan los días sin cumplir los requerimientos. La reforma propone otorgar al Defensor el poder de iniciar estos procesos.
La redacción exacta es la siguiente: “En caso de que una administración pública o entidad no remitiera información requerida, el Defensor, previo último apercibimiento para remisión en 10 días, podrá imponer multas coercitivas de 1.500 euros reiterables cada veinte días o hacer pública la actitud incumplidora”.
La idea es que todo el proceso sea ágil, la única forma de cumplir con las quejas ciudadanas. Y, aunque la propuesta no es nueva, la mayoría de los grupos trasladó su intención de poner en marcha la reforma.
