Pamplona - La Asociación de Consumidores Irache aconsejó exigir un presupuesto por escrito a la empresa responsable antes de rehabilitar una vivienda. Según datos oficiales, el año pasado 5.429 inmuebles fueron rehabilitados en la Comunidad foral, lo que supone un incremento del 31% respecto al año anterior.

Irache indicó que “es fundamental” solicitar un presupuesto por escrito antes de encargar la reforma. Un documento que “debe indicar exactamente las labores a realizar y el coste que va a tener cada una de ellas” y en el que “debería desglosarse también el precio de los materiales utilizados y de la mano de obra con las horas de trabajo estimadas”, explicó. “Si el consumidor ha aceptado el presupuesto, posteriormente la empresa no podrá cobrarle más de lo convenido”, destacó en un comunicado.

Por otro lado, Irache recomendó informarse sobre las subvenciones a las que se pueden acceder antes de llevar a cabo a las reformas. En este sentido, ha indicado que, según una de sus encuestas, el 64% de las personas desconocen las ayudas que se ofrecen para rehabilitar viviendas o edificios. Unas ayudas por parte del Gobierno de Navarra que, el año pasado, ascendieron a los 2,5 millones, remarcó.

Por otro lado, señaló que las obras en edificios residenciales deben contar con la aprobación requerida en cada situación por la junta de vecinos. La encuesta de Irache indicó, a su vez, que el 22% de los entrevistados ha realizado algún tipo de reforma en su casa en los últimos dos años. Los principales problemas que se han dado han tenido que ver con la calidad de los trabajos, el precio a pagar, con el contrato a firmar o con el plazo de ejecución de la obra.

Uno de los principales problemas en las reformas de viviendas son las modificaciones sobre el presupuesto inicial aceptado. Al respecto, la asociación resaltó que la empresa “debería comunicar cualquier imprevisto que suponga un encarecimiento del pago y el consumidor debería aceptarlo para que lo puedan añadir”.

Igualmente, recomendó que el contrato de rehabilitación debería fijar “una fecha precisa” de conclusión de las reformas y “concretar una penalización por cada retraso que se pueda producir en la fecha fijada” para “evitar los retrasos, una de las principales quejas de los ciudadanos que afrontan reformas”. - E.P.