PAMPLONA - El Gobierno de UPN que adjudicó y gestionó la ejecución del parque central de Bomberos ubicado en Cordovilla entre los años 2006 y 2009, con Miguel Sanz como presidente y Javier Caballero como consejero de Interior, habría incumplido la Ley de Contratos Públicos en varios de sus apartados, según se concluye en un informe confeccionado en 2017 por el responsable coordinador de Buenas Prácticas y Anticorrupción del Gobierno de Navarra. Entre otras cuestiones, dicho documento cuestiona el irregular fraccionamiento del proyecto que llevó a cabo el Ejecutivo regionalista con el fin de contener la desviación presupuestaria que iba acumulando, lo que llevó a aceptar la obra ejecutada sólo parcialmente, ya que de haberla completado habría disparado el sobrecoste por encima del 63%, hasta unos 11,3 millones de euros, lo que habría requerido una nueva licitación.
El informe, datado el 16 de enero de 2017 y realizado por el responsable coordinador de Buenas Prácticas y Anticorrupción, Iulen Urbiola, a petición de la consejera de Presidencia, Función Pública, Interior y Justicia, María José Beaumont, recuerda que el 28 de septiembre de 2006 el director de la Agencia Navarra de Emergencias (ANE), David Sáinz, aprobó el proyecto y el expediente de contratación para las obras de construcción del Parque de Bomberos y un Helipuerto en Cordovilla, a realizar durante los años 2006, 2007, y 2008, cuyo anuncio fue publicado en el portal de contratación el 2 de octubre de 2006. La adjudicación se produjo el 12 de diciembre de 2006 a la empresa Obras Especiales de Navarra SA (Obenasa) por un precio total de 6.842.540,09 euros, con un plazo de ejecución de 19 meses, y las obras se iniciaron en marzo de 2007.
En los dos años que transcurrieron entre la adjudicación del proyecto y la recepción de la obra en marzo de 2009, señala el informe, se produjo una desviación en el presupuesto de licitación de 18,24%, en concreto, 1.247.807,35 euros, para sumar una inversión total de 8.090.347,44 euros, que el expediente justificó en varias modificaciones realizadas a requerimiento del Gobierno de Navarra: sistema de climatización, con una desviación al alza de 601.955,82 euros; torre de maniobras y piscina de prácticas, con un presupuesto estimado de 324.645,04 euros; y otras modificaciones por 321.206,49 euros.
OBRA RECEPCIONADA SIN TERMINAR El 31 de marzo de 2009 fue firmada el acta de recepción de la obra, donde “se pone de manifiesto que se encuentra completamente terminada y que la misma se ha realizado según el proyecto aprobado por el Gobierno de Navarra, iniciándose el plazo de garantía de tres años”, según consta en la citada acta. Sin embargo, “la Agencia Navarra de Emergencias recibe la obra del Parque de Bomberos sin helipuerto; sin torre de maniobras, de la que solo se había construido la planta baja; sin piscina de inmersión, ya que solamente existe un vaso de hormigón de 7x5x5 metros que no puede ser utilizado y sin el sistema de climatización en disposición de funcionar”, señala el informe de Urbiola, que se pregunta: “¿Qué ocurrió para que la ANE contratase la realización de un Parque de Bomberos y Helipuerto en Cordovilla y recepcione sólo el Parque de Bomberos? ¿Cómo es posible teniendo en cuenta que se da un desvío al alza del presupuesto de ejecución en un 18,84%?”.
PROVISIONAL, “A SABIENDAS” Desde un punto de vista estrictamente económico, señala el informe del responsable coordinador de Buenas Prácticas y Anticorrupción, “el presupuesto imputado a la obra, incluida la modificación presupuestaria, está certificado y justificado en el expediente en un 99,99%”. Sin embargo, desde el punto de vista normativo, advierte, “la Ley Foral 6/2006 de Contratos Públicos en su artículo 22.2 establece que el objeto del contrato deberá ser determinado” y en el artículo 128 se señala que “la adjudicación de un contrato de obras requerirá la aprobación y replanteo del correspondiente proyecto, que definirá con precisión el objeto del contrato. Analizado en perspectiva el presente expediente nos encontramos que se licita a sabiendas de que el objeto del contrato no es el determinado en proyecto”.
El responsable coordinador de Buenas Prácticas y Anticorrupción afirma que, “de la documentación analizada y de las conversaciones mantenidas, se infiere que a pesar de que en 2006 la ANE sacó a licitación la contratación de las obras del Parque de Bomberos y un Helipuerto en Cordovilla, el Gobierno de Navarra era conocedor de que el proyecto licitado no era definitivo, es decir, que el objeto del contrato no era el determinado en el proyecto y que iba a estar sujeto a modificaciones”.
Además, en un acta del 18 de diciembre de 2007, en relación con la torre de maniobras y el helipuerto, se hizo constar que “se pretende poder ejecutar la escollera y una parte del helipuerto a lo largo de 2008 y la torre y el resto del helipuerto durante 2010”, es decir, durante la ejecución de la obra, además de los cambios generados, “las partes son conocedoras, cuando mínimo, que el helipuerto, la torre y la piscina no se van a ejecutar en su totalidad bajo la presente adjudicación, sino que se finalizarán en una supuesta segunda fase”.
una desviación superior al 60% Estas modificaciones pretendidas por el Ejecutivo foral, ya fuera por obligación legal o por voluntad propia, “superaban con creces el 50% del precio de adjudicación, como queda patente en la suma de la modificación aprobada por resolución 10/2009, de 19 de enero, del director de la Agencia Navarra de Emergencias y del informe realizado por la dirección facultativa, Bidasoa Arkitektua Bulegoa SL en noviembre de 2008, de título Obras Pendientes de Helipuerto, que estableció una estimación presupuestaria de 3.096.740,08 euros. “Entre ambas se supera el 60% del precio de adjudicación (4.344.547,43 euros), lo que desde un punto de vista normativo obligaba a una nueva licitación”, de conformidad con el artículo 105 de la Ley Foral 6/2006 de Contratos Públicos, según el cual “en los casos en que el importe de las sucesivas modificaciones exceda del 50 por 100 del precio de adjudicación del contrato deberá procederse a una nueva licitación en la que se podrá recurrir al procedimiento negociado sin publicidad comunitaria”.
Sin embargo, destaca el informe, “se decide ejecutar una modificación inferior al 20% que conlleva una ejecución parcial del objeto de las diversas modificaciones”: de la torre de maniobras sólo se realiza la planta baja; de la piscina de inmersión, sólo el vaso de 7x7x5 metros; del helipuerto, la escollera; y del sistema de climatización quedó fuera la enfriadora y todos los elementos de frío de la sala de máquinas con las bombas y accesorios de montaje, “quedando pendiente de ejecución la finalización de la obra por un presupuesto de 3.499.950,47 euros”.
De esta forma, indica el responsable coordinador de Buenas Prácticas y Anticorrupción, “hay que entender que el objeto de las diversas modificaciones es fragmentado, con la finalidad de disminuir la cuantía”, lo que no es acorde con el artículo 22.3 de la Ley Foral de Contratos Públicos que establece que “no podrá fraccionarse el objeto del contrato para disminuir su cuantía y eludir los requisitos de publicidad o el procedimiento de adjudicación que correspondan”.
Sin sanciones. Entre la documentación analizada por el responsable coordinador de Buenas Prácticas y Anticorrupción “no se encuentra el establecimiento de sanciones por demora en el cumplimiento del plazo total de ejecución, sanción que a tenor del pliego, la oferta del adjudicatario y la documentación del expediente tendría que haberse activado a partir del 29 de noviembre de 2008”. La obra se entregó el 31 de marzo de 2009.
Garantía inferior. La garantía de la obra se devuelve dos años antes de finalizar el plazo estipulado. “En la oferta de la empresa adjudicataria y en el contrato entre la adjudicataria y la ANE, el plazo era de cinco año y no tres como se recoge en el acta de recepción de la obra”, indica el informe de Buenas Prácticas y Anticorrupción.
4.344.547
euros. Las diversas modificaciones del proyecto original realizadas por UPN, sumadas a la estimación para ejecutar por completo las dotaciones pendientes en 2009, sumaban 4.344.547,43 euros, cantidad que en términos porcentuales suponía una desviación del 63%.
