Pamplona - El total de personas con alguna discapacidad reconocida en Navarra ha superado ya la barrera de los 33.000 (un 5% de la población) de las cuales 2.185 se han incorporado a este estatus que da derecho a diferentes desgravaciones fiscales, discriminación positiva en el acceso a vivienda, empleo, transporte... durante esta legislatura, lo que supone un incremento del 7% sobre 2015. El número de personas con alguna discapacidad física o intelectual que además recibe algún tipo de servicios o prestaciones ha subido en el mismo periodo de tiempo un 16%, pasando 16.098 en 2015 a 18.727 al cierre de 2018. Esto ha sido posible en parte gracias a notables incrementos en las partidas presupuestarias para capítulos como los centros especiales de empleo (un 33,7%) y las destinadas a las entidades sociales que operan en el sector (un 32% en subvenciones para gastos de funcionamiento y un 81% para programas), según fuentes del Observatorio de la Realidad Social y del propio Departamento de Derechos Sociales. En términos globales la inversión destinada a este ámbito ha subido casi 10 millones de euros pasando de 56,7 millones en 2015 a 66,3 en 2018, un 16,9% más. Las mejoras tanto en materia económica como en el nivel administrativo, no obstante, no llegan a todas las personas con algún tipo de problema (se han registrado 45.686 demandantes aunque un 30% fueron desestimadas y otros ni siquiera lo solicitan) ni colman las reivindicaciones de los colectivos sociales, pero son avances objetivos sustanciales fruto de la combinación de diferentes políticas sociales, de empleo y de dependencia. Actualmente también está en proceso de debate el Plan de Discapacidad que debería cubrir el periodo de tiempo que va desde 2019 a 2022, ya con una visión estratégica.

No resulta fácil dimensionar el volumen de personas con alguna discapacidad en Navarra. Los técnicos suelen manejar una encuesta de 2008 que la cifraba en 41.600 personas, un 7,4% de la población. De lo que si hay datos exactos es de las personas que, con algún problema de índole físico o mental que las sitúa en inferioridad de condiciones para la incorporación sociolaboral, han acudido a la Administración para que le realicen la correspondiente valoración. La discapacidad tiene diferentes grados, como la dependencia, pero el porcentaje clave es el 33%. En este proceso puede decidirse que sí cuentan con una incapacidad o que no. Normalmente logran el certificado más de 2/3 de las solicitudes. Navarra venía de unos años en los que estos reconocimientos se habían instalado en una meseta en torno a las 30.000 personas (entre 2011 y 2016). Es a partir de este segundo año cuando se da un punto de inflexión y los certificados se incrementan hasta llegar a las 33.093, cifra nunca alcanzada en la Comunidad Foral que corresponde al 5% de su población. Algo parecido ha pasado con los beneficiarios de servicios y prestaciones que de una franja de 16.000 personas con algunas han subido a 18.727, superando el salto anterior que se dio entre 2014 (14.405) y 2016 (16.967).

18.727 con servicios o prestaciones. Tener un certificado de reconocimiento de una discapacidad de 33% da derecho a diferentes medidas correctoras del hándicap que supone una limitación física (22.646 personas), intelectual (4.125), enfermedad mental (6.286) o mixta (36), según datos actualizados a cierre de 2018. Entre ellas se encuentra la recepción de una servicio o una prestación de atención como una plaza en un centro ocupacional, servicio de atención diurna, residencia... cuyos presupuestos se enumeran en la columna. En 2018 había 18.727 personas que disponían de algún tipo de ayuda o servicio frente a 16.098 en 2015.

PRESUPUESTOS

Inversión total: pasa de 56,7 millones en 2015 a 66,3 en 2018. Es un incremento que porcentualmente ronda el 16% en ese periodo, que ha sido reforzado en los presupuestos para 2019. Algunas de las partidas de gasto ejecutado de servicios y prestaciones son:

-Servicio de Atención Temprana: de 1,2 millones (2015) sube a 1,5

-Servicio de Atención Diurna: pasan de 4,4 millones a 5,1.

-Servicio residencial permanente: de 30,6 millones a 34,6.

-Centros ocupacionales: pasan de 3,3 millones a 4,1 millones.

-Centro Especial de Empleo: sube de 6,9 millones 8,7 millones.

-Complemento de Alquiler: pasa de 48.300 euros a 68.250.

-PNC de invalidez: sube de 5,9 millones a 6,2 millones.

-PVS Centros ocupacionales: pasa de 530.976 euros 534.789.

-LISMI (minusvalía) pasa de 196.085 euros a 130.473 euros.

-PVS residencias: de 1,7 millones a 2,4 millones de euros.Centros especiales de empleo: más fondos y mejores salarios. Según los últimos datos disponibles, del total de personas con una discapacidad de un grado igual o mayor del 33%, hay más de 15.400 . en edad de trabajar (16-64 años) repartidas así: 8.624 tienen discapacidad física; 3.703 con enfermedad mental y 3.073 con discapacidad intelectual. Una parte de la inserción laboral de personas con discapacidad se realiza a través la red de 54 centros de las distintas tipologías: 27 centros ocupacionales, con 1.332 personas, 16 CEE, con 1.482 personas y 11 EIS, con 166 personas. El presupuesto inicial ha pasado de 7,5 millones en 2015 a 10,1 en 2019. Esto supone un incremento del 33,7%, que es del 43,4%, si se mira solo los salarios a los que se destinan ya 9,5 millones.

Entidades sociales: un 32,3% más para funcionamiento y un 81% en el caso de programas. La partida procedente del 0,7% IRPF para gastos de funcionamiento ha subido un 32,3% en esta legislatura hasta llegar a 1,1 millones en 2019. En el caso de subvenciones ligadas a programas de estas entidades el incremento es del 81%, pasando de 905.000 euros a 1,6 millones.