"Aparte de humillante, no se lo merece nadie"

Colectivos llevaron ayer al Parlamento de Navarra la expulsión con engaño de un senegalés afincado en Ribaforada

23.01.2020 | 06:18
Beatriz, Villahizan, Maite García, Isabel Olave y Alassana Ndir, ayer en el Parlamento.

"Aquel día el destino cayó sobre mi camino. Me esperaban dos agentes que me detuvieron y me llevaron a Tudela donde pasaron dos días como un relámpago hasta que me subieron al avión. No pude hacer nada, ni despedirme, ni recoger las pocas cosas que tenía. Me sentí como un objeto, vi el final de un proyecto de vida de 20 años que empezó en Italia y después en España donde vivía desde hace 13 años, donde me enamoré, me casé y logré papeles que perdí al separarme. Para mantener a mis hijos y enviar dinero vendía bolsos o recogía coliflor y brócoli, no podía optar a más. Llegué a Senegal y tras la emoción inicial el disgusto fue muy grande. Ahora soy también un extranjero total en mi país después de 23 años fuera y empezar de cero es muy duro, y también enfrentarse a la sociedad. No guardo rencor, estoy agradecido a la Ribera, echo de menos los olores de la Ribera y su acento. Aparte de humillante, no se merece ningún ser humano lo que sucedió".

Con esta sencilla y emocionante carta de Modou Khadim Sow, el senegalés que residía en Ribaforada y que fue expulsado de España en mayo de 2019 tras ser detenido con una "cita trampa" en la que el Consistorio le llamó para comprobar unos datos del censo, los colectivos SOS Racismo, Médicos del Mundo, Papeles y Derechos Denontzat y el Colectivo de Senegaleses de la Ribera se dirigieron a los parlamentarios ayer en comisión ante la petición de Bildu de que comparecieran.

Maite García, de Médicos del Mundo, recordó que el Defensor del Pueblo del Estado señaló en su informe que la actuación del entonces alcalde Jesús María Rodríguez había sido "irregular" y que "a la vista de la posible irregularidad en la cesión de los datos del padrón de Sow, a las autoridades policiales, se ha dado traslado del presente asunto a la Agencia Española de Protección de Datos". En este sentido García añadió que "no nos creemos la versión que dio el Ayuntamiento de que era una persona buscada por antecedentes penales, porque se ha demostrado que es falso, tenía antecedentes policiales, no penales".

Las representantes de los colectivos recordaron de forma crítica la actuación del alcalde de Ribaforada, Jesús María Rodríguez, hoy director general de Administración Local, y mostraron su preocupación por la imagen que se traslada a la población con este tipo de actuaciones de la administración "un exceso de competencia que convierte al Ayuntamiento en cómplice directo en el racismo institucional que supone cualquier expulsión exprés", explicó Beatriz VillaHizan, de SOS Racismo, que añadió que "vamos a seguir exigiendo responsabilidades porque la única reparación posible es su retorno".

A este respecto recordaron que el Ayuntamiento es el peldaño más cercano a la población por lo que la detención de Modou supuso una "quiebra de confianza" de la sociedad en general. El también senegalés Alassan Ndir destacó que "la población inmigrante de la Ribera vive ahora con miedo incluso de recoger las notificaciones del Ayuntamiento. Hemos hecho miles de kilómetros para llegar aquí y arriesgamos nuestras vidas para entrar en este primer mundo. No hay derecho a tener que vivir con miedo". Los parlamentarios, a excepción de PSN, destacaron el hecho de que se "premiara" a Rodríguez con un cargo en el Gobierno tras este hecho.