ERMUA. El pasado martes, el consejero Arriola ya intercaló durante su intervención que dos altos cargos de Verter Recycling -el director técnico y el comercial-, conmocionados por la desgracia ocurrida, habían transmitido a los equipos de emergencia desplazados al lugar del trágico suceso que "por parte de la propiedad se había detectado días atrás la existencia de grietas en el vertedero sobre las que se estaba actuando". No profundizó en el asunto porque lo ocurrido en las instalaciones el fatídico 6 de febrero está bajo investigación judicial. Ayer se dio un nuevo paso en ese proceso: la empresa propietaria del vertedero colapsado reconoció, de modo formal, que tuvo conocimiento de la existencia de grietas en esa pared de la escombrera dos días antes del derrumbe, el día 4. No solo eso. A pesar de saber que había una situación de riesgo real y concreta -como también habían denunciado los propios empleados- los trabajos no fueron suspendidos para garantizar la seguridad de las brigadas que trabajaban en esa zona.

Con estos hechos probados sobre la mesa, el Gobierno vasco decidió ayer trasladar toda esa información a la Fiscalía del País Vasco. Así lo confirmaron desde el Departamento de Medio Ambiente. Fuentes cercanas al equipo de Iñaki Arriola -que el jueves se acercó hasta el vertedero para tener un encuentro con los profesionales que bregan a diario sobre la lengua de residuos desplomada- anunciaron además que, por esos hechos, "se ha abierto un segundo expediente sancionador" a Verter Recycling y que "lo ha remitido a la Fiscalía del País Vasco por si alguno de los hechos recogidos en el mismo pudieran ser constitutivos de delito".

Este nuevo expediente, firmado por el titular del Departamento de Medio Ambiente, es independiente del incoado días atrás a la citada empresa por las "presuntas infracciones detectadas" en la inspección realizada al vertedero de Zaldibar el pasado verano. El nuevo sumario, precisaron desde el Departamento, fue abierto "tras recibir de la empresa la documentación que le fue requerida con posterioridad al derrumbamiento" del vertedero que sepultó a dos empleados y ha provocado "afecciones" al medio ambiente, a infraestructuras públicas como la autopista AP-8, así como inquietud entre los casi 50.000 habitantes de los municipios cercanos.

El quid de lo ocurrido En la información entregada se aprecian actuaciones que, "directa e indiciariamente, pudieran tener impacto en la producción o impedimento de la detección temprana del incidente del deslizamiento del vertedero que se produjo el día 6 de febrero", señala la resolución firmada por Arriola y remitida a la Fiscalía. En la documentación remitida a Medio Ambiente por la propiedad de Verter Recycling, se declara que "los días 4, 5 y el mismo día 6 estaban trabajando ante unas grietas que habían detectado en el vertedero y continuando con su actividad. Todo ello sin informar en ningún momento a la Administración tal y como es su obligación, conforme a lo dispuesto en la Autorización Ambiental Integrada".

Así las cosas, se resolvió "poner en conocimiento del Ministerio Fiscal" todo lo actuado en ese segundo expediente sancionador iniciado contra Verter Recycling, por considerar que algunos de los hechos recogidos en él pudieran ser constitutivos de delito. Se refiere, en concreto, a posibles ilícitos "contra los recursos naturales y el medio ambiente" y "contra los derechos de los trabajadores".

El expediente sancionador, resumieron desde el Departamento, se abrió por "infracción muy grave" de la Ley de Prevención y Control integrados de la contaminación. Toda esta operativa fue comunicada a la empresa, a los ayuntamientos de Zaldibar, Ermua, Eibar y Elgeta, a la Agencia Vasca del Agua-URA, así como a los departamentos de Salud, Seguridad, y Trabajo del Gobierno vasco.