El Gobierno de Navarra financia con hasta 160.000 € al Colegio Abogados para a asistir presos

Están destinados a la asistencia jurídica penitenciaria a internas e internos del centro penitenciario de la capital, y a la asistencia letrada en materia de extranjería

08.04.2020 | 11:17
Presentación de la tesis de Viscarret sobre la historia del Colegio de Abogados.

El Gobierno de Navarra ha adoptado, en su sesión de hoy, un acuerdo por el que financia con un máximo de 160.000 euros al Colegio de Abogados de Pamplona / Iruña para prestar servicio de asistencia jurídica penitenciaria a internas e internos del centro penitenciario de la capital, y para la asistencia letrada en materia de extranjería, durante este año 2020.

Según se recoge en el Real Decreto 463/ 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el coronavirus, la suspensión de plazos procesales no se aplicará a los servicios de guardia, actuaciones con personas detenidas, a las órdenes de protección, a las actuaciones urgentes en materia de vigilancia penitenciaria, y a cualquier medida cautelar en materia de violencia de género y menores. En este caso, tanto el servicio de asistencia jurídica en materia de extranjería como el servicio de orientación jurídico penitenciario se encuentran dentro de esta excepción, al tratarse de la configuración de servicios de guardia en ambas materias.

Defensa de los derechos humanos

El Servicio de Orientación Jurídico-Penitenciario (SOJP) comenzó a funcionar en 1998 a iniciativa del Colegio de Abogados con el objetivo de facilitar información, orientación y asistencia en materia de legislación penitenciaria, cumplimento de penas, acceso al turno de oficio y derechos en general a internas e internos del Centro Penitenciario de Pamplona.

Por otro lado, en lo referente a personas extranjeras, en los últimos años España y otros países del entorno se han convertido en destino preferente de personas buscan mejores condiciones de vida, así como de personas refugiadas procedentes de zonas en conflicto.

La defensa de los derechos humanos, independientemente de la procedencia de las personas, nacionalidad o estatuto administrativo, constituye uno de los pilares del Estado de Derecho. En este marco deben intervenir los diferentes colegios de abogados, velando por el cumplimiento de la legalidad por parte de la Administración, y defendiendo los derechos y libertades fundamentales de estas personas a través del ejercicio del esencial derecho a la defensa.