l Pacto de Toledo cierra sus recomendaciones tras cuatro años de debate: pensiones al IPC, retrasar la jubilación y sanear el sistema”; así desparramaba El Mundo la inquietud sobre sus desprendidos lectores y la clase trabajadora el viernes 23 del mes pasado. “Se busca el consenso, pero todavía se recuerda la última ruptura que provocó Podemos”, aseguraba Daniel Viaña en dicha información, donde también se indicaba que “el Pacto de Toledo propone endurecer las penalizaciones en las prejubilaciones aunque, al mismo tiempo, emplaza al Gobierno a estudiar sobre qué colectivos se pueden aplicar excepciones”.

¿Prejubilaciones? ¿Excepciones? A finales de octubre, el lector se veía obligado a releer con el susto en el cuerpo algunas notificaciones, como la que nos hacía saber que “El Gobierno prepara más incentivos para retrasar voluntariamente la jubilación”, parte del trabajo de Laura Olías para El Diario ese mismo día 23. Y otra información, la de Marta Borraz publicada igualmente en eldiario.es el día 28, nos indicaba que “El Gobierno recupera la partida para Memoria Histórica con 11 millones tras los ochos años del PP sin destinar ni un euro”. Lo cierto es que en “España, según el Mapa de Fosas oficial, hay más de 114.226 personas desaparecidas que yacen en fosas”.

Quizá por todo ello, desde el viernes 29 y en insurgente.org, Juanjo Basterra consideraba esencial recordar que “la necesidad de establecer una legislación que proteja al trabajador es urgente, aunque la realidad está demostrando que lo que se están protegiendo son los intereses de las empresas con la desregulación que se produce en el mercado laboral”.

Basterra también entendía que en “el Estado español existen en torno a 300.000 trabajadores que se ven obligados a ser falsos autónomos para obtener unos ingresos económicos” y que “el falso autónomo es una situación ilegal cada vez más frecuente”. Pero ELA advertiría ya el día 30 “de que las nuevas recomendaciones aprobadas por el Pacto de Toledo el 27 de octubre acarrearán más recortes en el sistema de pensiones y pide un debate urgente sobre el reparto de la riqueza”. Podía leerse, en ese trabajo publicado por naiz.eus, algo más sobre “la nueva propuesta”, pues “el sindicato apunta que en ella no se concreta que la revalorización garantice el poder adquisitivo, pretenden recortar la cuantía de las nuevas pensiones, limitar la jubilación anticipada, recortar la pensión de viudedad y añade que llama la atención que no haya ni una sola mención a la reversión de las reformas anteriores”.

ELA cree, además, “que, en lo que afecta al retraso de la jubilación, la situación es muy preocupante. Según los datos del sindicato, una de cada 4 personas es pensionista, con una cuantía media de 1.260 euros en la CAV y en 1.167 en Nafarroa”. Y a esto, “hay que sumarle la evidente brecha de género, ya que la pensión media de las mujeres es un 40% menor que la de los hombres”. Entonces, ¿qué recibirá el trabajador y la trabajadora menos afortunados a partir de ahora? Probablemente, más de lo mismo, pues la “compra de armamento acapara el grueso de las inversiones del Estado en el presupuesto de 2021”, según el titular de un nuevo artículo: el de Pablo Elorduy para Hordago el primer día de noviembre. “De este modo -concluye-, más del 40% de las inversiones reales del Estado serán destinadas a gasto militar”.

El espíritu del Pacto de Toledo parece, pues, perpetuarse en los del nuevo gobierno de España y, a lo largo de esta última semana, todavía podía leerse a Desiderio Martín Corral (Gabinete de Estudios Confederal de la CGT) en su artículo de ese 1 de noviembre para Hordago sobre algo que nunca parece pasar a mejor vida: “Ahora, en plena crisis social, laboral, climática y sanitaria, nos volvemos a encontrar con la miserabilidad de la política institucional que ha encontrado en el anestesiante y engañoso consenso del Pacto de Toledo la sempiterna justificación de que estamos ante un mal menor, que en toda negociación siempre hay que ceder algo, que se ha conseguido lo mejor posible, que, que..”.

Nuevos pactos, viejas miserias. ¿Nobleza obliga?

Pablo Elorduy sostiene que “más del 40% de las inversiones reales del Estado serán destinadas a gasto militar”

El espíritu del Pacto de Toledo parece, pues, perpetuarse en los Presupuestos del nuevo gobierno de España