La lucha contra la despoblación, el impulso de una movilidad sostenible con bonificaciones para el transporte en autobús, la mejora de la financiación local y el avance en infraestructuras como el Canal son los grandes retos para esta legislatura en el departamento de Cohesión Territorial, ha dicho el consejero Bernardo Ciriza.
El objetivo "reducir las desigualdades y asegurar el equilibrio territorial", y para lograrlo ha invitado a participar al Parlamento "de manera activa y constructiva" porque tras la covid la cohesión territorial es "un elemento valioso para la recuperación".
"La hoja de ruta viene marcada por el acuerdo programático", que incluye "ocho grandes compromisos estratégicos", ha dicho, y aludido a las medidas para revertir el despoblamiento, mejorar y fomentar el transporte en autobús, favorecer la intermodalidad para personas y mercancías, impulsar el transporte a pie y en bicicleta, mejorar la red carreteras, articular un nuevo sistema de financiación local, aprobar una ley de inversiones locales y terminar la ampliación de la primera fase del Canal e iniciar la segunda.
A ello ha sumado los fondos europeos que se recibirán, más de 3 millones REACT EU para mejorar redes de abastecimiento y la eficiencia energética y 22,6 Next Generation para movilidad (12,5 para carriles bici, itinerarios peatonales, aparcamientos disuasorios y transporte público en entornos de más de 50.000 habitantes, 1,5 millones para digitalización del transporte y el resto para subvenciones a empresas del sector).
Como medidas concretas para lo que resta de legislatura, Ciriza se ha referido a la necesidad de una estrategia transversal de despoblación, con criterios de cohesión territorial en todas las políticas publicas del Gobierno, a nuevas licitaciones del transporte de viajeros y "una política mas agresiva de bonificaciones" (gratuito para menores de 6 años y de 7 a 30 y mayores de 65 un descuento de 35%) y las actuaciones financiadas por Europa para la movilidad a pie y en bici.
Ha mencionado también, junto a las actuaciones del Estado en el TAP,un estudio sobre usos del ferrocarril de cercanías para mejorar la movilidad interna y avanzar para incrementar la cuota de transporte de mercancías en el nodo intermodal de Pamplona y en el de Tudela-Castejón.
Ciriza ha aludido asimismo a la empresa pública para gestionar los peajes, que se constituirá a finales de año, a un nuevo modelo que permita una suficiencia financiera "justa y solidaria" para todas las entidades, a la elaboración de un nuevo Plan de Infraestructuras Locales que las adecue a las necesidades del siglo XXI y la modernización de la ley de Administración Local.
Otros retos que ha sumado son la finalización de la ampliación de la primera fase del Canal de Navarra y el inicio de la segunda.
Por Navarra Suma, Yolanda Ibáñez le ha reprochado "vender" pero "hacer poco", y le ha enumerado una lista de actuaciones anunciadas en las que a día de hoy no hay "nada", entre las que ha citado "su propio plan de carreteras", la "promesa electoral" de derogar el mapa local o de aprobar la carta de capitalidad de Tudela, el nuevo Plan de Infraestructuras Locales o el nuevo sistema de financiación de la entidades.
También ha criticado la falta de información para que los ayuntamientos accedan a fondos europeos y de atención sanitaria local, la "paralización" de infraestructuras como el TAP, la falta de ambición en la N121A y la falta de concreción en la segunda fase del Canal.
Jorge Aguirre, del PSN, ha reprochado el tono "nada conciliador" de NA+, recordado la incidencia que ha tenido la covid en el departamento de Cohesión Territorial por su afectación en las entidades locales, a las que se ha acompañado, y pese a ello se "han desbloqueado" asuntos como la financiación para el mantenimiento de las carreteras o el Canal de Navarra, y ha aposado por un consenso para la financiación local.
Desde Geroa Bai, Pablo Azcona ha hecho un recorrido por las actuaciones realizadas y puestas en marcha y puesto especial atención en la financiación de las entidades locales, para la que ha recordado que hay un mínimo que el Gobierno "no puede romper", mientras que ha apostado por agilizar la ejecución del PIL y mantener la discriminación positiva para entornos rurales, pequeños municipios o nuevos obras de libre decisión.
También Adolfo Araiz, de EH Bildu, ha incidido en las entidades locales para instar un desarrollo del mapa local, defendido un nuevo modelo de financiación que dé suficiencia y avanzar en el Plan de Infraestructuras, cuestionado la "apuesta precipitada y aventurada" que se ha hecho para la segunda fase del Canal, que supondrá "80 millones de más por intereses políticos", y barajado que los anuncios sobre el TAP sean "el finiquito" del TAV.
