Estrés y depresión, ¿las nuevas enfermedades profesionales?

Elabsentismo laboral crece año tras año, así como su coste; en 2024 las bajas supusieron 30.000 millones de euros. Un 7% de ellas se deben a trastornos psicológicos, según datos del informe de febrero de la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo (AMAT); estas han crecido un 112% entre 2016 y 2023, alcanzando los 603.521 casos del total de 7 millones de bajas, una cifra sin precedentes.

Investigadores de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) señalan que la pandemia de la COVID-19 agravó los casos de ansiedad y estrés crónico, sobre todo en sectores como la sanidad y el comercio. Sin embargo, las normativas laborales siguen sin abordar los riesgos psicosociales que estas dolencias conllevan.

Leyes obsoletas

Rubén Rodríguez Elizalde, director del máster universitario de Prevención de Riesgos Laborales de los Estudios de Economía y Empresa de la UOC, advierte que, aunque algunas empresas han implementado servicios de apoyo emocional y asistencia psicológica a sus trabajadores, persisten carencias como la falta de regulación y el acceso universal a estos recursos.

Por su parte, Mònica Ricou Casal, profesora de derecho del trabajo y Seguridad Social de los Estudios de Derecho y Ciencia Política de la UOC, subraya otro aspecto importante y es que "las leyes laborales actuales se redactaron para riesgos físicos. Por ejemplo, un trabajador con burnout -síndrome de desgaste profesional, reconocido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como enfermedad profesional en 2022- debe recorrer un laberinto para demostrar su conexión con el trabajo, un trámite engorroso y poco eficaz".

Y es que los trastornos psicológicos carecen del mismo respaldo jurídico que las enfermedades físicas porque las leyes que deberían regularlo, tanto la Ley General de la Seguridad Social como la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, se redactaron durante la Revolución Industrial, cuando predominaban los daños corporales.

Además, es muy difícil probar el vínculo directo entre el entorno laboral y el deterioro psicológico, ya que estos cuadros pueden deberse a múltiples factores, como el historial clínico o las circunstancias personales.

El estigma social es otro factor que entorpece el reconocimiento de estos problemas. La salud mental sigue siendo percibida como una señal de debilidad, lo que dificulta que los trabajadores pidan ayuda, indica Rodríguez Elizalde.

El papel de las mutuas laborales

El experto valora que "las mutuas actúan más como un obstáculo que como una solución" y señala que, por un lado, su enfoque tradicional prioriza las afecciones físicas, lo que dificulta el diagnóstico de las patologías mentales y, por otro lado, estas entidades están financiadas en gran medida por las empresas, lo que puede generar sesgos en sus decisiones.

Además, Ricou Casal señala que la legislación que rige su funcionamiento también es obsoleta. La Ley General de la Seguridad Social data de 2015, pero se basa en la de 1994.

Propuestas de mejora

Para revertir esta situación, se requieren medidas legales, empresariales y culturales, según plantean los expertos de la UOC. Consideran urgente reformar la legislación para que se reconozcan determinadas enfermedades mentales como problemas profesionales cuando haya evidencias suficientes.

Las empresas deben asumir un papel más activo en la protección del bienestar psicológico de sus empleados con evaluaciones psicosociales periódicas, protocolos claros contra el acoso laboral, desconexión digital y programas de apoyo emocional, lo que revertirá en un menor absentismo y una mejora de la productividad.

En el plano cultural es necesario alcanzar una normalización del diálogo sobre la salud mental en el entorno laboral con campañas de sensibilización o formación en inteligencia emocional que ayuden a reducir el estigma asociado a estos problemas.

En definitiva, solo con una estrategia integral que combine leyes más protectoras, compromiso empresarial y concienciación social podrá revertirse la situación que hoy deja a miles de trabajadores desamparados. Así, Ricou puntualiza que se trata de un cambio que exige voluntad política, recursos y tiempo, pero que es inaplazable.