pamplona - El Gobierno foral a través del departamento de Derechos Sociales ha desbloqueado el conflicto en los centros de discapacidad, que suma dos años de huelga; aunque el desencuentro entre sindicatos y patronal se remonta a 2012 cuando se inició la negociación para renovar el convenio sin posibilidad de acuerdo hasta ahora. El sector suma 800 trabajadores y 650 personas atendidas.
CCOO y UGT -con el 37 y 25% de representación, respectivamente- anunciaron que aceptaban la propuesta de la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas, después de que fuera respaldada en asamblea por la mayoría de la plantilla. Calificaron de “hito histórico y conquista sindical que el Gobierno foral incluya determinadas cláusulas de carácter social en los pliegos de los contratos de gestión” y consideraron que “era un primer paso para solucionar el conflicto en el sector”. Acataron la voluntad de la plantilla, pero señalaron que “todavía les parecía insuficiente el contenido”.
El consejero Miguel Laparra anunció que su departamento destinará tres millones más en 2017 para los 15 pisos y los centros de atención a personas con discapacidad para incorporar mejoras laborales y sociales a los nuevos contratos de gestión. El presupuesto total ascenderá a 32,2 millones por los 29,2 de este año, un 10,3% más. Este aumento supondrá que 2,2 millones se usarán para mejoras laborales en el tercer convenio colectivo -el vigente- y 800.000 euros para aumentar las plazas y personal.
La propuesta económica se une al cambio de modelo en la contratación administrativa de los centros de atención a personas con discapacidad del Gobierno foral y los concertados. Las medidas económicas pactadas con UGT y CCOO tienen un impacto del 7,5% de incremento en términos de salario y otros complementos (subida del 3,35% del salario, mejoras en los complementos de turnicidad y trabajo en festivos, reducción de jornada y, para parte de la plantilla, la garantía de cobro del complemento de capacitación). Así, las entidades privadas cumplirán con lo estipulado en el 3º convenio, el de 2012.
El planteamiento para los nuevos contratos de gestión incluye el cumplimiento del convenio colectivo por parte del contratista o la obligación de incorporar modificaciones que se pacten (nuevo convenio o modificación del anterior). También se añade como causas de resolución de los contratos el incumplimiento del convenio colectivo por parte de la entidad gestora; y como causa específica de modificación de los contratos, el pacto de un nuevo convenio colectivo o la modificación de un convenio anterior. Se realizarán tantas licitaciones como centros o pisos haya. Aunque por eficiencia, se podrán agrupar varios pisos o centros en una licitación, la adjudicación siempre se realizará de forma individual. Los contratos tendrán una duración máxima de cuatro años. El Gobierno foral detalló que para que “el acuerdo alcanzado con CCOO y UGT” se aplique “debe licitar de nuevo todos los contratos de gestión”: cinco centros propios (Atalaya, Las Hayas, Infanta Elena, Oncineda y Valle del Roncal), que en estos momentos están en manos de SARquavitae; siete pisos propios (Mendebaldea, Vencerol, Las Torchas, Pamplona, Tafalla, Sangüesa y Barañáin): y modificar los contratos de los centros ajenos (Ramón y Cajal, Adacen y Carmen Aldabe).
En estos momentos, la patronal está representada por la firma privada SARquavitae, que aglutina la gestión del 85% del sector; y las fundaciones Adacen y Aspace. El Ejecutivo espera tener adjudicados los contratos para octubre y así introducir nuevas mejoras en el convenio actual. Para ello tienen asignada una partida adicional de 500.000 euros para los tres últimos meses del año.
A partir de 2017, previo al acuerdo con los titulares de los centros ajenos, el Gobierno podrá modificar los contratos para garantizar la aplicación del convenio colectivo y el resto de mejoras pactado. En este ámbito no hay conflictividad laboral.
Laparra destacó que su departamento se compromete a recuperar “el diálogo a tres bandas (con sindicatos y empresas), de manera que se puedan introducir mejoras en el nuevo convenio que sustituirá al actual, con el objetivo de que esté vigente de 2017 en adelante, durante varios ejercicios”. Para el actual convenio se han fijado mejoras que ascienden a 2,2 millones; pero, todavía no pueden comprometer qué cantidad se podría asignar para ejercicios sucesivos.
Respecto a la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores al no cumplirse el convenio en estos años y el reclamo de la retroactividad para poder recuperarla como insiste ELA, Laparra dijo que “los impagos hasta la fecha recaen en las empresas”.
nueva reunión el miércoles 20 CCOO y UGT recordaron que mantienen la huelga, “ya que solo se desconvocará cuando lo decida la plantilla”. Anunciaron que la próxima reunión para negociar el convenio -ya llevan 52- será el miércoles 20 entre los cuatro sindicatos y las empresas. “Quedan más pasos por dar, como es conocer la cuantía con la que podemos contar para la negociación de las mejoras laborales y llevar a buen término la negociación del cuarto convenio”, dijo Díaz.
ELA, con el 25% de representación, no se pronunció y LAB -con el 11,13%- indicó que la propuesta de la Agencia “es insuficiente”. A su entender, los 2,2 millones permiten que las empresas paguen a partir de ahora lo incumplido en el convenio anterior, pero no bastan para que los trabajadores recuperen el dinero perdido. Además, “el Gobierno no aporta los mimbres económicos para afrontar la negociación del cuarto convenio con garantías” y defendieron las movilizaciones.
gestión de tres pisos tutelados
Adjudicación para agosto. El Gobierno foral autorizó licitar la gestión del servicio de atención de tres pisos para personas con discapacidad intelectual. Se trata de una vivienda en Mendebaldea para 14 personas, otra en Tudela (Vencerol, con 18 plazas) y otra en Estella (Las Torchas, con 12 plazas). El contrato, dividido en tres lotes, uno por piso, tendrá vigor desde la fecha de la firma hasta el 31 de diciembre de 2017 y podrá prorrogarse anualmente por un máximo de cuatro años. El presupuesto máximo previsto para el primer periodo 2016-17 se eleva a 1,7 millones. El valor estimado, incluyendo todas las prórrogas, asciende a 5,7 millones.
