“El sistema público de pensiones es posible ahora y en las tres próximas décadas”

-Pienso que la crisis ha puesto en cuestión los sistemas de representación democrática en general y que hay que recomponer legitimidades. Esto en cierto modo afecta también a los sindicatos. Para contrarrestar esto, hay que estar muy pegado al terreno. También demostrar la utilidad y creo que estamos en ello. Recuperamos afiliación y representantes en las empresas. Por otro lado, estamos impulsando medidas para hacer frente a algunos de los problemas: subidas salariales en torno al 3% por año, salarios mínimos de convenio de 14.000 euros anuales (que en Navarra no afectan demasiado pero en otros territorios, sí), dar seguridad sobre el sistema de pensiones, medidas eficaces contra la precarización del empleo como denunciar -y ganar- la utilización fraudulenta de trabajo autónomo para ahorrar costes y cotizaciones?

¿Hasta qué punto es responsable de la situación la reforma laboral?

-Tiene mucho que ver. Es una apuesta por la caída de los sueldos y por otorgar mucho más poder al empresario a la hora de modificar las condiciones de trabajo, contratar o despedir. Permitir que un convenio de empresa pueda rebajar los salarios del convenio sectorial aunque la empresa vaya como un tiro, o que si no se produce la renovación de un convenio colectivo este pueda desaparecer, ha debilitado la posición negociadora de la clase trabajadora. Decían que así habría menos despidos, pero los datos dicen que en la crisis se despidió, y pasada la crisis se vuelve a contratar. Eso sí, más precario, otra vez con la temporalidad más alta de Europa y con más tiempo parcial.

¿Confía en que el Gobierno de Sánchez introduzca de verdad cambios en esa reforma?

-Así tiene que ser. Estamos cerca de acordar un paquete de medidas que supondrían derogar aspectos centrales de la reforma laboral, como las condiciones de subcontratación, la prevalencia del convenio de empresa que baja los salarios, o evitar que los convenios puedan desaparecer por la llamada ultraactividad. Pero falta más: que no se pueda modificar lo pactado de forma casi unilateral, o evitar la contratación temporal y el despido como forma de actuación ordinaria de las empresas. Hace falta una mayoría política, que en algunas de estas medidas se puede lograr y en otras va a ser más complicado. No vamos a renunciar a nada de esto, como tampoco a construir un sistema de relaciones laborales más equilibrado, democrático y moderno.

¿Cómo ve los posibles presupuestos de PSOE-Unidos Podemos (UP)?

-Sería bueno que hubiera presupuestos. El acuerdo PSOE-UP requiere de más apoyo para evitar una prórroga presupuestaria que creo que no le conviene al país. Se ha montado una escandalera sobre las medidas de ingresos y gastos pactadas, que tienen mucho de sobreactuación de la oposición en clave política. En nuestras estimaciones las medidas fiscales tendrán un impacto de 3.400 millones, poco más de tres décimas de PIB. España tiene una presión fiscal siete puntos inferior a la media de la zona euro, en términos de PIB. Las medidas pactadas son necesarias pero insuficientes, es obvio.

Parece que la lucha de los jubilados se va diluyendo, ¿cree que un posible adelanto electoral difuminaría su reivindicación?

-Creo que las movilizaciones en defensa del sistema público de pensiones, que llevan en pie más de un año, han demostrado el gran aprecio que la ciudadanía tiene por el sistema, legitimándolo de una forma muy positiva. No hay ningún partido que se atreva a plantear un recorte radical de las pensiones por el enorme costo electoral que tendría. Ahora se trata de revertir medidas que se impulsaron en 2013 para reducir paulatinamente las futuras pensiones, empezando por su revalorización según la evolución del IPC.

¿Es posible mantener las pensiones para quienes tienen ahora 50 años?

-Es posible. Depende de una decisión que es política: ¿Cuánto se quiere gastar España en mantener un sistema público de pensiones? Según nuestros cálculos, para mantener un sistema similar al actual habrá que aumentar el gasto en pensiones hasta algo más de un 14% del PIB. Estamos hablando no para ahora, sino hasta el año 2050 aproximadamente. ¿Es posible? Por supuesto. Italia o Francia gastan ahora cifras similares. Eso sí, hay que decir a la gente la verdad. Asumir mayor coste (habrá más pensionistas, que previsiblemente vivamos más años de media, y con pensiones más altas) exige más recursos. Por eso hay que abordar desde ya ese debate, y tenemos una batería de propuestas: subida de salarios mínimos, destope de las bases máximas de cotización, equiparar las cotizaciones del régimen de autónomos al régimen general, que la “caja de las pensiones” no sufrague gastos que no le corresponde, etc. Y contar con los PGE, porque las pensiones no se pueden financiar (no lo hacen ya) exclusivamente de cotizaciones sociales.

¿Cómo ve el futuro de las pensiones con estos presupuestos?

-El acuerdo entre el Gobierno y Unidos Podemos aporta cosas positivas y se queda corto en otras. Hace una apuesta por el papel del diálogo social y del Pacto de Toledo para afrontar el futuro de las pensiones. Esto es bueno después de la ruptura de consensos que supuso la reforma de 2013. Apuesta por la revalorización en base al IPC pero se olvida del factor de sostenibilidad, que establece una relación directa entre la esperanza de vida y la cuantía de la primera pensión. Tampoco es muy explícito en cuanto a ingresos. En todo caso, abre una puerta a una negociación amplia que aborde estos temas y sirva para lanzar un mensaje de confianza: el sistema público de pensiones es posible ahora y en las próximas tres décadas.

Estuvo en Tudela por el caso de Uvesa, que deberá hacer frente a una multa importante, al igual que otras empresas, ¿tiene conocimiento de que hayan cambiado su política?

-La acción de CCOO está siendo decisiva para desenmascarar prácticas de empresas que utilizan falsas cooperativas de trabajo asociado para ahorrar costes salariales y cotizaciones sociales. Son miles los puestos de trabajo que hemos regularizado y varios millones de euros que han ingresado los trabajadores, así como la Seguridad Social en cotizaciones atrasadas. Hemos protegido a la gente trabajadora, y por eso la dirección está poniendo muchas trabas en el proceso electoral abierto, para que no se contabilicen las trabajadoras y trabajadores que antes estaban de falsos cooperativistas, lo que conllevaría una ampliación del comité de empresa.

¿Cuál es su opinión de las críticas de UAGN a la renta garantizada?

-Navarra y Euskadi son los dos territorios con rentas garantizadas más altas, y las tasas de paro más bajas. Las rentas de inserción deben abrirse paso en el conjunto de España, yo creo que en el marco de una reformulación de la prestación de desempleo, que tal como está concebida no da respuesta al paro de larga duración. En contra de algunos mensajes, las rentas de inserción no desincentivan la búsqueda de empleo sino los salarios de miseria, que no es lo mismo. CCOO impulsamos en su día una ILP para que se aborde este tema y tenemos prácticamente cerrado un acuerdo para recuperar el subsidio de los 52 años, incluso con alguna mejora respecto al que había antes de los recortes.

¿Teme una nueva recesión que muchos auguran?

-Hay una ralentización de las previsiones de crecimiento a nivel mundial, que pasa del 3,9% al 3,7%. En Europa también de dos décimas, aunque se mantiene de momento la previsión del 1,9% para 2019. Se ha encarecido la financiación para las economías emergentes por la alta retribución de los bonos norteamericanos, lo que está succionando capitales que dejan a la vista las debilidades de economías como la argentina y otras. Y China ha bajado su crecimiento medio del 10,4% al 6,3% dentro de un proceso de transformación interna. La economía española ha sido excesivamente dependiente de factores externos para crecer. En 2016 estos “vientos de cola” produjeron el 70% del crecimiento. Hacen falta pautas de desarrollo más sostenibles. Apunto tres: mejor distribución de la riqueza que consolide la demanda interna (salarios y juego entre fiscalidad y gasto público), modernización del aparato productivo y del tamaño medio de las empresas y regulación del llamado “mercado laboral” para evitar que ante la ralentización del crecimiento o futuras recesiones, se vuelva a producir el enorme aumento del paro que se dio en la anterior.

¿Ha habido empresas que han sacado beneficio de la crisis con la reducción salarial?

-Sí. La crisis ha afectado de forma muy injusta a la sociedad y el crecimiento se está repartiendo de forma muy desigual. En 2017 las empresas ganaron 37 mil millones más y repartieron 15.633 millones adicionales en dividendos, respecto a 2008. Por el contrario la remuneración de asalariados fue de 10 mil millones menos. En parte por la reducción de salarios (el 8% en puestos de trabajo equivalentes) y porque no se han recuperado ni de lejos las horas de trabajo perdidas en la crisis. Las empresas españolas se han desendeudado mucho, quedando su nivel de deuda por debajo de la media europea, y esto sí es una buena noticia. Precisamente por todo esto es necesario subir los salarios en general y los más bajos en particular. Es por justicia social y es por eficacia económica.