este verano varios conflictos laborales han teñido de negro los resultados positivos de la EPA, con una caída del paro hasta los 24.100 desempleados y una creación de 10.000 puestos de trabajo hasta los 293.700 ocupados. La plantilla de SGE, con 120 trabajadores, la de Apoyos Metálicos, con 73, y la de Ombuds, con 60, salieron ayer a la calle para visibilizar su delicada situación. En total, 253 empleos que se encuentran en el aire y que se unen a los más de cien de KSS en Orkoien. A primera hora, los empleados de Kayaba volvieron a manifestarse enfrente de la sede de Desarrollo Económico porque la dirección se reunía con el vicepresidente en funciones Manu Ayerdi para tratar sobre el proceso del cierre de la factoría de bombas hidráulicas -mañana concluye el periodo de consultas de este ERE-.
Los empleados de la empresa de automoción SGE, en huelga por semana desde mayo, se concentraron a las 11.00 enfrente del Parlamento foral para exigir una solución a la compañía, que solicitó el concurso de acreedores después de que decidiera retirar el ERE para toda la plantilla. Lourdes Díaz y Nieves Marín, representantes de los trabajadores por ELA, denunciaron la precariedad de sus salarios y las condiciones en las que desarrollan su actividad. A escasos metros de allí, a las 12.15 trabajadores de la firma de seguridad privada Ombuds exigían “una solución para las casi 8.000 familias que están sin cobrar en España”, se leía en la pancarta que desplegaron.
El juzgado de lo Mercantil número 13 de Madrid declaró ayer mismo el concurso voluntario y ordinario de Ombuds y acordó la intervención de las facultades de administración y disposición sobre su patrimonio. El concurso se tramita como ordinario, teniendo en cuenta, según explica el auto, que reviste “cierta complejidad” por superar el inventario aportado los cinco millones de euros, por estar constituida la lista de acreedores por más de 50 y porque la valoración de los bienes y derechos supera los cinco millones. La compañía suma en la Comunidad Foral unos 50 vigilantes de seguridad y unos diez auxiliares de servicios que trabajan en Carrefour, RTVE, Eroski o Correos, entre otras. En el edificio de la empresa pública de servicio postal y paquetería, situado en el Paseo Sarasate de Pamplona, protestaron los afectados a quienes la empresa adeuda varias nóminas. Quince minutos más tarde, a las 12.30, decenas de empleados de Apoyos Metálicos, empresa especializada en torres de aerogeneradores, ocupaban la plaza Tomás Caballero, porque una representación sindical iba a reunirse con el Gobierno de Navarra para pedir que intervenga en este conflicto. Esta firma anunció el 5 de julio el cierre, con 73 empleados. Según ELA, la dirección argumenta que el espacio “no tiene las dimensiones para abastecer a Gamesa”, uno de los principales clientes de la firma, pero el sindicato le reprocha falta de inversiones a pesar de ganar dinero. ELA también recriminó a la empresa “premeditación y alevosía” al negociar el ERE.
Por su parte, el comité de KSS celebró ayer asambleas para exponer a la plantilla dos propuestas entre las que debía votar para presentar la más apoyada mañana en la última reunión del ERE. En el sufragio participaron 85 empleados de 107 afectados por el expediente: 51 se decantaron por la propuesta número 1 y 34 por la 2, informaron fuentes sindicales. La parte social acudirá al encuentro con un documento de ocho puntos, que incluye petición de prejubilaciones voluntarias para los que cumplen 58 o más años hasta la fecha del cierre de KSS, diferentes indemnizaciones para los despedidos con o sin recolocación, compensación para los relevistas, una fórmula para el cálculo de las indemnizaciones y preferencia de contratación si en las instalaciones de Orkoien el grupo KYB reanuda la actividad.
