as negociaciones para la fusión de CaixaBank y Bankia, comunicada ya a la Comisión Nacional del Mercado de Valores con el beneplácito y aun impulso del Gobierno central, acabará con toda probabilidad con el aval de los bancos centrales español y europeo a la absorción de la entidad nacionalizada mediante un canje de acciones. La operación tiene toda la lógica empresarial desde la perspectiva de que se trata de liderar el sector financiero estatal en un escenario de contracción del negocio y un aumento de la morosidad como consecuencia de la covid-19, además de ofrecer un alto componente estratégico por las participaciones de CaixaBank y Bankia en relevantes empresas de energía, comunicación e infraestructuras. En concreto, la unión controlaría el 23% del mercado de activos (664.000 millones), el 26% en cuota de préstamos y el 24% de los depósitos, con el factor añadido de que el Estado -dueño del 62% de Bankia a través del FROB- rebajaría su exposición por debajo del 20%, lo que favorecería la venta de sus títulos tras inyectar a modo de rescate 24.000 millones de los que apenas ha recuperado 3.000. Constatada la virtud de la alianza desde la óptica economicista -así lo acredita cómo se dispararon el viernes en Bolsa las acciones de las entidades concurrentes-, se cierne sin embargo sobre el proceso la incertidumbre laboral derivada de que para cubrir todo el territorio bastarían unas 4.000 de las 6.700 sucursales acumuladas por CaixaBank y Bankia debido a su elevado grado de solapamiento, con lo que la cifra de trabajadores también podría reducirse en una proporción similar desde una plantilla conjunta de unos 51.000 empleados. Descontado por los sindicatos un perjuicio seguro para el empleo, cabe exigir el arbitrio de medidas no traumáticas, lo que se traduce en salidas pactadas -básicamente prejubilaciones y bajas voluntarias- también en su caso en Navarra, donde CaixaBank aglutina a 685 trabajadores por 15 Bankia en un total de 149 oficinas. Desde la evidencia de que el proceso de consolidación bancaria ya ha destruido unos 100.000 empleos con el cierre de más del 40% de las sucursales, debiera imperar en esta ocasión el necesario equilibrio entre el legítimo beneficio empresarial y el debido respeto a la concertación laboral, con un retorno a la ciudadanía mediante inversión social que en el caso de CaixaBank constituye una de sus principales señas de identidad tras la absorción de Caja Navarra, ya diluida en el conglomerado de Banca Cívica. Los reguladores también deberán garantizar que la concentración de un 80% del mercado entre la nueva entente, el BBVA y el Santander no afecte a la competencia, es decir, a los consumidores.
