El departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente ha sancionado entre 2022 y 2024 a siete empresas agroalimentarias por no respetar la Ley de la Cadena Alimentaria, la mayoría por no respetar los plazos de pago, catalogado como infracción grave.

Las multas han oscilado entre los 9.700 y 3.200 euros, con un montante total de 37.300 euros.

El resto de incumplimientos se refieren a no haber formalizado el contrato y a no haber incluido el precio en dicho contrato -ambas calificadas también como graves- y por no añadir los extremos mínimos en el contrato, considerada una falta leve.

"Intensificar los controles"

En el Pleno de este jueves, el consejero José Mª Aierdi, ha asegurado que la "voluntad" del Ejecutivo foral es "intensificar" los controles para garantizar el cumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria. Así ha respondido a una pregunta oral formulada por Contigo-Zurekin. "En 2023 realizamos 43 controles y en 2024 nos hemos comprometido a hacer 200 inspecciones", ha remarcado.

Según ha resaltado Aierdi, "estas inspecciones se han pactado y se han negociado con las organizaciones agrarias y así se quiere concretar cuáles son los sectores de mayor riesgo".

El consejero ha destacado que la mayoría de las empresas "cumplen con la exigencia que marcan las relaciones laborales y comerciales"; pero para aquellas que no lo hacen, existe el instrumento adecuado.

Colaboración entre administraciones

Para ello, ha considerado que "es fundamental" una "labor de coordinación entre administración central y comunidades autónomas". "No podemos llegar a la última parte del escalón de la cadena, la de los fabricantes y los distribuidores, porque los mayores distribuidores tienen sus razones sociales fuera de la Comunidad Foral; y, por lo tanto, no tenemos autoridad, no cubre nuestra normativa la capacidad de inspección en este sentido. Y por lo tanto, es fundamental que se produzca esa inspección, esos controles, y que se haga de manera coordinada, en este caso desde la AICA, que es el órgano autorizado", ha explicado.

"Una buena ley"

Ha considerado Aierdi que la de la cadena alimentaria "es una buena ley" y que es "un instrumento razonable para incentivar en un ámbito de preocupación importante para el sector y para las administraciones". "Una herramienta positiva, una herramienta que lógicamente no es la solución pero está en el camino de trabajar por unas relaciones distintas entre productores y el resto de la cadena", ha manifestado. Los últimos dos meses, en el marco de las tractoradas, agricultores y ganaderos han defendido entre las reivindicaciones cumplir esta normativa.

"Navarra, la más rápida"

Según ha destacado, Navarra es "una de las comunidades que más rápidamente actuó", tras la modificación de la norma en 2021, "en el desarrollo de los controles que recogía la misma".

En concreto, "solamente cuatro comunidades habían sancionado incumplimientos en la ley de la cadena en 2022", y aunque "en 2023 la aplicación de los controles y sanciones se ha extendido a más comunidades", no todas "han procedido a iniciar ningún expediente sancionador".

Los porcentajes

"En el caso de Navarra, los incumplimientos más frecuentes han sido los de no respetar los plazos de pago, aproximadamente un 50%, las infracciones en la ausencia de controles, un 25%, y las infracciones por precios inferiores a los costes de producción únicamente alcanzan el 5%, que son las que evidentemente nos preocupan en mayor medida", ha remarcado, tras añadir que "Navarra ha sido la única comunidad que ha establecido una sanción en este ámbito".

Por otro lado, ha destacado que "es importante también el papel que va a jugar el observatorio de la cadena que se implementará este verano".

La respuesta

Por su parte, el portavoz de Contigo-Zurekin, Carlos Guzmán, ha señalado que, en función de los datos de los que dispone la coalición, por "norma general, los operadores de nuestra comunidad cumplen con la legislación vigente", ya que de "47 operadores y 122 relaciones comerciales analizadas", han derivado sanciones a "12 operadores por 27 incumplimientos en los tres últimos ejercicios".

"No obstante, para hacer frente a esa minoría incumplidora que antepone su codicia al interés general, es imprescindible aplicar de manera contundente, como ya está haciendo su consejería, esta ley", ha indicado, tras felicitar al consejero y al departamento "por su apuesta decidida por la aplicación" de esta normativa. "Y también por la ambición demostrada, comprometiéndose en este ejercicio 2024 a alcanzar los dos centenares de contratos revisados", ha añadido, para a continuación subrayar que "este es el camino a seguir".  

En breve

¿Desde cuándo hace Navarra controles? Desde 2021.

¿Han sancionado todas las comunidades? El año pasado había ocho comunidades, entre ellas la CAV y La Rioja, que todavía no habían aplicado sanciones. Navarra se posiciona como el cuarto territorio con mayor número de incumplimientos sancionados.

¿Qué infracción es la más frecuente? La mitad de las sanciones en la Comunidad Foral se producen por no respetar los plazos de pago; el 25%, por la ausencia de contratos escritos; y un 5%, por aplicar precios inferiores a los costes de producción -la falta más compleja de probar desde el punto de vista del control-. Navarra es la única comunidad que ha impuesto multas por este motivo.

¿Se cubren todos los eslabones? Los controles de la Comunidad Foral se centran en el primer eslabón, la venta entre productor e industria agroalimentaria o almacén, ambos con sede en Navarra y con un contrato que no afecta a un ámbito superior. Por eso, quedan descuidados los contratos relacionados entre la industria y la distribución debido a que compete su inspección a la Administración General, porque generalmente las sedes de las empresas de distribución se encuentran fuera de la Comunidad Foral.

¿Quién debe hacer los controles a la gran distribución y a la gran industria? AICA (la Agencia de Información y Control Alimentarios).