Navarra espera topar el precio de la vivienda en 2025: en marcha el cambio legal que lo permitirá

El Parlamento de Navarra quiere modificar ya la próxima semana ley de Vivienda de Navarra con el objetivo último de permitir al Gobierno foral topar el precio de los alquileres en algunas zonas. Una promesa política que finalmente adquiere cuerpo legal, pero que tardará todavía unos cuantos meses en cristalizar. No antes de medio año, según las estimaciones actuales del Gobierno. 

La modificación que abordará el Parlamento de Navarra, por vía de urgencia y el procedimiento de lectura única, llega después de que los grupos parlamentarios del PSN, EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin hayan registrado en el Parlamento de Navarra una proposición de Ley Foral para abordar el cambio. 

La Ley que se va a cambiar, del año 2023, incluía dos condicionantes para que el Gobierno pudiese declarar una zona tensionada en precios: que el coste de la hipoteca y el alquiler (más gastos) no supere el 30% de la renta del hogar y que el precio de compra o alquiler en la zona haya subido, al menos, un 3% acumulado más que el IPC en los últimos cinco años. A partir de ahora bastará con uno de los dos requisitos, con lo que se facilita la declaración de zona tensionada y la posterior limitación de precios. 

La declaración como zona tensionada, que se articulará mediante una Orden Foral y con un periodo de validez de tres años, debe ir precedida de una recogida de datos (precios, evolución y subidas) que ya se está produciendo y de un trámite de información en el que se pondrá a disposición pública toda la información según la que se pretende efectuar la declaración de zona tensionada. Esta se publicará en el Portal de Gobierno Abierto del Gobierno de Navarra y se anunciará en el Boletín Oficial de Navarra. Durante un plazo de dos meses la ciudadanía podrá presentar alegaciones. 

La Orden Foral debe ir acompañada de una memoria justificativa, así como de un plan específico para la zona, así como de un acuerdo con el Ministerio de Vivienda y con los ayuntamientos afectados. Será así el Gobierno de Navarra quien proponga los precios concretos con los que se topará el mercado en cada área, pero deberá contar con el visto bueno del estado. De momento solo Catalunya está limitando ya el precio de los alquileres en algunas zonas. 

La mayoría del Parlamento, a favor

Al término de la Mesa y Junta de Portavoz del Legislativo foral, el portavoz del PSN, Ramón Alzórriz, señaló que la vivienda es “una de las primera preocupaciones ciudadanas, sobre todo para miles y miles de jóvenes”. “Ayer veíamos una manifestación importante que reivindicaba que la vivienda tiene que ser un derecho. La política de vivienda tiene que ser una prioridad para este Gobierno y va a ir reflejado en los Presupuestos. Va a contar con mayores recursos y mayor implicación política para que eso sea una realidad”, aseguró.

El parlamentario de EH Bildu Adolfo Araiz explicó que, con este cambio legal, “se va a buscar mejorar la protección de operaciones de compra y arrendamiento de vivienda, introduciendo unos mínimos de información necesaria para dar seguridad y garantías en el proceso”. “De lo que se trata, en definitiva, es de favorecer el equilibrio entre la oferta de vivienda y la necesidad de residencia habitual en zonas definidas como mercado de residencia tensionado, promoviendo, en este caso, los instrumentos, la planificación y las medidas necesarias para revertir desde los poderes públicos tal situación”, apuntó.

En contra de esta modificación urgente se pronunció la parlamentaria del PPN Irene Royo, cuestionando que hayan sido los grupos parlamentarios y no el Gobierno los que hayan presentado la modificación legal. “Una medida de este calado no puede ni debe presentarse de esta manera. Necesita informes previos y toda una clase de documentación de impacto”.

El portavoz de Contigo-Zurekin, Carlos Guzmán, ha señalado que con la declaración de zonas de mercado residencial tensionado se busca “garantizar de manera efectiva el derecho a una vivienda digna y adecuada al conjunto de la ciudadanía”. “Desde los poderes públicos debemos intervenir en el mercado de la vivienda, el mercado de compra y venta de vivienda, el mercado de alquiler de la vivienda, para garantizar a todas las familias, a todos los jóvenes y al conjunto de la ciudadanía ese derecho constitucional que habla de esa vivienda digna y adecuada”