El Gobierno de Navarra y la patronal han aprobado, en el marco del Consejo de Comercio de la Comunidad Foral, el calendario de apertura de establecimientos comerciales en domingos y festivos para 2025, un acuerdo que ha levantado críticas unánimes de los sindicatos, que han quedado al margen de la decisión.

Han cuestionado tanto el contenido como el proceso de decisión y han coincidido en señalar que el actual modelo de apertura en festivos es perjudicial tanto para las condiciones laborales como para la sostenibilidad del comercio local en Navarra.

Según lo acordado entre el Ejecutivo y los empresarios, los comercios navarros podrán abrir el domingo 5 de enero, el 17 de abril (Jueves Santo), el 6 de diciembre (Día de la Constitución), el domingo 21 de diciembre y el festivo correspondiente a cada localidad.

Desde CCOO han expresado su rechazo a este calendario por priorizar los intereses económicos sobre los derechos de las personas trabajadoras. Rubén Belzunegui, secretario general de la Federación de Servicios del sindicato en Navarra, ha señalado que “un Gobierno que se autoproclama progresista no puede obedecer de esta manera a los intereses de las empresas”.

Belzunegui ha destacado el impacto negativo que esta decisión tendrá sobre un sector comercial “feminizado y precario” y ha reiterado su apuesta por un modelo de “apertura cero en domingos y festivos”. Según el sindicato, establecer el 5 de enero como día de apertura obliga a muchas trabajadoras a trabajar la víspera de Reyes, privándolas de la posibilidad de pasar tiempo con sus familias en una jornada señalada.

Por su parte, la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo (FeSMC) de UGT Navarra también ha manifestado su oposición a las aperturas en festivos, calificándolas de “innecesarias y perjudiciales”. El sindicato ha denunciado la falta de poder de decisión de la representación sindical en la configuración del calendario y ha cuestionado la utilidad de estas medidas para el sector.

Desde UGT afirman que la apertura en domingos y festivos no contribuye al aumento de las ventas ni a la creación de empleo, al tiempo que dificulta la conciliación de las personas trabajadoras. Además, aseguran que estas políticas agravan la situación del pequeño comercio, al que consideran especialmente vulnerable frente a las grandes superficies.