El Gobierno de Navarra contempla sanciones para aquellos propietarios que, una vez que entre en vigor, no apliquen la limitación de los precios del alquiler prevista tras la declaración de zonas tensionadas. El ejecutivo considera que dispone ya de las herramientas adecuadas para ello, pero no descarta modificar la regulación para aplicar multas que, en el caso de las más leves, ascenderían a unos 3.000 euros.
Lo ha explicado Elga Molina, directora general de Vivienda del Gobierno de Navarra, tras un encuentro con miembros del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Navarra. Una sesión a la que acudieron casi 150 personas, lo que da una idea del interés que generaba el asunto: la declaración de zonas tensionadas y el procedimiento que va a seguir el ejecutivo para intentar embridar los precios del alquiler, completamente desbocados en los últimos años.
Molina ha asegurado tras la reunión, que se ha prolongado durante algo más de hora y media, que la normativa estatal no contempla sanciones, pero que sí lo hace la ley de vivienda de Navarra, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de una de las medidas estrella de la nueva normativa, que tardará todavía unos meses en entrar en vigor.
A partir de verano
El Ejecutivo confía en que pueda activarse antes del próximo verano, una vez que el Gobierno de España apruebe la resolución y fije el índice que marcará los precios de los nuevos contratos del alquiler que se firmen en los 21 municipios declarados como zonas tensionadas. Para aquellas viviendas que ya han estado alquiladas a lo largo de los últimos cinco años, el precio lo fijará la última renta cobrada, que podrá incrementarse en función del IPC y hasta en un 10% en caso, por ejemplo, de que la vivienda haya experimentado una profunda reforma.
Para los nuevos alquileres el precio vendrá determinado por un índice que se fijará a partir de los datos de precios que se declaran a Hacienda. Un promedio ponderado (metros, estado del piso, altura, muebles...) de las 20 viviendas más cercanas ya alquiladas y declaradas. “No sabemos qué precios va a arrojar este índice”, explicaba Elga Molina, quien admitía que puede arrojar sorpresas en algunos casos, si se declaran a Hacienda cantidades más bajas de las que realmente se cobran.
La intervención de Elga Molina, acompañada por Javier Burón, director gerente de Nasuvinsa,ha estado salpicada por algunos murmullos de los agentes de la propiedad, descontentos con algunas de las decisiones que se han tomado, en Pamplona y en Madrid, en los últimos años, en materia de vivienda. Consideran que la obligación legal de que sea el propietario quien pague por sus servicios está ahuyentando clientela y provocando que sean los particulares quienes alquilen directamente. Y, del mismo modo, consideran que la desgravación fiscal anunciada (90% para las viviendas que se alquilen a través de Nasuvinsa y 50% para las del mercado libre) van a provocar q ue la sociedad pública intermedie un mayor número de alquileres.
Fernando Flores, de la asociación de inmobiliarias de Navarra, reclamaba a Nasuvinsa un sistema de compensación para aquellas agencias que pierdan clientes por este motivo, de tal manera que puedan colaborar con la sociedad pública en este nicho de mercado. Un volumen de contratos que, advierten, crecerá cuando la limitación a los precios haga más atractivo el mercado de vivienda regulado. Burón se mostró dispuesto a colaborar, pero advirtió de que las experiencias vividas en Euskadi y Catalunya no son halagüeñas. “Se firmaron acuerdos, pero no trajeron ni una vivienda”, aseguró.
Por su parte, Molina ha insistido en que la limitación de precios puede desviar oferta al alquiler de habitaciones, “difícil de controlar”, al depende del código civil, y la de temporada. “El propietario es libre, pero se va a inspeccionar, porque el inquilino debe tener otra residencia”.
