Fueron muchas cosas, pero fue también la economía. Porque no es posible entender el cambio político que registró Navarra hace una década sin atender a los números, a las consecuencias de una crisis, la que arrancó en 2008, que triplicó el desempleo y ensanchó las capas de pobreza; que generó un malestar profundo en la sociedad, que, cuatro años antes, había dado al PP la victoria por mayoría absoluta. Y que, en Navarra, paralizada políticamente desde 2012, terminó por facilitar la llegada de Uxue Barkos al Palacio de Navarra tras despojar a la derecha de una envoltura de gestión que a día de hoy no ha recuperado.
Casi todos los indicadores, como no podía ser de otra manera, han mejorado desde entonces. Diez años marcados por un crecimiento económico sólido y en algunos momentos brillante, solo alterado por la pandemia y lastrado por una receta de austeridad cuyos efectos apenas han dejado de sentirse y que han debilitado la capacidad de intervención de las administraciones públicas. En todo caso, el empleo ha regresado a máximos, Hacienda ha reforzado su capacidad recaudatoria, se han saneado las cuentas públicas y la Comunidad Foral ha comenzado a recuperar el terreno perdido frente a otras regiones europeas en términos de renta per capita.
Un periodo, en suma, de consolidación y avance. Pero un tiempo asimismo en el que han comenzado a asomar signos de fatiga en un modelo muy dependiente de la industria, sobre todo de capital extranjero, y de la salud de los socios comerciales europeos, especialmente Alemania. Europa va perdiendo en la carrera tecnológica frente a Asia y Estados Unidos.
Y Navarra, cuya inversión en I+D, no ha avanzado al ritmo deseable, lo nota. En la última década, y especialmente desde 2019, el PIB de la Comunidad Foral crece a menor velocidad que la media española. Y también, aunque la posición de partida es mucho mejor que la del resto, la creación de empleo se ha debilitado. Señales de alarma, todavía tímidas, pero que conviene tener en cuenta, porque el futuro no espera.
2015: una caja vacía y una deuda disparada
En el verano de 2015, cuando se consuma el relevo político, Navarra ya ha comprobado su propia fragilidad. Ha visto cómo el desempleo crecía hasta niveles intolerables (56.000 personas en 2013, en torno a 43.000 dos años después), forzando a cientos de jóvenes a marcharse a otros países y ciudades en busca de trabajo; miles de emigrantes que habían llegado en la primera década del siglo desde otros países deciden regresar ante la falta de oportunidades. Entre 2011 y 2015 el censo pierde 4.000 habitantes, la mayor caída de las últimas décadas. Con una demografía en caída libre, se instala una idea tan peligrosa como falsa: Navarra será más pequeña en unas décadas: desde entonces se han ganado 40.000 habitantes nuevos.
Las arcas públicas se han vaciado y cuando el nuevo equipo de Hacienda toma el mando en agosto de 2015, comprueba que la situación es crítica. “Nos encontramos una situación desastrosa. Con un remanente de tesorería negativo, una deuda que se había disparado terriblemente (nota: pasó del 4% al 18% del PIB) y muchos compromisos presupuestarios ya adquiridos, intereses de la deuda, también los peajes en sombra y algún otro que hemos ido conociendo sobre la marcha. En 2017 por ejemplo hemos tenido que pagar más de 60 millones por gastos sobrevenidos como los terrenos de la Ciudad del Transporte que compró UPN”, recordaba Mikel Aranburu, consejero de Hacienda en una entrevista concedida a mediados de aquella legislatura. En otras palabras: apenas quedaba para pagar las nóminas.
Tampoco había entidad financiera de inspiración pública a la que solicitar auxilio y apoyo. Caja Navarra ha desaparecido en medio de un fenomenal escándalo político, pero por causas puramente económicas: los gestores han antepuesto el crecimiento y el riesgo a la solvencia. Cuando los requisitos se endurecen, solo resisten las más saneadas. Su muerte, que ha dejado a la Comunidad Foral sin un instrumento del que sí disponen todavía en la Comunidad Autónoma Vasca o en Aragón, tiene consecuencias económicas. Se cierran numerosas oficinas y se pierde empleo cualificado, desaparece una palanca que ha sido clave, por ejemplo, para financiar la primera fase del Canal de Navarra, anclar empresas estratégicas, como está sucediendo en la actualidad con KutxaBank o las propias fundaciones de las cajas de ahorros, o para despegar políticas públicas de vivienda.
La Caja de Ahorros de Navarra, una comunidad con la tercera renta per cápita del país y la menor tasa de paro, conoce el mismo final que las cajas de territorios mucho más pobres y menos solventes. Y sus consecuencias se sienten todavía hoy, cuando es necesario recurrir al Banco Europeo de Inversiones para financiar cualquier actuaciones extraordinaria.
Nuevo acuerdo con el Estado, reforma fiscal
Con ese panorama, el primer cometido del nuevo equipo económico es cuadrar las cuentas y hacerlo sin más recortes de los que vienen impuestos por Bruselas y Madrid, que han decidido aplicar una receta de austeridad que estrecha el margen de actuación. También es el momento de negociar una nueva aportación y Aranburu opta por presionar en busca de un mejor acuerdo que proporcione oxígeno añadido: Aranburu decide no pagar 83 millones al Estado agarrándose a un artículo poco conocido del convenio. El tiempo termina por darle la razón.
Junto a ello, la evolución de los tipos de interés termina por echar una mano a los gestores de Hacienda. La deuda se extiende y se renegocia a tipos cada vez más bajos, aliviando el pago de intereses y ampliando año tras año el margen de actuación de la Comunidad Foral, que desde 2017 ya no necesita de nuevas emisiones.
Impulsada por la nueva mayoría, se aborda una reforma fiscal que aumente los recursos propios de Navarra, mejore la progresividad y haga pagar algo más a los grandes patrimonios. El ruido es intenso y, de hecho, permanece. Pero los números cantan: de la mano del crecimiento económico al final de la legislatura se recaudan 800 millones de euros más. La Hacienda propia, el bastión de un autogobierno que solo es real si es solvente, vuelve a estar en orden cuando María Chivite y el PSN toman el relevo tras las elecciones de 2019.
La prioridad del empleo: con nota hasta 2019, algo peor desde entonces
Uxue Barkos solía repetirlo con frecuencia cada vez que era interrogada por la coyuntura económica. “La prioridad es el empleo”. El hecho es que Navarra cumple con nota en esta materia durante los cuatro años de Geroa Bai al frente del ejecutivo, con un ritmo de avance muy similar a la media española: en solo cuatro años se recuperan más de 30.000 puestos de trabajo, todos los que se perdieron en los siete ejercicios anteriores, un hito imposible de entender sin la aportación de la industria.
Por primera vez en más de un siglo, el empleo navarro en las manufacturas, con la gasolina extra que proporciona el sector agroalimentario, supera al de Bizkaia y Gipuzkoa. Pero otras actividades industriales se mantienen en niveles muy altos, como la automoción, y sectores emergentes, como la salud y las renovables, son capaces de generar nuevos puestos de trabajo a pesar de los vaivenes internacionales y de una evidencia: la crisis ha dejado a buen precio empresas que son engullidas por competidores extranjeros mucho más grandes. E incluso compañías con tecnología y mercado, como Gamesa y Acciona, pasan a formar parte de grupos internacionales, alejando sus centros de decisión en un momento clave.
De la creación de empleo, que no se traduce en mejoras generalizadas en los salarios –el desempleo ha multiplicado la oferta de mano de obra y la reforma laboral del PP en 2012 ha devaluado el valor del trabajo– participan casi todas las actividades. Por supuesto la hostelería, pero también actividades de servicios vinculadas a una sociedad cada vez más envejecida y que valora cada vez en mayor medida la educación, así como la salud y el bienestar físico y emocional.
Visto con perspectiva, la pandemia apenas supone un paréntesis. Tendencias que ya eran visibles en 2019, como una cierta ralentización en el crecimiento y el empleo reaparecen incluso con más fuerza a partir de 2022, cuando a la normalidad sanitaria sucede un encarecimiento en los precios de la energía y de los alimentos. Y, ahí sí, Navarra parece haber perdido el paso: crea bastante menos empleo privado que la media y la respuesta aportada desde el Gobierno de Navarra, pisar el acelerador en el gasto público, aumentando la contratación y atendiendo, una tras otra, las reclamaciones salariales de los funcionarios, no parece el mejor remedio, por mucho que la atención de los servicios públicos sea una prioridad incuestionable. De hecho, el aumento del capítulo 1 (gastos de personal) contrasta con la modestia de las inversiones reales y productivas. No es un problema exclusivo de Navarra ni se limita a los últimos años, pero el motor público capaz de impulsar y orientar la actividad económica y el capital, más allá del inmobiliario, lleva tiempo renqueando.
Baja el crecimiento, ¿un modelo que se agota?
La creación de una empresa pública como el INI (Instituto Navarro de Inversiones) es un buen ejemplo de ello Apunta en una dirección de intervención desde lo público, pero apenas golpea, con una única inversión anunciada.
Navarra está creciendo menos que la media desde hace ya unos años (en torno a dos décimas al año) y no parece que el asunto preocupe en exceso a un Gobierno preso de un cierto conformismo, envuelto en la bandera de la sostenibilidad y al que en el último año se le han caído proyectos y realidades empresariales relevantes: Flamasats en Aoiz, Sunsundegui en Alsasua, BSH en Esquíroz e incluso Mina Muga en Sangüesa, tumbado, veremos si de modo definitivo, por una jueza que entiende que las administraciones han hecho mal su trabajo. En renta per capita no solo nos hemos alejado de Madrid y la CAV, sino que, si no cambia la tendencia, Aragón amenaza con un sorpasso doloroso.
A diferencia de lo que sucedió décadas atrás, la corriente no sopla a favor de Navarra, que tampoco se está distinguiendo por una oferta fiscal atractiva que equilibre la timidez de la inversión pública. Europa, nuestro gran cliente, decae; la economía del siglo XXI gira cada vez en mayor medida en torno a grandes concentraciones urbanas, donde florecen servicios de mayor valor añadido; el abaratamiento de la energía puede reforzar a la industria en los próximos años, pero la modestia de la inversión en I+D, que no supera el 2%, reduce la ventaja competitiva. En los últimos años, apenas han surgido nuevos sectores económicos y problemas estructurales, como la desigualdad, están lejos de solucionarse.
