La construcción de 238 viviendas sociales de protección oficial en Pamplona, con una gestión pública de las nuevas promociones previstas, se ha convertido en el nuevo material de enfrentamiento del Ayuntamiento con el Gobierno de Navarra.

Después de las agrias polémicas con la Carta de Capitalidad y con los menas de la Vuelta del Castillo, con duras acusaciones desde el Ayuntamiento al Ejecutivo foral en ambos casos, ahora le ha tocado a la construcción de la vivienda social pública.

El retraso en la tramitación de los proyectos previstos, que la mayoría progresista considera un bloqueo intencionado por parte de Navarra Suma, ha centrado el debate en la Comisión de Urbanismo celebrada hoy miércoles.

Ha sido tras una iniciativa presentada por el grupo municipal de EH Bildu para denunciar la gestión del Ayuntamiento y la parálisis de medidas pese el alza constante de los precios de alquiler.

La declaración ha sido aprobada con los votos añadidos de PSN y Geroa Bai, mientras que Navarra Suma ha votado en contra.

El concejal Borja Izaguirre ha sido el primero en intervenir, acusando al equipo de Gobierno de incumplir los acuerdos para impulsar la vivienda social en Pamplona y de obstaculizar los proyectos en marcha, como el de la Ripa de Beloso.

El portavoz de Bildu también ha hecho alusión al convenio firmado con Nasuvinsa en diciembre de 2021, que contempla la construcción de 159 viviendas de alquiler y 79 en régimen de compraventa, y ha lamentado que siga sin ponerse en marcha.

"El equipo de gobierno no ha hecho nada por ponerlo en marcha condenando así a quienes peor lo están pasando a pagar lo que no pueden o quedarse sin vivienda" ha señalado el edil de Bildu ante el incremento de los precios de los alquileres.

Por parte de Navarra Suma ha intervenido el concejal delegado de Urbanismo Juan José Echeverría, que ha acusado al Gobierno de Navarra de mantener paralizado el citado convenio.

No se ha quedado ahí Echeverría, porque ha señalado que si no se produce una respuesta antes de marzo "consideraremos la oferta caducada y actuaremos por nuestra cuenta". Sobre la relación que mantiene con el Gobierno foral, el concejal de Urbanismo ha sido muy elocuente en su intervención: "No pienso estar detrás del señor Aierdi -consejero de Vivienda- correteando por este asunto".

El concejal de Geroa Bai Javier Leoz ha dado a Echeverría una puntuación cercana al sobresaliente (un 8) por su papel de oposición al Gobierno de Navarra.

Leoz ha acusado al concejal de Navarra Suma de "mentir" y de retrasar intencionadamente la tramitación de licencias para viviendas sociales por intereses partidistas. "Seguro que Javier Esparza lo tiene en cuenta" ha indicado el edil de Geroa Bai en referencia al presidente de UPN.

"Pamplona está llena de grúas de construcción, pero ninguna para viviendas sociales". Esta es la frase que ha empleado Federico Colmenar, concejal del PSN, para referirse a la falta de interés de Navarra Suma en esta materia.

El representante socialista también ha acusado a Echeverría de mantener bloqueado el convenio de las 238 viviendas de protección oficial en seis parcelas ubicadas en los barrios de Etxabakoitz, San Jorge, Milagrosa, Txantrea, Lezkairu y Buztintxuri.

Las nuevas viviendas

Las 79 viviendas en régimen de compraventa se construirán en Etxabakoitz (32 VPO), San Jorge (36) y Milagrosa (11). Nasuvinsa adquirirá estas tres parcelas, abonando al Ayuntamiento de Pamplona un total de 1.170.013,86 euros (más IVA) por ellas.

En parcelas de la Txantrea, Lezkairu y Buztintxuri se levantarán viviendas de protección en régimen de alquiler, donde se prestará especial atención a la población joven.

El mayor número de viviendas se concentrará en el barrio de la Txantrea, donde se prevé construir 77 VPO de arrendamiento, de las que el 50% se destinarán a personas menores de 35 años. Por su parte, en Lezkairu se habilitarán 52 viviendas, todas ellas dirigidas a alquiler joven.

En Buztintxuri, se levantarán 30 viviendas, de las que el 60% serán para menores de 35 años y el 40% restante para personas mayores de 60 años.

Según el convenio, una vez finalizada la construcción de los edificios, Nasuvinsa entregará al Ayuntamiento de Pamplona la propiedad de todos los locales ubicados en las plantas bajas.