Maya encuentra otro obstáculo para el arreglo de la presa de Santa Engracia

Está firmado por el Centro Ibérico de Restauración Fluvial (CIREF) y solicita a la Confederación que rechace la propuesta del consistorio pamplonés, que califica de “inaceptable”.

El informe advierte de la existencia de “una serie de errores de bulto” en el proyecto de reparación planteado por el gobierno municipal.

El primero es que al encontrarse la presa en un dominio público hidráulico estatal y una vez extinguido el título concesional otorgado “los entes navarros y el gobierno autonómico carecen de competencias para declarar su protección cultural o de patrimonio histórico”.

El informe califica de falso el argumento del Ayuntamiento que se refiere a la presa como un elemento no vinculado a una edificación e insiste con el nivel competencial: “El azud se encuentra en dominio público estatal; al tratarse de una demarcación intercomunitaria, la del Ebro, de competencia estatal, está ligada a éste por el principio jurídico de accesión de la superficie al suelo”.

Además, menciona que la “eventual intervención cultural autonómica y local para usarse de modo torticero ante las labores de restauración les haría incurrir eventualmente, como poco, a la administración local y a la autonómica en desviación de poder e incluso ir más allá de los límites del derecho administrativo”, recordando que hay abundante jurisprudencia.

En este aspecto cita en concreto los casos del azud navarro de Txokoto y de la presa turolense de Los Toranes, donde se ha dado marcha atrás a sendos expedientes culturales incoados, respectivamente por el Gobierno de Navarra y el Gobierno de Aragón, “empleados, exclusivamente como medio ilegítimo para evitar la ejecución de las medidas dictadas por estos organismos estatales”.

En estado de ruina

El informe constata que la presa de Santa Engracia se encuentra en estado de ruina y que la propuesta de reconstruir totalmente el alzado del azud y acompañarla de una escala de peces “es totalmente irrealizable”.

También rechaza una alternativa planteada por la CHE para instalar una rampa de bloques de perturbación: “Una rampa de poca altura y pendiente mayor no funcionaría nunca y de ello podrían derivarse lamentables consecuencias legales en cuanto a las autorizaciones pertinentes y las licitaciones para su ejecución”.

El informe del Centro Ibérico de Restauración Fluvial asegura que el Ayuntamiento de Pamplona, como antiguo concesionario, es el responsable de demoler la presa y recuerda que la obligación de demoler “ha de garantizarse en todo caso por la CHE, ya que la demolición o la apertura de la escotadura queda al margen del título concesional y es, sin más, un efecto de su extinción al margen del título concesional otorgado en su día”.

Ante una eventual concesión demanial o “siquiera una mera autorización de obras que volviera a ocupar con un azud reconstruido lo que queda de los restos ruinosos” de la presa de Santa Engracia, el CIREF establece que “no puede realizarse sin el exigente trámite de la revisión de oficio del acto administrativo, si se diera el improbable caso de su nulidad”.

En sus conclusiones, el informe pide el “archivo de cualquier actuación administrativa de la CHE relativa a la reconstrucción de la presa de Santa Engracia, so pena de nulidad y de una eventual y supuesta responsabilidad de las autoridades y funcionarios que pudieran intervenir en su tramitación y resolución”.

Denegación de permiso

Además, pide a la Confederación que “dé cumplida ejecución a lo dispuesto en el acto firme que resuelve la denegación de autorización de reparación de la presa y al requerimiento inmediato de la presentación del proyecto de demolición de estas ruinas y de la adecuación del río Arga en ese tramo”.

Reitera que en virtud de la normativa de acceso a la información ambiental y administrativa, “se nos remita en el plazo máximo de un mes y en formato electrónico el proyecto de demolición que haya presentado el Ayuntamiento de Pamplona o, en su caso, certificación de la falta de cumplimiento de esta obligación”,

Por último, reclama que “se proceda a la eliminación de la presa de Santa Engracia en ejecución subsidiaria, incoando el oportuno expediente, al día siguiente de cumplirse los nueve meses otorgados al Ayuntamiento de Pamplona, con la oportuna notificación del coste aproximado que le supondría al Consistorio”.

La decisión sobre el arreglo de la presa está pendiente. En junio de 2021 la CHE rechazó el primer proyecto de reparación presentado por el Ayuntamiento, que a principios de 2022 realizó una segunda propuesta con el mismo objetivo.

Motivos históricos

Dicho proyecto de reparación apela a motivos históricos y recreativos para plantear el arreglo y conservación de la presa, que resultó dañada en su parte central tras unas inundaciones en 2017.

Propone reconstruirla con los mismos materiales y el sistema constructivo empleado en sus orígenes, así como eliminar el pretil de hormigón que tiene, lo que supondría una reducción de la cota actual entre 20 y 25 centímetros menos.

El proyecto municipal incluye la reposición de la piedra y la estructura de madera, la limpieza del hormigón que recubre varias zonas del azud y la reconstrucción de sillares y vigas de la compuerta de desagüe.

Además, se instalaría una escala de peces para “evitar el impacto que supone para la fauna piscícola del río la presencia de un obstáculo de unos 2 metros de altura (la diferencia la lámina de agua inferior y la coronación)”.

De forma previa a la intervención en el azud, habría que proceder a la revisión de las contenciones actuales y de las condiciones de estabilidad de la ribera de la margen izquierda, así como retirar del cauce el material desprendido de los muros de la antigua muralla y otros restos.

Para ejecutar las obras previstas para el arreglo de la presa, el proyecto contempla habilitar un acceso al cauce a través de uno de los caminos del parque situado en la margen derecha del Arga.

El expediente se encuentra en fase de tramitación en la CHE, según confirmaron recientemente oficiales de la entidad, mientras se analiza la documentación.

Falta un segundo informe, que debe ser elaborado por la consejería de Medio Ambiente del Gobierno foral, que en su momento también abogó por demoler el azud.