El Defensor del Pueblo ha escrito de nuevo al presidente de la Mancomunidad, el concejal de Navarra Suma en Tudela, Fernando Ferrer, para que conteste al documento que les enviaron el pasado 6 de febrero en el que sugería a la Mancomunidad de Residuos Sólidos de la Ribera que eliminara el criterio del alta en el Impuesto de Actividades Económicas (IAE) para determinar la cuota de las tasas por recogida y tratamiento de basuras y la sustituya “por otro criterio más acorde a los principios de igualdad y progresividad”. De hecho, el Defensor recordaba que no todas las mancomunidades usan este criterio para el cobro de las tasas y que la ordenanza existente “no se ajusta a los principios del artículo 31 de la Constitución de la actividad tributaria “igualdad capacidad económica, progresividad y no confiscatoriedad”.
A la vista de esta problemática, I-E presentó una moción en el pleno de febrero por la que pedían a la Mancomunidad que realizara un estudio sobre la cantidad de personas que se podrían ver afectadas por esta situación en Tudela y que, “con la mayor urgencia posible” Ferrer convocara a los órganos ejecutivos que pudieran modificar la ordenanza” tal y como lo solicitaba el Defensor del Pueblo. Navarra Suma votó en contra, dijo que el pleno no era el lugar para discutir este asunto. El presidente de la Mancomunidad ni siquiera tomó la palabra y fue la portavoz, Merche Añón, quien señaló que “si generas residuos de tu actividad se te cobra. La ordenanza fue aprobada a finales de 2022 y en 30 días nadie presentó alegaciones”. Además Añón recordó que hubo ya una reclamación judicial de un despacho de abogados por el mismo tema, perdieron la reclamación y “creó jurisprudencia”, explicó y tomando la queja de la Mancomunidad añadió que “sería conveniente que las quejas se presentaran en la propia sede, de ese modo sería posible plantear estudios”. La Mancomunidad en la respuesta al Defensor señalaba que la tasa solo cubrí el 86% del coste del servicio.
La sugerencia del Defensor del Pueblo se realizó tras las quejas y consultas expuestas por los ciudadanos respecto a la tarifa que se aplica en diversas situaciones y que tiene como base imponible "la unidad de establecimiento o actividad con alta en el impuesto de Actividades Económicas o en funcionamiento", según consta en la Ordenanza fiscal. Enériz indicó a la Mancomunidad en febrero que la tabla de tarifas que se asignan a los distintos epígrafes del IAE produce resultados dispares. “Mientras a un centro de enseñanza le corresponde una tarifa anual de 444 euros -con independencia de los empleados o residentes del centro, de la dimensión, lugar de emplazamiento y superficie del inmueble- a un profesional autónomo se la aplica una tarifa anual de 99,6 euros”. En este sentido explicó en una nota que si son varios los profesionales que comparten un local, cada uno de ellos está sujeto al pago de la tasa, así “un despacho de abogados con cinco profesionales en ejercicio le corresponde abonar por el servicio de basuras 498 euros al año”, más que un centro escolar.
Por ello consideró, y así lo notificó a la Mancomunidad de Residuos, que “produce resultados desmedidos que han de corregirse, bien sustituyendo el criterio fijado para la determinación de la cuota por otro, como puede ser el valor catastral del inmueble, o estableciendo a las actuales tarifas criterios variables y topes mínimos y máximos que permitan una distribución más ajustada de la tasa al principio de igualdad".
Asimismo el Defensor del Pueblo señaló que había analizado varias ordenanzas de otras Mancomunidades en Navarra y constató que todas ellas establecen criterios de modulación que evitan resultados como los que produce la aplicación de la ordenanza fiscal reguladora de esta materia por la Mancomunidad de Residuos Sólidos de la Ribera. Tras tres meses sin recibir respuesta a la propuesta, el Defensor del Pueblo se ha vuelto a dirigir al presidente de esta entidad, Fernando Ferrer.
