El departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra ha estimado de forma parcial los recursos de alzada presentados el 16 de diciembre por la plataforma Stop Biometano Lodosa y Sustrai en contra de la Autorización Ambiental Integrada de la planta de biometano de Sesma, por lo que esta, destacan, “ha quedado anulada”. En este sentido, alegan que, “al no disponer de autorización de todas las personas titulares de las parcelas, el proyecto carece de base territorial suficiente para aplicar en campo los digestatos obtenidos”. La resolución, eso sí, no es firme, y la empresa puede recurrir.
En este sentido, cuenta Mariví Sevilla, una de las integrantes de la plataforma ciudadana, es una noticia de gran importancia “porque confirma que las advertencias que durante meses vienen haciendo vecinas, vecinos y colectivos sociales no eran exageraciones ni alarmismos, sino razones serias, fundadas y plenamente justificadas”.
La justificación
El servicio de Economía Circular e Innovación de la dirección general de Medio Ambiente, revisada toda la documentación presentada para acreditar la base territorial, ha confirmado que alguna de las autorizaciones presentadas por la empresa promotora no se ajusta a los requerimientos de la Orden Foral 234/2025, ya que la autorización para el vertido debe ser del titular de las parcelas y no, en su caso, de las personas arrendatarias. En este sentido, parte de estas autorizaciones no se ajustan a la realidad y, por tanto, deben ser excluidas. En definitiva, el proyecto de la planta carece de base territorial suficiente para la aplicación en campo de los digestatos que vayan a tratarse en la instalación, uno de los requisitos que exige la AAI.
Lucha colectiva
Para la plataforma lodosana la noticia “supone un impulso anímico”, sobre todo, “porque conlleva ganar tiempo”. Y es que, a partir de este momento, la planta de Sesma queda en una situación de paralización semejante a la del resto de proyectos de Tierra Estella afectados por la moratoria. “El Parlamento de Navarra debe dejar de mirar hacia otro lado y legislar de una vez sobre estas macroplantas, fijando límites claros, criterios rigurosos y verdaderas garantías ambientales y territoriales”.
Recalcan, además, que “es la demostración de que la movilización y la lucha social sirven; de que la defensa del territorio merece la pena y de que la presión vecinal, cuando se sostiene con convicción, puede abrir grietas en decisiones que parecían intocables”.
En este sentido, desde LOIU (Lodosa Organización de Independientes Unidos), que también presentó un recurso de alzada, aseguran que no han obtenido respuesta y, por parte del Ayuntamiento, entidad que con los votos de LOIU y el PSN decidió ir al Contencioso-Administrativo, toca volver a analizar la situación.
De acuerdo con la alcaldesa, Laura Remírez, han dejado en manos del equipo de abogados el asunto ya que, tras enviar toda la documentación para recurrir la Autorización Ambiental Integrada, ahora que se ha anulado, todo queda en el aire. Además, asegura que “es una noticia maravillosa, fantástica y estamos muy, muy contentas. Me alegro mucho de que se haya visto recompensando el trabajo de la gente que ha estado al pie del cañón en la plataforma, esa a la que daban por muerta. El contexto y la presión social son muy importantes y nos alegramos enormemente de que el recurso se haya estimado”.
El 10 de mayo, a Pamplona
Desde la plataforma hacen un llamamiento a toda la ciudadanía a continuar implicándose y a participar en la manifestación del próximo 10 de mayo en Pamplona “porque esta lucha no ha terminado. Al contrario; esta resolución demuestra que había motivos para alzar la voz y que ahora es más necesario que nunca seguir defendiendo nuestra tierra frente a un modelo que prioriza intereses empresariales frente al bienestar de los pueblos. Seguiremos trabajando con firmeza, responsabilidad y esperanza para frenar estas macroplantas y para defender un futuro en el que el territorio, la salud y la dignidad de nuestros pueblos estén por encima de cualquier negocio”.
