eS cierto que el nuevo intento de recortar los derechos civiles de los ciudadanos por parte del Gobierno de Rajoy sitúa el debate político en la histórica confrontación entre libertades y seguridad. Pero no creo que en este caso esa cuestión sea la fundamental del proyecto que ha diseñado Gallardón. A la derecha española, anclada aún en buena parte de sus fundamentos ideológicos en las posturas más rancias del siglo XIX y de la dictadura de terror de Franco, que se niegan a condenar cuando no ensalzan y homenajean, esa ansia por la seguridad -el orden establecido que decía entonces la propaganda franquista- se le supone. Las libertades y derechos, los valores de la democracia, son accidentes con los que el paso del tiempo les ha obligado a ir conviviendo sin mayor convencimiento. La nueva contrarreforma regresiva de Gallardón, que aplica desproporcionadas multas administrativas -a la arbitrariedad de los altos cargos políticos sin siquiera el amparo garantista de un proceso judicial- se suma al endurecimiento del Código Penal, y va más allá en su objetivo básico: se trata sobre todo de proteger a las elites políticas, financieras, judiciales, a la casta del poder, del malestar ciudadano. Como las decisiones y acciones de este Gobierno y la esa plutocracia no sólo no tranquilizan ese malestar social, sino que lo incrementan conforme imponen más y más recortes de derechos, lo mejor es seguir haciendo como si no existiese el enfado y la protesta ciudadana. Y la vía más rápida y eficaz es cerrar las calles. Vuelta lógica a aquella máxima franquista de Fraga de la calle es mía. Y así se cierra otro círculo del atado y bien atado.
