El 8 de marzo del año pasado un grupo de trabajadoras llevaron a cabo una acción reivindicativa en la sede de la Confederación Empresarial Navarra y un mes después trabajadoras de la limpieza del sindicato LAB bloquearon un camión de la empresa ISN en otro acto de protesta. La policía coordinó las denuncias de la CEN y de Fermín Elizalde, dueño de ISN, y puso en marcha una operación en la que se detuvieron a seis trabajadoras sindicalistas que se enfrentaban a delitos contra la seguridad vial, coacciones, amenazas y daños. Ahora el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Aoiz ha decretado el sobreseimiento del caso. Dice el juez que no ha resultado debidamente justificada la existencia de los supuestos delitos que dieron motivo a la formación de la causa. Esto es, que no hubo peligro para la seguridad vial y que no hubo ni coacciones, ni amenazas, ni daños. El conductor del camión en su declaración dijo que las trabajadoras se subieron un momento al techo del camión, pero que no causaron ningún daño ni lo amenazaron.

La denuncia se diluye en el aire, pero el daño a estas trabajadoras y a este tipo de sindicalismo ahí queda. La noticia de las denuncias, las detenciones y el juicio salió en todos los medios y en algunos en titulares con letra muy grande. A la rueda de prensa de LAB de ayer para decir que el asunto quedaba en agua de borrajas, sólo acudieron tres.

Por supuesto que las protestas sindicales son un fastidio, para todos además, pero no hay que olvidar que en muchas ocasiones han sido el único modo de conseguir mejoras en las condiciones de trabajo. Intentar criminalizarlas es pisotear dos veces a los trabajadores.