La conmemoración el sábado, 11 de marzo –aniversario de los atentados yihadistas perpetrados en Madrid en 2004–, del Día Europeo en Recuerdo de las Víctimas del Terrorismo ha vuelto a servir, además de para visualizar de nuevo la lamentable división política existente en el Estado y en Navarra por este motivo, para reivindicar la memoria firmemente asentada en la verdad, la justicia y la reparación de los damnificados. La rotunda y sincera condena al uso de la violencia en cualquiera de sus formas para tratar de desarrollar un proyecto político o condicionar la vida en democracia y la consideración de las víctimas como eje central de las políticas de memoria es la base para una convivencia sana y democrática. Tras décadas de terrorismo que han dejado en nuestro país más de 800 víctimas mortales, es obligado mantener abierta esa página negra de nuestra historia hasta leerla por completo. Experiencias pasadas pero que aún siguen vivas en el recuerdo ponen en evidencia que el silencio y el olvido con los que se intenta enterrar la verdadera memoria sin curar antes las heridas de la barbarie y la sinrazón solo producen más sufrimiento y quebranto de la convivencia. De ahí que el derecho a la verdad sea inalienable. El acto celebrado el sábado en Pamplona, que contó con representantes de las principales instituciones, encabezados por la presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, y otros miembros del ejecutivo, como la Consejera de Relaciones Ciudadanas, Ana Ollo y con la ausencia de los partidos de la derecha, iba en esa dirección. Un acto en el que se mostró el “rotundo” rechazo y condena del terrorismo reafirmado el apoyo a todas sus víctimas, apostando por la “defensa del derecho de todas las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición”. Todas y cada una de las víctimas, más allá de quiénes fueran sus victimarios, sin equiparaciones pero sin exclusiones, tienen derecho a la verdad, a que se haga justicia y a que la sociedad les reconozca que los asesinatos de sus seres queridos fueron injustos. Es el principio básico de la deslegitimación de la violencia con fines políticos o ideológicos y, por tanto, la garantía de no repetición. El olvido nunca puede ser aliado de la convivencia a la que aspira una sociedad como la vasca. De ahí que las políticas públicas de memoria sigan siendo tan reparadoras como necesarias.