El Ayuntamiento de Pamplona ha encontrado 400.000 mascarillas quirúrgicas abandonadas en un depósito municipal. Son parte de una remesa entregada por el Gobierno de España, a través del Ingesa (Instituto Nacional de Gestión Sanitaria) en mayo de 2022. Para entonces la mascarilla había dejado de ser obligatoria en espacios públicos, pero seguía siendo necesaria en centros de salud, centros socio sanitarios y en el transporte público. Allí quedaron aparcadas durante un año hasta que caducaron en junio de 2023. Y allí siguen todavía.
La noticia ha causado sorpresa, enfado y mucha crítica política. Porque no parece un ejemplo de gestión dejar apiladas decenas de cajas de material sanitario al que se le podía haber dado salida. Y porque eran responsabilidad de un equipo de gobierno de UPN, que en esas mismas fechas cuestionaba con muchísima dureza la gestión que había hecho el Gobierno de Navarra de sus propias mascarillas.
Es cierto, como han justificado los regionalistas, que llegaron en el tramo final de la pandemia. Cuando las restricciones se habían suavizado y las dificultades para la compra de material sanitario, al menos en lo que se refiere a las mascarillas, habían desaparecido. Pero resulta injustificado culpar al Gobierno de Sánchez por hacer la donación o tratar de mezclar sus mascarillas con las de Sodena o el caso Koldo para esconder su propia responsabilidad en la gestión de la pandemia. Que si bien fue menor, porque estaban lejos de las responsabilidades ejecutivas, a la vista queda que tampoco fue ejemplar.
Las mascarillas como símbolo
No hay ilegalidad ninguna en estas mascarillas caducadas. Tampoco en lo que se sabe por ahora del material adquirido con fondos del Ayuntamiento durante los dos primeros años de la crisis sanitaria. Es posible incluso que situaciones similares se hayan repetido en otras administraciones, desbordadas por momentos y que hicieron acopio de material cuando menos necesario era. Y no tendría mayor reproche si no fuera porque UPN y el PP han convertido la compra y la gestión de las mascarillas en motivo de crítica implacable, no siempre justificada.
Las mascarillas caducadas son el símbolo del cinismo y la arrogancia con la que la derecha hizo oposición durante la pandemia.
En cierto modo, lo mismo que se puede decir de las mascarillas de UPN se pude decir también de las mascarillas compradas por Sodena. Una operación con la que el Gobierno foral trató de nutrir a las empresas en abril de 2020, y que finalizó con dos millones de mascarillas en un limbo jurídico y pérdidas superiores al millón y medio. Y sobre las que UPN ha tratado de sembrar la sombra de la sospecha sin que hasta ahora haya podido evidenciar irregularidad alguna.
Resulta por ello irónico que las mascarillas de UPN caducaran en junio de 2023, con Cristina Ibarrola recién llegada al Ayuntamiento de Pamplona. Era la portavoz de UPN quien decía que “abandonar mascarillas en un almacén es una auténtica vergüenza”. Y quien daba lecciones de moralidad y buena gestión a los responsables de Salud desde la comodidad de su escaño en la oposición mientras su partido era incapaz de dar salida a su propio remanente.
Sigue pendiente un análisis serio, riguroso y alejado del interés partidista sobre los los errores cometidos durante la crisis sanitaria.
Las mascarillas abandonadas en el almacén de la Rotxapea son el símbolo del cinismo y la arrogancia con la que la derecha, agrupada en Navarra Suma entonces, ha venido ejerciendo la oposición al Gobierno de Navarra. Y también un recuerdo más de que durante todo este tiempo, con buena o mala fe, se han cometido muchos errores que convendría analizar con más rigor y menos oportunismo político con el que se está haciendo.
Cuatro años después poco se ha analizado si estaba o no justificado aquel confinamiento tan extremo. Si se trató de forma justa a los menores o de si la dureza de las restricciones fue o no efectiva. Ni tampoco se ha fiscalizado, más allá del ruido político interesado entre acusaciones cruzadas de corrupción, quiénes y cómo se han enriquecido a la sombra de la alarma sanitaria y de la flexibilización de los controles administrativos
Algunos de forma zafia y torpe, como ha evidenciado el caso Koldo, cuyas ramificaciones todavía están por descubrir. Otros de forma más legal y discreta, pero igualmente ilegítima. Oportunistas y cuatreros dispuestos a hacer negocio en medio del caos, que siguen ahí esperando una nueva oportunidad.
