Una agresión sexual a una joven a poco más de cien metros de un asentamiento de emigrantes ilegales, para más señas argelinos. ¿Quiénes, y no otros, podían ser los responsables?Lo hemos visto en mil películas. Los cuatro presuntos implicados no tardaron ni 48 horas en ser detenidos. Menos tiempo le costó a la jueza decretar su prisión provisional. Todo había ocurrido en Pamplona, en la Media Luna, durante el jolgorio de la carpa universitaria, el pasado octubre. A la noticia no sucedió, ni por asomo, la misma reacción social que cuando la violación múltiple de San Fermín de 2016.
Ni manifestaciones multitudinarias ni ruidosas declaraciones de responsables políticos. Sólo alguna concentración, no demasiado numerosa, y condenas tirando a tímidas. La tibia respuesta del feminismo y la izquierda local nutrió durante varias semanas el argumentario de Vox y de los medios digitales de derecha y extrema derecha, tanto navarros como madrileños, en los que se machacaba sobre “la manada magrebí” y las políticas que la habían hecho posible, desde Sánchez a Bildu, pasando por todo el arco de la progresía buenista.
Después de mes y medio, el pasado viernes, la jueza decretaba la excarcelación de los cuatro acusados. Las pruebas de ADN a las que se sometieron voluntariamente han concluido que el perfil genético masculino encontrado en el cuerpo de la víctima no coincide con el de ninguno de ellos. Siguen siendo investigados, de todas formas. Tienen antecedentes y algunos de ellos, órdenes de expulsión. Según el auto del juez, deberán fijar un domicilio y comunicar los cambios del mismo, lo que no deja de ser irónico para gente que, hasta su detención, vivía en tiendas de campaña. El asunto, pues, no termina ahí, pero motivos para la reflexión ya tenemos muchos. Para todos y para todas.