Los peajes de la AP-15 son un anacronismo desde hace ya muchos años. Por poner un ejemplo, no tiene justificación alguna que en los 1.034 kilómetros que separan Pamplona de Cádiz solo sea obligatorio pagar por el tramo hasta Irurtzun. Después se puede atravesar la península ibérica de punta a punta por autovías de similar calidad sin apoquinar un solo euro. Pero esas barreras que impiden el tránsito si no te rascas previamente el bolsillo son asimismo un agravio para los miles de vecinos que residen en la Ribera y Zona Media de Navarra y también para los de Irurtzun, que acostumbramos a olvidarlos cuando nos referimos a esta autopista.
Es verdad que los diferentes gobiernos de Navarra financian desde hace décadas una generosa política de descuentos, de la que se benefician sobre todo los usuarios habituales, pero la realidad es que el trayecto entre Tudela y Pamplona en un turismo que no tenga un dispositivo vía T vinculado ni otro tipo de descuento cuesta 11,40 euros. Todo un agravio en comparación con quienes viajan desde la capital a Logroño, que no pagan nada, o a Vitoria y Donosti, donde solo se abonan 2.65 euros en el peaje de Sarasa.
Este miércoles, el Gobierno de Navarra ha anunciado que, por fin, en junio de 2029 la AP-15 dejará de ser de pago. Una noticia que llega con décadas de retraso y cuya responsabilidad principal recae en el Gobierno de Aznar, que en octubre de 2003 privatizó el 50% de esta autopista al vender su participación al grupo liderado por Sacyr, SA, que a su vez pasó a pertenecer a Citi Infraestructure Partners en diciembre de 2008. Ahora solo cabe cruzarse los dedos para que en los próximos tres años no ocurra nada raro y se haga efectiva la reversión de esta infraestructura y quede en manos del Ejecutivo foral.